La macrocausa menguante contra Podemos: sólo una de las cinco líneas de investigación sigue abierta seis meses después

La investigación que se abrió a Podemos hace seis meses por presuntas irregularidades en sus finanzas ha ido adelgazando hasta el punto de haberse archivado ya cuatro de las líneas indagatorias abiertas por el juez de Madrid responsable de las actuaciones. En diversos autos, el magistrado no ha visto indicios de delito en la contratación a la empresa ABD Europa LDA, en la caja de solidaridad de la formación ni en las obras de la nueva sede, y tampoco puede seguir adelante sobre el posible acceso al ordenador de una abogada del partido puesto que ni ella ni la formación lo han denunciado. Queda abierta de momento la investigación de un contrato con la empresa Neurona para trabajos de la campaña electoral de abril del 2019, pues el juez sí ve indicios de distracción de fondos electorales para desviarlos a otro fin distinto, lo que podría constituir delito de financiación irregular.

La instrucción judicial en sí lleva casi medio año en marcha, pero fue mucho antes, en diciembre de 2019, cuando empezaron a publicarse informaciones sobre supuestas irregularidades en las finanzas de Podemos. Fue a raíz del despido de uno de los abogados del partido, José Manuel Calvente, quien redactó una denuncia de 45 páginas que incluía delitos de todo tipo como financiación irregular, administración desleal, malversación, falsedad documental o electoral. Llevó el escrito a la Guardia Civil en Barcelona, pero se remitió a Madrid por ser la sede social de Podemos. Dificultades en el proceso de reparto en los juzgados de Madrid y la suspensión de los plazos procesales y administrativos debido a la pandemia de coronavirus hicieron que hasta julio del año pasado la denuncia no cayera en el juzgado que iba a ser el encargado de la investigación, el número 42 del que es titular el magistrado Juan José Escalonilla.

Nada más abrir la causa y escuchar a Calvente para que ratificara su denuncia, el instructor ordenó imputaciones –como del propio partido como persona jurídica, el secretario de Comunicación Juanma del Olmo y el tesorero Daniel de Frutos– y numerosas diligencias que incluían entregas de documentación del partido y de cuentas bancarias para investigar en la extensa amalgama de posibles irregularidades que el letrado había explicado en su denuncia, en la que acusaba a Podemos de facturar servicios ficticios a empresas para desviar fondos públicos, fijar sobresueldos en negro y la existencia de una especie de caja B. También hablaba de una falsa licitación en las obras de la nueva sede del partido "para beneficiar a empresas previamente concertadas". Según Calvente, tanto él como la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona comenzaron a tener "sospechas" por lo que comentaban otros trabajadores del partido, entre ellos el exgerente Pablo Manuel Fernández Alarcón así como otros a los que no identificaron.

No tardaron en llegar las peticiones de dimisión del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por parte de los partidos de la oposición, que sobre todo hablaban de "corrupción" dentro de Podemos, la existencia de una caja B con fondos opacos o irregularidades en la adjudicación o ejecución de las obras de la sede. Vox, de hecho, está personado como acusación popular en el procedimiento. Con el paso de los meses y tras escuchar a investigados y testigos y analizar documentación, el magistrado ha ido tomando decisiones sobre el curso de la instrucción que le han llevado a archivar cuatro líneas de investigación, las dos últimas este mismo miércoles. 

Obras de la nueva sede

Según la denuncia de Calvente, en la ejecución de la obra se reflejaron sobrecostes que él achacaba a una posible intención de beneficiar a ciertas empresas. Según la formación morada, el proyecto inicial presentado por el arquitecto contratado indicaba un coste de 649.000 euros, pero con los gastos que plantearon las empresas subcontratadas, el presupuesto subió a algo más de 1,3 millones de euros. El coste final fue de aproximadamente 1,4 millones.

"No van a poder ventilar tanta corrupción delante de un juez", clamaban desde la cuenta de Twitter del PP el pasado mes de agosto, tras las imputaciones ordenadas por el magistrado. 

El juez Escalonilla ha dado carpetazo a este asunto "no constando acreditado que se produjera una distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio sito en la calle Francisco Villaespesa número 18 de Madrid, para pagos u obras ajenas a las propias de dicha rehabilitación", según el auto consultado por infoLibre. Tal y como explica, no hubo una licitación pública de las obras, pero esto "no constituye delito alguno".

Ordenador de una de las abogadas

Calvente denunció también un presunto "acceso no autorizado al contenido del ordenador" de Marta Flor Núñez, una de las letradas del partido y quien casualmente denunció a su vez al letrado por supuesto acoso sexual, causa que quedó archivada el pasado otoño. Calvente acusaba a Juanma Del Olmo y al secretario de Organización, Alberto Rodríguez, de contratar a una empresa para clonar el disco duro del aparato informático para comprobar si tenía archivos comprometedores que pudieran afectar a algún dirigente y que "permitieran cualquier tipo de chantaje por parte de dicha letrada, así como descubrir información confidencial y datos personales de los expedientes judiciales tramitados por el equipo legal del partido".

