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Dependencia

Andalucía, Cataluña y Madrid reciben casi la mitad de los 283 millones del nivel acordado para Dependencia

  • Este viernes el Ministerio de Derechos Sociales ha aprobado un Plan de Choque en Dependencia, consensuado con las comunidades autónomas
  • El acuerdo contempla una inyección de más de 600  millones de euros y plantea una estrategia para reducir la lista de espera en febrero
  • La patronal AESTE lo valora como una "oportunidad histórica", mientras que UGT espera que redunde en mejoras laborales para los trabajadores

Publicada el 15/01/2021 a las 17:01 Actualizada el 15/01/2021 a las 17:22
El sistema de Dependencia pierde beneficiarios cada mes.

El sistema de Dependencia pierde beneficiarios cada mes.

EP

Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las comunidades que más dinero recibirán del reparto del nivel acordado del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, una vía adicional de financiación que fue suspendida por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Entre las tres autonomías, recibirán del Estado 135 millones, casi la mitad del reparto, que en total asciende a 283,2 millones de euros.

Así se recoge en el Acuerdo para la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia, al que ha tenido acceso Europa Press, aprobado este viernes 15 de enero por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Este Plan de Choque contempla una inyección de más de 600 millones de euros en Dependencia: 283,2 millones del nivel acordado y el resto, del nivel mínimo (lo que aporta la Administración General del Estado por cada persona dependiente).

Por comunidades, de los 283,2 millones de euros del nivel acordado, la comunidad que más recibe es Andalucía (52,2 millones de euros), seguida por Cataluña (46,6 millones); Comunidad de Madrid (36,1 millones); Castilla y León (27,6 millones); Comunitat Valenciana (23,4 millones); Galicia (20,3 millones) y Castilla-La Mancha (16,2 millones). Por detrás, se sitúan: Aragón (9,6 millones de euros); Canarias (casi 9 millones); Extremadura (8,7 millones); Región de Murcia (8,4 millones); Asturias (7,7 millones); Baleares (7 millones); Cantabria (6,5 millones), y La Rioja (3,9 millones).

Criterios de reparto

En cuanto a los criterios de reparto, 45,3 millones de euros (16% del nivel acordado) se han repartido de acuerdo a la "población potencialmente dependiente"; y otros 14,2 millones (5%), teniendo en cuenta las resoluciones de grado de dependencia vigentes en cada comunidad autónoma. Atendiendo al número de beneficiarios con alguna prestación, se han repartido casi 68 millones de euros (el 24% del nivel acordado), y 56,6 millones (20%), de acuerdo con el número de personas beneficiarias en cada comunidad con prestaciones de servicio efectivas: centro de día o noche, atención residencial, ayuda a domicilio, etcétera.

Otro de los criterios que el ministerio ha tenido en cuenta para la distribución de los fondos es la inversión autonómica en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por el que se reparten 7,1 millones de euros (2,5% del nivel acordado). Mientras, a través del indicador "empleo relacionado con el SAAD" se distribuyen otros 7,1 millones. A estos se suman casi 4 millones de euros (1,4%) que se reparten de acuerdo con la extensión territorial de cada una de las comunidades autónomas y 1,4 millones más (0,5%), atendiendo a la dispersión de la población.

El ministerio también ha tenido en cuenta la insularidad, por la que se reparten 1,4 millones de euros entre Baleares y Canarias; el coste de los servicios en cada comunidad, por el que se distribuyen 13,9 millones, y la capacidad económica de los hogares, por el que se reparten otros 13,9 millones de euros.

Otros criterios son: la agilidad administrativa de cada comunidad para resolver las solicitudes de dependencia, por el que se reparten 14,2 millones de euros; las personas pendientes de resolución (otros 14,2 millones de euros); y la resolución de la lista de espera, indicador por el que se distribuyen 22,1 millones. En todo caso, la Vicepresidencia precisa que los valores económicos presentados son estimativos ya que para el cálculo definitivo se utilizarán últimos datos disponibles.

En febrero, plan para reducir la lista de espera

Además, el acuerdo, fruto también del diálogo con los interlocutores sociales, contempla que, en el mes de febrero de 2021, se aprobará un plan específico para la reducción de la lista de espera, que incluirá los objetivos concretos de cada comunidad autónoma y las medidas que deberán adoptar para lograrlo. También establece que, a lo largo de este año 2021, se regulará la figura del Asistente Personal y se abordará la posible modificación de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.

Asimismo, el acuerdo dispone que a finales de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un derecho subjetivo ligado a la condición de dependencia.

