Anatomía de las respuestas a las catástrofes: las ayudas no siempre son inmediatas y la declaración de emergencia no es la única vía

Desde este martes, el Gobierno esta inmerso en un proceso de evaluación y valoración de los daños causados por el temporal de nieve Filomena, que ha dejado sus efectos de forma muy significativa en la Comunidad de Madrid, con muchos municipios, entre otros la ciudad de Madrid, con las calles impracticables. De hecho, el alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, fueron los primeros gobernantes en anunciar que pedirían a Pedro Sánchez la declaración de los territorios que tienen bajo su competencia como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, figura anteriormente conocida como zona catastrófica. En el caso de la capital, la Junta de Gobierno aprobó este jueves solicitar al Ejecutivo que declare a la ciudad como zona afectada y cifra en 1.398 millones de euros los daños causados tras la gran nevada. Díaz Ayuso ha avanzado que la Comunidad de Madrid aprobará esta solicitud en el Consejo de Gobierno del miércoles que viene. Desde ambas instituciones se ha pedido "celeridad" al Consejo de Ministros en la respuesta.

Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page también elevará una petición al Ejecutivo la próxima semana.

Ahora el debate está en Filomena, pero antes fueron la borrasca Gloria y otros temporales, inundaciones, incendios o el terremoto de Lorca (Murcia). No hay una respuesta única del Gobierno central a este tipo de sucesos. A veces pasan meses hasta que se fijan las ayudas desde el momento en el que son solicitadas. Y no siempre el acuerdo del Consejo de Ministros se decanta por la declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, un procedimiento muy pautado, que requiere una valoración exhaustiva de los daños ocasionados.

infoLibre bucea en las referencias de los Consejos de Ministros y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en busca de las respuestas dadas a otras catástrofes previas a Filomena. 

Temporal 'gloria'

Varios ayuntamientos de la provincia de Barcelona y el de la propia ciudad dieron luz verde hace casi un año, en febrero de 2020, la petición al Gobierno central de la declaración de áreas del litoral como zonas gravemente afectadas por los efectos del temporal Gloria, que había tenido sus peores días entre el 20 y el 23 de enero. La Generalitat apoyó esta petición.

Sólo en Barcelona, su alcaldesa, Ada Colau, cifró en 12 millones los daños.

En este caso, no se procedió a esa declaración de zona de emergencia que demandaron los consistorios. El Gobierno ya había actuado antes. El Consejo de Ministros del 28 de enero —el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos daba sus primeros pasos— aprobaba un Informe sobre el temporal de lluvia, nieve, viento y fenómenos costeros acaecido en el este peninsular y Baleares como consecuencia de la borrasca 'Gloria'este peninsular y Baleares . En este, que abordaba la situación no sólo en Catalunya, también en Castilla y León, Asturias, Comunitat Valenciana y Balears,  entre otras regiones, se señalaba que "con el objeto de paliar los daños personales y materiales provocados por la borrasca, el Gobierno podrá acordar las ayudas necesarias previstas en la Ley 11/2019 de 20 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas".

La materialización de estas ayudas, se señalaba, requería una evaluación previa de los daños "y la fijación exacta del contenido de las actuaciones por parte de los distintos departamentos ministeriales". Las estimaciones provisionales de daños ascendían a 71 millones.

Además, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, informaba de la gestión con cargo a créditos ampliables de las ayudas relacionadas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

En el caso de Catalunya, la aplicación del Real Decreto-Ley 11/2019 dio pie a la firma el 14 de diciembre de 2020 de un convenio sobre la gestión de las ayudas para paliar los daños ocasionados por los temporales DANA y Gloria. El montante que se ponía en circulación era de unos 37 millones de euros, sufragados a partes iguales por el Gobierno central y la Generalitat.

La solución dada por el Ejecutivo al temporal Gloria, abriendo el abanico para que todas las zonas afectadas pudiesen reclamar ayudas, es una de las posibles alternativas a la declaración específica de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil a la que se apunta estos días desde otras comunidades, que no son Madrid, y donde también se ha dejado sentir con fuerza Filomena.

El 13 de enero, el alcalde de Alcañiz (Teruel), el socialista Ignacio Urquizu, escribía un extenso hilo en la red social Twitter en el que abría una "reflexión" después de haber escuchado a Martínez-Almeida pedir "declarar zona catastrófica la ciudad de Madrid para recibir ayudas económicas". "Ellos disponen de un presupuesto de 1.519 euros por habitante. En lugares como Alcañiz, disponemos de 875 euros por habitante", destacaba.

Su reflexión concluía de la siguiente forma: "Si hay ayudas por Filomena, lo justo es que podamos acceder todos que hemos sufrido el temporal y se haga por concurrencia competitiva". Previamente, había señalado que en lugares como Alcañiz ya sufrieron los efectos de Gloria el año pasado y ahora hacen frente a Filomena. "Aún no hemos recibido ningún tipo de ayuda y estamos esperando que se resuelvan las ayudas por el Gloria. De nuevo, lo estamos haciendo con mucho menos recursos que las grandes ciudades".

774 millones para paliar los daños por temporales en 2019

El Consejo de Ministros del viernes 20 de septiembre de 2019 acordaba declarar como "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" a las provincias y comunidades autónomas que habían sufrido temporales, inundaciones, incendios forestales y otras catástrofes naturales desde el 1 de abril de ese año. La decisión, pues, del Ejecutivo se distanciaba cinco meses de las primeras de estas emergencias. 

