Vox tensa la negociación de los presupuestos exigiendo un pin parental que rechaza Aguado

Vox comienza a marcar posición en la negociación presupuestaria. Un mes después de que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso anunciase a bombo y platillo que los socios de gobierno habían conseguido alumbrar un acuerdo sobre las cuentas públicas para 2021, la formación de extrema derecha puso este lunes sobre la mesa algunas de sus exigencias para que el nuevo presupuesto pueda contar con su beneplácito, unos votos que resultan fundamentales. Entre ellas, la aprobación de un pin parental en la regiónpin parental, ese instrumento tan reclamado por Vox para que los padres puedan controlar la formación extracurricular que reciben los niños en las escuelas, habitualmente centrada en cuestiones como la violencia machista o el colectivo LGTBI. Una exigencia que la parte naranja del Ejecutivo regional se ha encargado de rechazar de forma tajante.

Desde hace cuatro semanas, la negociación presupuestaria ha ocupado un papel central en la agenda política madrileña. A finales de enero, el Ejecutivo regional hizo llegar a su socio preferente un borrador acordado por los dos socios de gobierno, documento que fue respondido con más de dos centenares de preguntas sobre las diferentes partidas. El tira y afloja, sin embargo, se detuvo temporalmente ante la exigencia de Vox de que se rebajasen las restricciones a la hostelería. Ahora, los horarios de bares y restaurantes se han ampliado nuevamente, lo que ha llevado al partido de extrema derecha a mover ficha nuevamente. Lo ha hecho a través de una entrevista concedida a Vozpopuli por su líder en Madrid, Rocío Monasterio, en la que desgrana alguna de las condiciones para que su grupo diga sí a los nuevos presupuestos.

Una de ellas es el famoso pin parental, un asunto por el que la extrema derecha también ha abierto batallas en todas aquellas regiones en las que, como en Andalucía, sus votos son indispensables a la hora de sostener a los diferentes gobiernos de PP y Cs. "Creemos que ahora, especialmente con la imposición de la ley Celáa, que facilita el adoctrinamiento en las aulas, que ha restado libertad a los padres para elegir el colegio que quieren, es más importante que nunca que tengan una herramienta para defenderse contra el adoctrinamiento. Nosotros lo que creemos es que los padres tienen que tener conocimiento del programa (no me refiero a materias troncales, sino a contenidos que se introducen en las clases a los niños sin información a los padres y que muchas veces son de contenidos de tipo ideológico)", señaló Monasterio. 

Desde la parte naranja del Ejecutivo madrileño no tardaron en responder. Aprovechando una visita al Parque de El Retiro, el vicepresidente, Ignacio Aguado, señaló que esta no era "la prioridad de los madrileños" y pidió a Monasterio que rectificase y lo sacase del listado de líneas rojas a la hora de afrontar la negociación presupuestaria. No es la primera vez que Vox pone sobre la mesa de exigencias el pin parental. Ya lo hizo hace justo un año, cuando todos los ojos estaban puestos en los Presupuestos de 2020. Por aquel entonces, Díaz Ayuso salió al paso sosteniendo que este era un "debate esteril". Desde la formación ultra, sin embargo, no creen que su medida suponga un problema para PP y Ciudadanos en tanto que ambas formaciones salieron en su día a protestar en contra del "adoctrinamiento" de la Ley Celaà.

Por otro lado, la formación que lidera Monasterio también ha puesto como condición para la aprobación de las cuentas que se lleve a cabo una rebaja de medio punto del IRPF y un adelgazamiento de la Administración. "Hemos estado esperando dos años a que nos presentaran un borrador. Finalmente lo han hecho y nosotros seguimos diciendo lo mismo que ya propusimos y con lo que se aprobó el acuerdo de investidura de Díaz Ayuso: exactamente lo mismo. Y más necesario si cabe por la crisis del covid: la reducción del gasto político ineficaz. ¿En qué? Consejerías, por ejemplo. Entes, fundaciones, chiringuitos…", apuntó Monasterio durante la entrevista.