El futuro de la monarquía
El abogado del rey emérito confirma que ha regularizado 4.395.901,96 euros sin requerimiento previo de Hacienda
El abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, ha enviado un comunicado a los medios de comunicación en el que confirma que su cliente ha presentado una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar 4.395.901,96 euros, incluyendo intereses de demora y recargos, sin que se le hubiese hecho ningún "requerimiento previo de clase alguna". Con esta última afirmación, el letrado da a entender que ni Hacienda ni la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la que le está investigando, le habían reclamado el abono de estos impuestos, por lo que podría eludir un posible delito fiscal en virtud del artículo 305.4 del Código Penal.
"S.M. el Rey D. Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo de clase alguna, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 4.395.901,96 euros incluyendo intereses de demora y recargos. La presentación de las autoliquidaciones complementarias se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados por S.M. de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas", explica el comunicado.
El Código Penal, en su artículo 305.4, establece que "se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".
La Fundación Zagatka es propiedad de un primo lejano de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans, en la que el antiguo monarca figuraba como beneficiario. Según adelantaron este jueves por la noche los diarios El País y El Español, los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación de la Corona en Felipe VI en junio de 2014, momento en que el rey emérito perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado. Se trata de rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros y por las que ahora ha declarado 4.395.901,96 euros en impuestos.
El rey emérito ya presentó una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal el pasado mes de diciembre, cuatro meses después de su salida de España, en relación al uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos I y algunos de sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Tras conocerse la información por los medios de comunicacíon primero, el abogado del ex jefe del Estado también envió un comunicado a la prensa en el que igualmente se limitó a decir la cantidad exacta de lo declarado. Entonces fueron 678.393 euros abonados a Hacienda por los impuestos que no abonó después de las donaciones del empresario mexicano y en aquella ocasión también explicó que no se le había hecho requerimiento alguno por parte de la Agencia Tributaria.
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En el comunicado de diciembre, el letrado añadía que su cliente continuaba, "como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos". En esta ocasión, Sánchez-Junco ha omitido esta voluntad.
Un equipo de cuatro fiscales del Tribunal Supremo investigan a Juan Carlos I en tres causas distintascuatro fiscales: por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación a un consorcio español de empresas de las obras del AVE a la Meca, por los pagos del empresario Sanginés-Krause para gastos del emérito y algunos familiares y por la supuesta posesión de sociedades en paraísos fiscales.
