Los 'riders' de la medicina en plena pandemia: "Les pagan 70 euros por 24 horas de guardia como falsos autónomos"

¿Puede existir un contrato de “prestación de servicios” profesionales médicos sin que ese papel que queda sellado y rubricado desvele a quien los presta cuánto ganará? Sí, y de hecho se hace. ¿Y se puede pagar por una guardia localizada de 24 horas 70 euros, es decir, casi la cuarta parte de lo que el sistema público abona por ese concepto? También. Y se hace.

Las dos preguntas anteriores y las correspondientes respuestas no proceden de la lectura de contratos suscritos en países del denominado Tercer Mundo. Pertenecen a contratos que han sido remitidos a infoLibre y que rigen la relación de determinados médicos con empresas del sector sanitario privado de atención domiciliaria.

Entre quienes quedan así sujetos a un pacto profesional y no laboral –son autónomos y no asalariados, como si ejercieran de riders de la medicina– con características como las descritas, hay un doble nexo común: son médicos extracomunitarios –de Latinoamérica– y no han hecho el MIR, el periodo de formación especializada de un cuatrienio o incluso un lustro de duración que completa los seis años del Grado de Medicina. El sistema público de salud solo emplea a quienes han culminado el periodo de formación –o están en el proceso– como especialista (el célebre MIR) salvo excepciones tasadas: por ejemplo, las que se derivaron de la necesidad imperiosa de contar con personal cualificado en medio del inacabable temporal de la pandemia.

Frente al silencio de los firmantes de estos contratos –silencio por temor a perder el trabajo–, en el sector de la gestión legal y laboral sí hay quien habla a cara descubierta. “Les pagan 70 euros por 24 horas de guardia localizada que hacen como falsos autónomos”. Con esas palabras resume la situación Ángeles Marín, copropietaria de Consultoría y Servicios Documentales y Empresariales SL, una asesoría laboral de Cádiz que tramita en toda España contratos con médicos extracomunitarios.

Salvaguardando la identidad de los médicos firmantes, este periódico consultó con Marín varios de los contratos que obran en su poder para que los analizara como experta. Su respuesta fue tajante: “Estas cláusulas están muy extendidas. ¿Por qué? Porque vienen de países que están a años luz del nuestro, callan por miedo y tragan con lo que haga falta”. Marín aporta un dato que ella misma considera revelador: “A muchos a los que les hago trámites administrativos les dejan descansar solo cada 25 días más o menos”.

Pero, como explica el presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, los resquicios de una legislación impulsada por la UE en los noventa permiten que el sector privado quede exento del requisito del MIR: se garantiza así un amplio margen para determinar el marco laboral. Los extracomunitarios, dice Sánchez Bayle, “están en una situación muy precaria y aceptan lo que sea”. De hecho, varios de los contratos en poder de infoLibre fueron suscritos en 2019, muchos meses antes de que la pandemia lanzara sus primeros zarpazos y pusiera en jaque al sistema sanitario.

En teoría, los médicos extracomunitarios cuyos nombres figuran en los contratos analizados establecen una relación profesional y no laboral por cuanto figuran en la Seguridad Social como autónomos. Y ello pese a que las cláusulas de los acuerdos que suscriben les exigen disponibilidad total: tan absoluta que en la práctica implica una prohibición tácita de trabajar para otros clientes.

Por ejemplo, uno de los contratos, expedido por la empresa Asmed Medical SLU, con sede en Madrid, incluye este punto: “El aviso de urgencia, en cuyo caso el facultativo prestará la asistencia en función de la patología que presente el paciente en el menor plazo posible y siempre menor a hora y media desde la aceptación del aviso”. Imposible cumplir esas condiciones a menos que el facultativo en cuestión solo trabaje para Asmed. "Rechazar el aviso es impensable", asegura la fuente que ha pedido el anonimato. Domiciliada en Madrid pero operativa en distintos territorios, ningún portavoz de Asmed accedió este jueves a atender las llamadas de este medio ni respondió a la preguntas escritas que se le enviaron por correo electrónico.

Tampoco ofreció respuesta Medical Service Care SL. Con sede en Málaga pero igualmente activa en otras comunidades, la empresa anuncia en su web que mantiene un acuerdo de colaboración con el Real Madrid. Asmed, por su parte, es la firmante de los contratos donde se cifra en 70 euros la “guardia localizada de 24 horas”. Y Medical Service Care la que suscribe el contrato donde no aparece ni rastro de las cuantías que abonará al facultativo. “Lo acuerdan mediante un pacto verbal”, asegura otra fuente que conoce de primera mano el caso pero que al igual que la anterior pide expresamente permanecer en el anonimato como medida de protección.

“El colaborador –dice un contrato de Medical Service Care– se compromete a no prestar servicios para las empresas y/o clientes contratantes de Medical Service Care en un plazo no inferior a 5 años después de la extinción de este contrato”. Y si rompe esa prohibición deberá indemnizar a Medical Service Cae con 10.000 euros.

La contradicción entre lo público y lo privado

La contradicción de que el sector público exija haber superado el MIR mientras que no se aplica ese precepto en el sector privado la corrobora también Julián Ezquerra, secretario general de la asociación Amyts (Asociación de Médicos y Titulados Superiores). Ezquerra sostiene que el decreto estatal dictado en mayo sobre medidas complementarias para paliar los efectos del Covid-19 “legaliza aún más la contratación sin especialidad para ejercer”. Es él quien, basándose en los datos oficiales, cifra en unos 11 euros por hora lo que de media cobra un médico por guardia localizada –“la mitad que en la presencial”–. Y no le sorprende que en la privada domiciliaria ese importe se despeñe por el precipicio hasta verse reducido a 70 euros por nada menos que 24 horas.

“El título de especialista médico –subrayan fuentes del Ministerio de Sanidad– es una garantía de calidad y seguridad de los pacientes. Se necesita para ejercer en el sistema público en todos los casos, aunque hay algunas excepciones como las reguladas en el RD-Ley 29/2020”. Es decir, el mencionado por Julián Ezquerra.

Que la especialización constituye una garantía de calidad es un argumento compartido por Ezquerra. Y por Marciano Sánchez Bayle. ¿Y aplican esa máxima las aseguradoras privadas o sus proveedores o subcontratistas de servicios? El presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública no lo cree: “La Administración Pública no hace prácticamente ningún control del sector sanitario privado. Y si el control es mínimo en otras comunidades, en Madrid es inexistente”.