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Operación Kitchen

El juez de 'Kitchen' ordena excluir del caso los archivos de Villarejo que pueden afectar a "secretos de Estado"

  • Se trata de denuncias, recopilación de información sobre terrorismo yihadista, audios o información bancaria de terceros
  • La documentación apartada del caso debe "quedar precintada y custodiada en condiciones de máxima seguridad", advierte el magistrado

Publicada el 22/01/2021 a las 13:25 Actualizada el 22/01/2021 a las 13:26
Captura de video de la señal institucional del TSJ, durante la declaración del excomisario José Villarejo este viernes.

Villarejo.

EFE

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la operación Kitchen, Manuel García Castellón, ha ordenado el expurgo de varios "archivos y documentos especialmente sensibles" que fueron incautados al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo al entender que pueden afectar a "secretos de Estado".

En un auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 el pasado 20 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, afirma que es "inaplazable la necesidad de excluir del procedimiento la indicada información, sin perjuicio de que justificado cumplidamente un interés concreto y legítimo pueda solicitarse su desclasificación, conforme este juzgado ya tiene solicitado del Consejo de Ministros de la Nación en otras ocasiones".

Mientras tanto, la documentación apartada del caso debe "quedar precintada y custodiada en condiciones de máxima seguridad", advierte el magistrado, al mismo tiempo que ordena la puesta en conocimiento de este "descubrimiento o hallazgo" al Centro Nacional de Inteligencia, "adoptando entretanto las medidas de protección que se estimen pertinentes".

Según indica la resolución, entre la documentación excluida se encuentran denuncias, recopilación de informaciones sobre terrorismo yihadista, varios documentos con información bancaria sobre terceros y archivos de audios, que fueron encontrados en la carpeta denominada Marcel, que fue, entre otras, incautada en los registros que se produjeron en noviembre de 2017 tanto en el domicilio y en las oficinas del comisario como en las de su socio Rafael Redondo.

"Entre este material se ha podido tomar conocimiento de la existencia de información archivos y documentos especialmente sensibles, afectos a la legislación de secretos de Estado o que de cualquier otro modo afecte gravemente a la seguridad de las personas o que perjudique a los legítimos intereses de terceras personas ajenas al procedimiento", indica el juez García Castellón.

Advertencia de anticorrupción

El expurgo se ha ordenado a petición de la Fiscalía Anticorrupción que en un escrito remitido al juez un día antes, al que también ha tenido acceso Europa Press, advirtió de que en la documentación aportada por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) en relación a informe de 2020 sobre la conexión del comisario, también jubilado, Marcelino Martín-Blas con el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, se observan documentos que "por su formato o contenido tendrían clasificación legal de secreto".

Según explican los fiscales César de Verdes-Montenegro y Miguel Serrano, los documentos "contienen datos concretos sobre fuentes, datos o informaciones que puedan revelar aquellas, de los servicios policiales de información".

También consideran que dicha información puede estar relacionada con "secretos oficiales, relativo a los medios y técnicas operativas utilizados en las lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas".

Con todo ello, el magistrado recuerda en su auto, en el que acepta esta petición de Anticorrupción, que "desde el comienzo de la presente investigación se ha puesto de manifiesto que entre la documentación intervenida al investigado José Manuel Villarejo Pérez, se encontraría un ingente material documental e informático que este mantenía depositado sin ninguna habilitación legal para ello después de su jubilación como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en el año 2016".

Ya se adoptaron otras cautelas

Por ello, durante la investigación se han adoptado "sucesivas cautelas para preservar el carácter reservado de la documentación intervenida", como ocurrió en noviembre de 2017, tras la detención de Villarejo. También se hizo en enero de 2018 cuando el magistrado requirió a la Policía Judicial que informase de cualquier hallazgo en el análisis de los dispositivos informáticos de contenidos que puedan comprometer la seguridad del Estado o información que pudiera estar legalmente clasificada.

Asimismo, en diciembre de 2018, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional impuso como especial cautela que antes de facilitar copia del material intervenido a las partes las partes se procediera a evaluar el impacto de los documentos intervenidos por si pudieran contener información legalmente clasificada conforme a la legislación de secretos oficiales.

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1 Comentarios
  • 74camilo 74camilo 22/01/21 15:18

    Que no falte "banderita de españñña" en la mascarilla y demás complementos de los fasciosos...

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