El magistrado también archiva esta parte de la investigación, puesto que el delito de descubrimiento y revelación de secretos sobre el que cabría indagar sólo puede seguir adelante con una denuncia de la afectada o del partido, hecho que no se ha producido.

ABD Europa

Las sospechas sobre la contratación de la empresa portuguesa ABD Europa LDA fueron las primeras archivadas por Escalonilla al no encontrar ningún indicio que pueda hacer intuir alguna actividad delictiva. El denunciante había destacado cuatro contratos suscritos con esta sociedad para trabajos para la campaña de las elecciones generales de abril de 2019.

Así, a mediados del pasado octubre concluyó la “inexistencia de indicios racionales” que apunten a que los contratos encargados con esta empresa fueran “simulados”, ya que constató que el Tribunal de Cuentas había fiscalizado los gastos.

Caja de solidaridad

Algo parecido a las conclusiones sacadas sobre ABD ocurrió unos días después con la caja de solidaridad, una especie de fondo que Podemos destina a fines sociales. El juez investigaba sobre la petición de 50.000 euros que hizo la asociación #404 Comunicación Popular y aunque no pudo confirmar si la solicitud se autorizó, pues el partido no entregó ningún documento al respecto, sí determinó que la formación realizó tres transferencias de 10.000 euros a la entidad, la cual a su vez está integrada en su mayoría por miembros de Podemos.

Para el magistrado, “no resulta anómalo o extraño que el numerario de la caja de solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido" y nada de lo investigado "resulta indiciariamente expositivo de una presunta administración desleal del numerario del fondo de solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral". Tampoco existe, para el instructor, “ningún indicio” de que la entidad “no desarrolle la actividad para la que fue constituida, ni tampoco y por tanto que dichas cantidades recibidas de Podemos, pudiendo provenir de la caja de solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad”. Se descartaba así un delito de administración desleal.

Esta caja de solidaridad, nombrada como caja B por políticos y medios de comunicación, fue uno de los objetos de acusación en que más se centró la oposición para pedir dimisiones en Podemos o para acusar al partido de corrupción.

Neurona

Es la línea de investigación que sí sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, los contratos suscritos con esta empresa para trabajos de campaña electoral. El juez rechaza archivar esta parte, tal y como pidió Podemos, porque quieren seguir indagando en los servicios contratados, es decir, saber si realmente se prestaron o si se hicieron específicamente para la campaña. Las sospechas sobre la consultora se centran en que su sede en España se constituyó poco antes de obtener el contrato del partido y que el dinero que facturó, 363.000 euros, acabó en gran parte transferida a otra mercantil. Por estos hechos han declarado tantos dirigentes y trabajadores de la formación morada, que además entregó el pasado verano más de 1.400 documentos –vídeos de campaña– para probar que los servicios se prestaron, como representantes de Neurona.

Tanto Del Olmo como el tesorero y la gerente de Podemos defienden que los trabajos contratados no son ficticios y se han desmarcado de los pagos que la empresa pudo hacer a otras empresas subcontratadas y de cómo saca adelante los trabajos por los que se la contrata. Pero el magistrado no está de acuerdo en esto a día de hoy, ya que en el auto en el que mantiene la imputación de Podemos cree que hay "indicios de la distracción de dinero de la cuenta electoral designada por dicho partido político para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 para un fin distinto al propio de dicha cuenta electoral, que era el pago de los gastos electorales". 

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Escalonilla apunta que de la propia conducta objeto de investigación, se infiere que el supuesto desvío de dinero desde Podemos a la empresa mexicana "no era en sí mismo el fin de dicha operación, sino que respondía a otra finalidad distinta, que –señaló el denunciante– podía ser la de financiar a partidos extranjeros, a la previa financiación ilegal del propio Podemos a través de microcréditos, o incluso para compensar las cantidades obtenidas a través de una red de financiación ilegal para la propia constitución de dicho partido político en el año 2014 y la promoción de sus miembros a los cargos directivos que actualmente ostentan".

Recuerda que todo ello podría ser constitutivo de un delito de financiación ilegal de partidos políticos del que Podemos puede ser responsable penal porque, según afirma, el programa de Cumplimiento Normativo de la formación morada, que podría limitar la responsabilidad penal a los cargos ejecutivos, no resultó "eficaz" a la hora de prevenir o detectar hechos delictivos. A su juicio, esto es "claro reflejo de la inexistencia dentro de dicho partido político de una verdadera cultura de cumplimiento".

Aquí el juez difiere de la opinión de la fiscal, pues ésta continúa sin ver indicios de que la organización política cometiera un delito de financiación irregular por los contratos que suscribió con Neurona para la campaña electoral de 2019, si bien insistió en mantenerla como investigada por ser "más garantista".