Los letrados del Congreso aceptan que se pueda investigar el uso de 'tarjetas black' por parte de Juan Carlos I

Los servicios jurídicos del Congreso han informado a favor de que la Mesa de la Cámara admita a trámite la comisión de investigación registrada por Unidas Podemos y otros ocho partidos para abrir pesquisas sobre el uso de tarjetas blac por parte de Juan Carlos I.

Según el informe que este miércoles estudiará la Mesa del Congreso y que recoge Europa Press, los letrados son partidarios de que el escrito se califique y se traslade a la Junta de Portavoces "para su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria".

Es la primera vez que los servicios jurídicos del Congreso no informan en contra de dar trámite a una comisión de investigación relativa al Rey emérito.

El pasado mes de diciembre, la Mesa del Congreso, amparándose en la opinión de los letrados, vetó esta misma petición por un defecto de forma, ya que únicamente se había presentado con la firma de Unidas Podemos, que no cuenta con diputados suficientes para solicitar por sí misma una comisión de investigación.

El grupo confederal volvió a registrar la solicitud añadiendo también la firma de ERC, Bildu, Más País, Compromis, CUP y BNG, un texto cuyo contenido sí ha sido ahora analizado por los letrados, que le han dado su visto bueno.

Eso sí, en su informe, los letrados, especifican como es habitual que, en el caso de que el Pleno dé vía libre a esa comisión de investigación será ella la que elabore su propio plan de trabajo y decidir sobre la celebración de comparecencias "sin que quepa predeterminar cómo han de acordarse aquéllas".

Desde Unidas Podemos volvieron a registrar la iniciativa rechazada en diciembre, subsanando el defecto de forma, y convencidos de que esta vez sí pasaría el filtro de los letrados. Y es que lo que persiguen es investigar hechos acaecidos después de junio de 2014, es decir, tras la abdicación del rey Juan Carlos a los que, a su juicio, no se le puede aplicar la inviolabilidad contenida en el artículo 56.3 de la Constitución española. El argumento de la inviolabilidad y de que las actividades del jefe del Estado son ajenas al control parlamentario es el que han venido esgrimiendo los servicios jurídicos para mostrarse en contra de la admisión de las comisiones de investigación registradas hasta la fecha relativas al rey emérito.

Sin embargo, en esta ocasión los letrados no mencionan nada al respecto y se limitan a avalar que se califique la iniciativa y se lleve a la Junta de Portavoces para poner fecha a su discusión en el Pleno. Eso sí, este informe de los letrados, como todos, no es vinculante. Ahora, con la opinión de los servicios jurídicos sobre la mesa, el PSOE debe decidir si asume ese criterio o mantiene su oposición a que la Cámara investigue cualquier asunto relativo a la Corona. Es decir, si suma sus votos a los de Unidas Podemos y da vía libre a que el asunto se debata en el Pleno del Congreso, o vuelve a frenar la iniciativa como venía haciendo hasta ahora junto con PP y Vox. 

El pasado mes de junio, por ejemplo, el PSOE votó en contra de la admisión por la Mesa de una comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), pese a que ésta contaba con el aval de los servicios jurídicos. Fue una iniciativa impulsada por ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, la CUP y el BNG tras salir a la luz unos documentos de la agencia de inteligencia estadounidense CIA que vinculaban a González con la creación de este grupo terrorista protagonista de la denominada 'guerra sucia' contra ETA.

Por el contrario, los servicios jurídicos recomiendan no admitir a trámite la proposición de ley que Más País y Compromís registraron el pasado diciembre por segunda vez para delimitar la inviolabilidad del Rey, acotando los actos que realiza como Jefe del Estado y diferenciándolos de los que hace como persona privada, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Se trata de una iniciativa que el PSOE, el PP y Vox ya vetaron en la Mesa del Congreso en septiembre del pasado año. Sin embargo, ambos partidos decidieron volver a presentarla hace un mes, nada más conocer el último de los vetos del órgano rector de la Cámara a abrir una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades que se achacan a Juan Carlos I, que ellos mismos solicitaron junto a fuerzas independentistas. 

Y sobre este asunto, que también se analizará en la primera reunión de la Mesa de 2021, los letrados del Congreso esgrimen los mismos argumentos que hace meses para no calificar la iniciativa: dado que la inviolabilidad del Jefe del Estado está fijada en la Constitución, ha de presentarse una proposición de reforma constitucional para modificarla, y no una proposición de ley al uso.

Veto del PSOE

El PSOE volverá a oponerse este miércoles a que el Congreso abra una comisión de investigación sobre el uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos I, pese a que los servicios jurídicos de la Cámara han informado a favor de la admisión de esa iniciativa liderada por Unidas Podemos. Según han informado a Europa Press fuentes socialistas, sus representantes en la Mesa de la Cámara mantendrán su rechazo a la calificación de esta solicitud, que lleva también la firma de ERC, Bildu, Más País, Compromis, CUP y BNG. Así las cosas, la creación de esa comisión de investigación no podrá ser debatida en el Pleno del Congreso, como proponen los letrados de la Cámara en un informe en el que, por primera vez, avalan una investigación relativa al rey emérito.

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Nada más conocer este informe desde Unidas Podemos han pedido a sus socios de gobierno que cambie de posición y se abra a que el Congreso inicie indagaciones sobre el uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos I tras su abdicación en junio de 2014. Pero el PSOE ya tiene decidido no seguir el criterio fijado por los letrados y volverá a votar en contra de esta investigación como ha venido haciendo hasta la fecha ante iniciativas similares coincidiendo en su rechazo con el PP y Vox. 

No será la primera vez en esta legislatura que el grupo mayoritario actúe en el sentido contrario al marcado por los servicios jurídicos, cuyos informes no son vinculantes. El pasado mes de junio, por ejemplo, los socialistas votaron en contra de la admisión por la Mesa de una comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), pese a que ésta contaba con el aval de los servicios jurídicos. Fue una iniciativa impulsada por ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, la CUP y el BNG tras salir a la luz unos documentos de la agencia de inteligencia estadounidense CIA que vinculaban a González con la creación de este grupo terrorista protagonista de la denominada guerra sucia contra ETA. 

En aquel momento, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, admitió que sus representantes en la Mesa vetaron esa iniciativa por una "posición política" y no por motivos reglamentarios.