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Crisis del coronavirus

Familiares de víctimas de residencias declaran desde el martes en la causa contra Ayuso por la gestión del covid-19

  • En la querella se acusa a los directores de seis centros de mayores madrileños y a varios responsables políticos, como Ayuso, de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante
  • También se investiga el protocolo de la Consejería en el que se daban indicaciones de no derivar a hospitales a residentes de geriátricos, publicado por infoLibre
  • En un primer momento el procedimiento fue enviado al Tribunal Supremo pero este la envió a instancias menores 

Publicada el 17/01/2021 a las 14:33 Actualizada el 17/01/2021 a las 15:07
Componentes de Marea de Residencias sostienen pancartas durante la manifestación convocada por una ley estatal

Componentes de Marea de Residencias sostienen pancartas durante la manifestación convocada por una ley estatal "justa, digna y consensuada", en Madrid, (España), a 26 de septiembre de 2020.

Europa Press

Familiares de víctimas de residencias de la Comunidad de Madrid declararán el próximo martes en el marco de la querella presentada contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión en la primera ola de la pandemia del covid-19 en seis geriátricos madrileños, según informa Europa Press.

El juez de Instrucción número 39 de Madrid ha citado para el martes y el miércoles a 19 familiares de residentes por la "negligente gestión" de la pandemia en seis residencias de Madrid. Se trata de los geriátricos Manoteras, Aralia Isabel La Católica, Aralia Ensanche de Vallecas, el centro integrado municipal Margarita Retuerto, Ballesol Pasillo Verde y DomusVi Mirasierra.

La querella iba dirigida contra los directores de estos centros, pero también, como responsables políticos, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Escudero; y el de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, a quienes acusan de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante. Por ser aforados, el procedimiento fue enviado al Tribunal Supremo (TS), que la devolvió a instancias menores esgrimiendo que han de ser ellos los que investiguen. El Juzgado número 39 ha repartido la instrucción entre otros juzgados, como el que investiga a la directora de la Gran Residencia de Carabanchel.

La querella se presentó por el colectivo Mareas de Residencias por la mal atención en las residencias de mayores y se amplío más tarde para que se investigara el Protocolo firmado [y publicado en exclusiva por infoLibre en su investigación sobre la zona cero del covid] por el exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, Carlos Mur, en el que se daban indicaciones de no derivar a hospitales a residentes de geriátricos. 

Como desveló infoLibre este verano, en marzo y abril fallecieron en los geriátricos madrileños 7.291 personas sin ser trasladadas previamente a un hospital, según los datos oficiales del propio Gobierno Ayuso. Esta cifra representa el 77% del total de residentes muertos durante esos dos meses y es la constatación de que durante el pico de la pandemia se aplicó este Protocolo de la Consejería de Sanidad que impedía el traslado al hospital de los mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o un alto grado de deterioro cognitivo.

La responsabilidad penal de Ayuso

Sobre la responsabilidad penal de Ayuso, los denunciantes sostienen que la crisis provocada por el covid-19 ha terminado convirtiéndose en una pandemia, que tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero en España, "aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores".

En el relato de los hechos, se expone que "los querellados ejecutan el núcleo de la acción delictiva, que radica en haber omitido acciones tendentes a evitar la propagación del virus en la residencias de ancianos, e incluso habiéndose producido más de 1.000 decesos (cuando se redactó la querella) no se adopta medida alguna omitiendo así los querellados cumplimiento del deber de socorrer a los residentes que es evidente que dada la propagación del contagio en las residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave".

"En la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales solo 25 son totalmente públicas, el resto son o privadas totalmente o concertadas, pero con propietarios de las mismas privados que a veces son fondos de inversión opacos", añade la querella.

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1 Comentarios
  • Agosto Agosto 18/01/21 00:07

    Según parece han sido las declaraciones pospuestas por el Juzgado al mes de Febrero

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