Ayuso y Almeida aún no tienen la evaluación inicial de los daños de 'Filomena' pese a que la zona catastrófica no se puede declarar sin ella

La emergencia provocada por la tormenta de nieve en el centro de España y en particular en la Comunidad de Madrid aún no ha terminado. Sus graves consecuencias para la movilidad y la actividad económica son bien visibles para los ciudadanos de las áreas afectadas y, según las autoridades que trabajan a destajo para normalizar la situación, tardarán varios días en desaparecer.

El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, que es quien ejerce las competencias estatales en materia de de protección civil, no se cansa de repetir que el problema todavía no ha pasado. La situación todavía es de alerta y se deben evitar desplazamientos no imprescindibles, asegura el titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska.

Fuentes del ayuntamiento de la capital y de la Comunidad consultadas por infoLibre coincidieron en este diagnóstico. Ambas instituciones trabajan todavía en hacer desaparecer los efectos del temporal de nieve y certificaron que hasta que se complete ese objetivo no podrá hacerse una evaluación completa de los daños. Lo que no significa, subrayaron, que mientras se trabaja en despejar las calles y retirar escombros y restos de árboles y se comprueba el estado de los edificios no se esté tomando nota de los destrozos. De momento se han constatado, por ejemplo, daños en la estructura de 16 edificios.

De hecho, en la tarde del miércoles la mayor preocupación de los responsables municipales seguía siendo atender a la emergencia. A la necesidad de despejar las calles que siguen intransitables se une ahora el riesgo de que, cuando finalicen las heladas, comiencen a derrumbarse sobre las aceras los bloques de hielo que permanecen en los tejados y las cornisas de numerosos edificios, con el consiguiente riesgo para las personas y los vehículos estacionados.

Los daños todavía no han sido evaluados en su totalidad, según todas las fuentes consultadas, pero aun así el Ayuntamiento de Madrid se dispone a solicitar este jueves al Gobierno de España la declaración del municipio como “zona afectada gravemente por una emergencia”, que es como se llama a la “zona castastrófica” desde la aprobación de la Ley de Protección Civil de 2015, durante la última mayoría absoluta del PP”. Así lo anunció el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a través de Twitter después de constatar “graves daños que ascienden a cientos de millones de euros producidos por el temporal de nieve”.

Y es que la prioridad del PP y de las administraciones en las que gobierna es arrancar al Gobierno de España un compromiso público de que va a aprobar una declaración de zona catastrófica mucho antes no sólo de que se hayan evaluado los daños sino de que la emergencia esté superada. El alcalde de Madrid fue el primero en pedirlo, ya el fin de semana. Le siguió la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del partido, Pablo Casado. La dirección de los conservadores lleva varios días jugando con la idea de que el Gobierno se resiste a ayudar a Madrid pese a que la evaluación todavía no se ha completado.

El líder del partido insistió el miércoles en esa idea. Es "de libro”, aseguró, que se trata de una “emergencia nacional”. No “entendemos las dudas para respaldar las declaraciones de zona catastrófica que decidan los plenos municipales de algunas ciudades”, proclamó a través de un vídeo grabado por el PP en instalaciones del Ayuntamiento de Madrid. Si hubiese caído “una riada” de agua, en vez de nieve, “sería de libro la declaración de zona catastrófica”, argumentó antes de pedir fondos de la Unión Europea y dinero del que Bruselas ha aprobado para compensar los daños causados por la pandemia.

Ofensiva del PP

En su afán por presionar al Gobierno para que declare cuanto antes la zona catastrófica, el PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo a elaborar “a la mayor brevedad posible el informe sobre los daños producidos por el temporal de nieve originado por la borrasca Filomena durante los días 7, 8, 9 y 10 del mes de enero de 2021, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos”. Algo que, según el ministro Marlaska, el Gobierno ya está haciendo en colaboración con las administraciones afectadas.

La iniciativa del PP reclama expresamente al Ejecutivo que declare “zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil” el ámbito de la Comunidad de Madrid y los municipios y comarcas de otras comunidades autónomas afectadas.

La movilización del PP a todos los niveles, también de sus grupos municipales y autonómicos, para exigir la declaración, revela la desconfianza de los de Pablo Casado hacia el Gobierno, porque son las administraciones afectadas, ayuntamientos y comunidades, las que tienen que reclamarlo, no los plenos locales ni los parlamentos.

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El propio Partido Popular de Madrid reconoció este miércoles, a través de una nota de prensa, la necesidad de evaluar los daños en bienes públicos y privados, (mobiliario urbano, vegetación, instalaciones municipales, entre otras) con carácter “previo a la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil”.

La ley establece que los daños materiales causados por una emergencia deberán ser “evaluables económicamente y referidos a bienes que cuenten con la cobertura de un seguro, público o privado”. Su valoración deberá realizarse por “organismos especializados en tasación de siniestros o por los servicios técnicos dependientes de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias sobre la base de los datos aportados por las Administraciones Públicas afectadas. El Consorcio de Compensación de Seguros tendrá derecho al abono de los trabajos de peritación conforme a su baremo de honorarios profesionales”.

El procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil pasa por el Consejo de Ministros pero puede ser solicitada por las administraciones afectadas. De acuerdo con la ley, “a los efectos de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales”.