En concreto, el documento aprobado señala que, antes de finalizar el segundo semestre de 2021, el Consejo Territorial acordará los cambios que haya que introducir en las condiciones que debe cumplir este servicio, se abordará la definición de la "teleasistencia avanzada" y se analizará el papel que debe desempeñar en el sistema.

Número de residencias en España

Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales se compromete a cuantificar durante 2021 las residencias que hay en España analizando sus características (tamaño, residentes, profesionales, localización, etcétera). Igualmente, el documento marca de plazo 2021 para revisar los copagos de personas dependientes y proponer algunos criterios comunes que podrían aplicarse a partir de 2022, planteando estudiar el mínimo exento en los copagos con objeto de aproximarlo progresivamente al umbral del 60% de la renta mediana -considerado el umbral por debajo del cual se está en pobreza relativa-.

"Oportunidad histórica"

La asociación de empresas de servicios para la dependencia AESTE ha valorado como "una oportunidad histórica" el acuerdo alcanzado. "Hemos hecho lo que tocaba ahora: sentarnos a hablar y fijar las bases de trabajo para que en el primer semestre de 2021 seamos capaces de evaluar las mejoras necesarias del sistema, y planificar las mejoras necesarias para que los servicios y prestaciones que reciben nuestros ciudadanos se adecúen a sus necesidades reales", ha subrayado el secretario general de AESTE, Jesús Cubero.

AESTE considera que, tras 14 años de la creación de la Ley de la Dependencia, es "el momento adecuado para revisar por completo" el Sistema y comparte que los objetivos fundamentales de esta revisión son "reducir sustancialmente las listas de espera y tiempos de tramitación de solicitudes" e "introducir mejoras en los servicios y prestaciones". También subrayan la importancia de "mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector" o "desarrollar modelos profesionalizados que mejoren la calidad de la asistencia para las personas en situación de dependencia".

Según precisa AESTE, con este plan, las figuras que han venido utilizándose hasta ahora para dar cobertura a situaciones transitorias "irán dejando paso a estructuras más profesionalizadas, con certificados de calidad que ofrecen la garantía y atención que necesitan las personas dependientes". En concreto, destaca la regulación que se hará en 2021 de la figura del "asistente personal". A su juicio, otro "gran avance" plasmado en este plan es que a finales del año 2022 todas las personas en situación de dependencia que vivan en su domicilio tendrán garantizado el derecho al servicio de teleasistencia, "como una forma de promocionar la autonomía personal de dichas personas".

"Las mejoras en los servicios y prestaciones del sistema garantizarán sin duda una atención adecuada de las personas dependientes, pero en este sentido además debemos optar por la implantación de modelos eficientes donde los ciudadanos puedan escoger libremente los centros como parte de esa atención centrada en la persona", ha añadido Cubero. Actualmente, según AESTE, en España el sector de atención a la dependencia supone el 0,50% del PIB, con un volumen económico del sector de 6.065 millones de euros (4.500 millones en el subsector de residencias, 137 millones en el subsector de teleasistencia y 1.428 millones en el subsector de ayuda a domicilio). Además, trabajan 250.000 personas, en su mayoría mujeres y con una estabilidad laboral indefinida superior al 70%.

"Mejoras laborales"

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha mostrado su "satisfacción" por el acuerdo. La FeSP-UGT espera que el incremento en la financiación "se vea reflejado en la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector, algo que deberá materializarse en la mesa del convenio de la dependencia que lleva más de un año paralizada".

UGT considera que recoger como prioridad en este acuerdo el asegurar las condiciones laborales adecuadas a las trabajadoras del sector, es "un buen comienzo para que la sociedad reconozca el valor económico y social de los cuidados". El sindicato, además, pone en valor el trabajo realizado por todas las personas que han cuidado a los mayores durante la pandemia, tanto en los centros residenciales, como en los domicilios: desde el Servicio de Ayuda a Domicilio y desde la teleasistencia.

"Unas trabajadoras que se han mantenido al lado de los dependientes con muy pocos medios, incluso de protección, para prestarles cuidados, especialmente durante la primera ola de la pandemia", subraya. Desde la FeSP-UGT han planteado "repetidamente" que "no puede haber cuidados de calidad sin un empleo de calidad". Desde 2017, ha llevado a cabo campañas de información y denuncia ante distintas instituciones como el Defensor del Pueblo, los anteriores gobiernos y el actual Secretario de Estado de Derechos Sociales para dignificar las condiciones laborales en este sector, donde hay "unas tasas de precariedad insoportables".

Aquí puedes leer el Acuerdo de Plan de Choque en Dependencia:

 

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