Esta declaración fue tramitada a través de un Real Decreto-ley, lo que, según argumentaban desde la Moncloa, "permite articular la adopción de un conjunto de medidas urgentes por parte de nueve ministerios para paliar los daños personales y materiales causados por esos siniestros". El importe provisional de las ayudas se estimaba en 557,7 millones de euros. A esta cantidad se sumaban 130,2 millones en actuaciones de la Administración General del Estado, 58,4 millones en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Social y 28,06 millones en beneficios fiscales (IAE e IBI). El impacto presupuestario total rondaba, por tanto, los 774 millones de euros. Ahora, sólo para Madrid, su regidor calcula el valor de los daños en casi 1.400 millones de euros.

En los meses y días previos a este Consejo de Ministros, comunidades y municipios afectados, de norte a sur de España, habían demandado al Gobierno de Sánchez la declaración de zona afectada. La Depresión Aislada en Niveles Altos (Dana) de principios de septiembre, un fenómeno meteorológico caracterizado por desencadenar lluvias muy fuertes, había afectado muy gravemente a extensas zonas de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía, y  también al sur de la Comunidad de Madrid.

También daba cobertura este real decreto a una serie de incendios forestales en zonas de Tarragona, Madrid, Toledo y Gran Canaria y a inundaciones en municipios de Navarra y Galicia.

Es la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil la que permite el recurso a esta figura adicional a los propios sistemas de ayudas que tienen las comunidades autónomas. Desde 2015, el Consejo de Ministros ha aprobado cuatro reales decretos leyes y seis acuerdos de declaraciones de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Terremoto de Lorca: tres reales decretos sin declaración de zona catastrófica

En el caso del terremoto de Lorca (Murcia), dada la magnitud de los destrozos, el Gobierno procedió sin necesidad de que se declarara zona catastrófica. Tuvo lugar el 11 de mayo de 2011, fue de magnitud 5,1, provocó la muerte de 9 personas y dejó daños en el 80% de las viviendas. El Consorcio de Compensación de Seguros llegó a valorar en 450 millones la factura que había dejado esta catástrofe.

Para tramitar las ayudas, se aprobaron tres Reales Decretos-Leyes el 13 de mayo, el 28 de octubre y el 3o de marzo de 2012, ya con Mariano Rajoy (PP) al frente del Gobierno central.

El primero de ellos contemplaba, entre otras, ayudas a particulares en los casos de fallecimiento y de incapacidad absoluta y permanente (18.000 euros en cada caso), ayudas a particulares por alquileres de viviendas, ayudas para la reconstrucción de viviendas, ayudas a las entidades locales, medidas fiscales y medidas laborales y de seguridad social.

En el segundo, se aprobaron 37 nuevas medidas para "paliar los daños ocasionados por el terremoto en Lorca y reactivar la ciudad". Y, en el tercero, de marzo de 2012, se tomaban medidas "para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados", así como para "reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica".

Lluvias torrenciales, inundaciones y pedrisco

El viernes 2 de noviembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobaba un acuerdo por el que se declaraban las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y la comunidad de las Illes Balears como "zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil", consecuencia de las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes que tuvieron lugar los días 18,19, 20 y 21 de octubre.

En este caso, el Gobierno veía urgente necesidad en la toma de esta decisión. Así lo admitía: "Aunque todavía no se han terminado de cuantificar los daños en las zonas afectadas, sí se reconoce que son de una magnitud suficiente como para justificar la activación de las ayudas dispuestas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo".

El acuerdo se adoptó a propuesta de los Ministerios del Interior; Hacienda; Fomento; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; Política Territorial y Función Pública; para la Transición Ecológica; y Economía y Empresa.

Algo similar ocurrió a las inundaciones y pedrisco que afectaron a Andalucía, Comunitat Valenciana y Extremadura a finales de noviembre y principios de diciembre de 2016. El 9 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobaba un acuerdo de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Regiones a la espera de una respuesta

La rapidez de la decisión anterior tiene también su cara B. El 31 de agosto de 2020, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real daba luz verde al decreto de Alcaldía mediante el que se solicitaba al Gobierno de España la declaración del término municipal de la ciudad como "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil". Pretendía que se diese respuesta a la fuerte granizada que causó numerosos destrozos en el término municipal días antes, el 11 de agosto.

El consistorio cifró en más de 3.500 las incidencias que les habían trasladado los vecinos.

Hasta la fecha, el Consejo de Ministros no ha dado respuesta a esta petición del Ayuntamiento de Ciudad Real. Están a punto de cumplirse cinco meses desde que la Junta de Gobierno de la ciudad aprobó el decreto con la demanda de declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil.

También tuvieron que esperar tiempo a una respuesta del Gobierno en la parroquia de Paramos (Pontevedra), donde el 23 de mayo de 2018 tuvo lugar en una explosión de material pirotécnico que provocó la muerte de dos personas, dejó decenas de heridos y afectó también a numerosas viviendas. Los trámites arrancaron a principios de julio y el visto bueno del Ejecutivo no llegó hasta septiembre. 

El Consejo de Ministros aprueba la declaración de zona catastrófica para los territorios afectados por 'Filomena'

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En el acuerdo, del Consejo de Ministros del 7 de septiembre, el Ejecutivo también incluía la declaración para la Comunitat Valenciana, como consecuencia de los incendios registrados los días 7 y 9 de agosto.

Estos días, en el Ejecutivo insisten en que hay que ser minucioso en la evaluación de daños y en que, en el caso de Madrid, se tardará unos días en tener un mapa preciso del alcance de lo ocurrido. En todo caso, el hecho de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid no vaya a aprobar la petición de declaración de zona catastrófica hasta el miércoles, impediría que el Consejo de Ministros de este martes tome alguna decisión al respecto.

Es la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, de julio de 2015, la que determina que esta declaración "se efectuará por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada" y que "dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas".