Un protocolo "más explícito", supervisión y controles autonómicos, medidas clave para acabar con la "picaresca" de las vacunas

El epidemiólogo de la Agencia de Salud Pública de Cataluña Joan Caylá cree que las sanciones, una vez finalicen los procedimientos, deben ser "públicas y rápidas", para que cunda el ejemplo y se eviten tentaciones de saltarse la cola. "En el fondo estamos aprendiendo sobre la marcha, pero los errores hay que corregirlos para que no se repitan. Si corresponde una sanción, debe aplicarse, pero rápidamente, para que todo el mundo tenga constancia.

Lo cierto es que Sanidad, con la aprobación del Consejo Interterritorial, ya ha recogido una de las propuestas de López Acuña: dejar más claro aún quién debe vacunarse durante la primera fase. Este jueves se publicó la actualización de la Estrategia de vacunación frente al COVID-19 en España, que además de detallar que a partir de marzo será el turno de los mayores de 80 años, detalla quién forma parte exactamente del grupo al que se agarró el consejero murciano para justificar su inmunización: el 3, "otro personal sanitario y sociosanitario". "Se priorizará al del ámbito hospitalario y de Atención Primaria no considerado de primera línea. También se vacunará al personal de Odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla durante más de 15 minutos", asegura el Ministerio. Ni militares, ni alcaldes, ni altos cargos autonómicos, ni sus técnicos. 

La propia estrategia manda mensajes en defensa de la priorización acordada, vistos los escándalos de los últimos días. Pide evitar carreras: "Lo importante no es el número de vacunas administradas por comunidades autónomas, sino respetar los grupos priorizados (...). Son muchas las circunstancias que explican y justifican la diferencia de porcentajes en la administración de vacunas entre comunidades autónomas. Por supuesto, son deseables y necesarias todas las sugerencias y aun denuncias que contribuyan a hacer bien este trabajo tan crítico para nuestra salud. Pero en todo caso, deberían hacerse sobre evidencias contrastadas y desde la presunción de la máxima profesionalidad de quienes tienen en sus manos en estos momentos esa responsabilidad". Añaden: "Debe exigirse mantener no solo la confianza sino también la solidaridad y entender que en el contexto epidemiológico actual todos los esfuerzos deben centrarse en aquellos que pueden ver más afectada su salud o, incluso, perder la vida por causa de contraer el virus y desarrollar la enfermedad".

¿Qué están haciendo las autonomías?

La Comunitat Valenciana es una de las que han puesto más empeño en perseguir estas irregularidades. Al menos, de puertas para afuera. Ha modificado su protocolo para dejar claro que, en caso de dosis sobrantes por un fallo en el cálculo o una baja de última hora, se buscará a una persona de la tercera edad para inocular el producto, no a un político. La administración sanitaria regional ha identificado 180 casos de vacunas inyectadas a quien no debían. Y, en contra del criterio del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sostiene que no pondrá la segunda dosis a estas personas, tras una orden del presidente Ximo Puig. Muchos epidemiólogos piensan que no es la manera de castigar estas conductas: la primera dosis se pierde y no se debe perder de vista el objetivo final, vacunarlos a todos. 

Otras aseguran, como la Comunidad de Madrid, que no han detectado brechas significativas en el protocolo. Sin embargo, infoLibre pudo constatar que todos los trabajadores del hospital 12 de Octubre han sido vacunados, pertenecieran o no a la primera línea de la lucha contra el covid, como indica el plan para esta primera fase. El Hospital Clínico reconoció que inmunizó con la primera dosis a 600 vacunados. Otras denuncias afectan al Gregorio Marañón o al hospital de Getafe. Ninguno de los centros ha puntualizado de dónde vino la orden para no seguir la prioridad establecida. El epidemiólogo José Tuells explicó a este periódico que sospecha que muchas regiones pueden caer en la tentación de esquivar los acuerdos del Consejo Interterritorial para coger ventaja en la carrera para gastar cuantos más viales mejor. "Se ha optado por la solución fácil", criticaba: pinchar a muchas personas en un solo edificio, en vez de optar por lo más correcto y complicado: ir de residencia en residencia, identificar y visitar uno por uno a los grandes dependientes que necesitan cuanto antes una protección contra el covid. "Se ha roto un consenso, que era el de vacunar en primer lugar a los de primera fila", declaró el coordinador de Vacunas de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas). 

Ciudadanos ha optado por pedir más centralización: el partido naranja ha propuesto en el Congreso que el Gobierno establezca un registro nacional de las personas que se han vacunado contra el coronavirus y que todos los partidos se comprometan a pedir la dimisión o a destituir a aquellos cargos públicos que se vacunen antes de que les toque su ritmo, según los protocolos establecidos. 

Otros problemas de gestión

La Comunidad de Madrid anunció este jueves que dejaría de vacunar a los sanitarios de primera línea dado que, asegura el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el Gobierno central les discrimina y les manda menos viales de los acordados previamente. La realidad es que tanto Madrid como Euskadi, que también ha lamentado el criterio, están a la cola en ritmo de vacunación, y el Ejecutivo quiere premiar a las más eficaces. Argumentan sendos Gobiernos regionales que están siendo castigados por ser previsores, por guardarse segundas dosis en la recámara por si hay problemas de discriminación y se imposibilita la inmunidad completa de los que recibieron la primera dosis. Sin embargo, las cifras son tozudas: a Madrid le quedan algo más del 10% de las vacunas que recibió, por lo que sus reservas no serían suficientes para lo que pretende. 

Para Martínez Olmos, los argumentos de Madrid no tienen sentido. "Las comunidades autónomas saben anticipadamente cada semana cuántas dosis van a recibir del Gobierno. Ya saben de cuántas van a disponer. No justificaría la suspensión de vacunación de algunos grupos de riesgo". Este viernes, ni tan siquiera el 1% de los españoles había recibido aún una inmunización completa contra el covid. El camino hacia la inmunidad de grupo va a ser largo y, vistos los últimos acontecimientos, tortuoso.