Crisis del coronavirus

La opción de 'cancelar' la Semana Santa se abre camino ante la incertidumbre sobre las variantes y el ritmo de vacunación

Agentes de la Guardia Urbana durante un control de movilidad en Barcelona.

Doce comunidades se inclinan, aunque aún no hay nada definitivo sobre la mesa, por mantener los cierres perimetrales de regiones y provincias ante la llegada en un mes de la Semana Santa. Navarra, Euskadi, Murcia, La Rioja, Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias dicen que no a la apertura, con más o menos rotundidad; Aragón, Baleares, Galicia y Cataluña prefieren esperar a ver la evolución, aunque parten de la precaución; Cantabria asegura que quizá se pueda abrir "con un 15% o un 20% de vacunados"; y solo Madrid, Canarias y Extremadura aseguran abiertamente que prefieren eliminar limitaciones. La primera, con una incidencia de 273, las otras dos por debajo de los 150.

El Ministerio de Sanidad busca, a diferencia de lo sucedido en Navidad, un criterio único entre autonomías en las próximas festividades de ámbito nacional. Pero ni tiene ni quiere tener margen para imponerlo; así que la única posibilidad es la del consenso en el Consejo Interterritorial de Salud. La mayoría está a favor de mantener los confinamientos perimetrales, toda vez es imposible aunar las restricciones a bares, restaurantes y vida pública aplicadas tras una tercera ola de impacto dispar. Y toda vez que las procesiones están descartadas. Pero hay regiones rebeldes. rebeldesEl Gobierno de Canarias confía en recibir "algo de turismo extranjero" en el archipiélago, aunque sus previsiones no son nada optimistas, ya que son tremendamente dependientes de los visitantes de otros países. El de Extremadura está de acuerdo con abrir sus fronteras, aunque su incidencia es 51,23, la más baja del país, una remontada llamativa tras haber liderado durante días el ranking de incidencia durante el pico de la tercera ola. 

La Comunidad de Madrid, una vez más, es la nota más discordante. Atendiendo a sus cifras y al aviso de las aguas residuales, que indican un posible aumento de los contagios, debería ser la región más estricta en cuanto a sus medidas actuales y la más cautelosa con respecto al futuro, teniendo en cuenta que su alta ocupación de UCIs la hace susceptible a cualquier vuelta atrás. Sin embargo, su Gobierno se mantiene en la defensa de la actividad económica, a pesar de que todos los epidemiólogos y expertos en Salud Pública piden más contundencia para evitar en primera instancia el colapso sanitario y en última instancia la muerte.

El Mundo informó este martes de que el Ejecutivo de Ayuso prefiere permitir la movilidad durante Semana Santa, pero que esperará a la decisión del resto: tiene poco sentido abrir siendo la única. "Si por algo se ha caracterizado Madrid es por ser sensible a todas las necesidades; la económica y la sanitaria, que son primas hermanas", aseguró la presidenta. El vicepresidente, Ignacio Aguado, apuntó a que el próximo objetivo es eliminar el toque de queda, a pesar de que el estado de alarma, vigente hasta mayo, obliga a imponerlo. Y a pesar de que es la única comunidad autónoma que sigue en riesgo "extremo", según el semáforo covid, tras un descenso de los contagios considerablemente más lento que el de otras autonomías gravemente afectadas por la tercera ola. 

Ya desde hace meses la Semana Santa se preveía como una lucha entre la variante británica –un factor de los muchos que pueden ayudar a volver a una senda ascendente en contagios por su mayor transmisibilidad– y las vacunas. Marzo es un mes clave para alcanzar el objetivo que se propuso el Gobierno: vacunar a todos los mayores de 70 años –que quieran– para principios de abril. Un nivel alto de casos podría poner de nuevo en jaque al sistema sanitario, puesto que aún la inmensa mayoría de españoles está sin inmunizar y muchos son población de riesgo; pero a la vez, la inyección de los productos de Pfizer, Moderna o AstraZeneca a los mayores y otros vulnerables pueden hacer descender drásticamente los casos graves asociados a determinados niveles de incidencia.

Sin embargo, carecemos de herramientas para saber si la variante B117, detectada en Reino Unido, es ya predominante. Así lo reconoce el Ministerio de Sanidad en su último informe. Tras la alerta disparada por el descubrimiento de la mutación, la Comisión Europea recomendó analizar el genoma de entre el 5% y el 10% de los casos identificados mediante PCR. España se propuso alcanzar el 2%. Pero aún están en ello. "La integración de la secuenciación en la vigilancia epidemiológica con muestreos poblacionales aleatorios está en proceso de implementación, y los resultados aún son preliminares", asegura el documento técnico del Gobierno, que solo ofrece datos "indirectos" de la evolución mediante la detección del gen S, que se correlaciona con la variante británica "en más de un 90%" en las comunidades con más información a su alcance. 

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Según estas cifras, comunidades autónomas como Asturias, Cantabria, Andalucía, Cataluña o Madrid cuentan ya con entre un 40% y un 60% de prevalencia de la variante B117 en sus respectivos territorios. Pero, insiste Sanidad, esta información es aún preliminar y muy poco precisa: coherente, eso sí, con las estimaciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que aseguró que a mediados de marzo esta mutación sería la que protagonizaría más de la mitad de los contagios en el país de media. 

Por ahora, sin embargo, el impacto in crescendo de la variante británica no está teniendo efecto en las cifras de contagios. La incidencia, que se sitúa en 168,44 casos, sigue cayendo, aunque a un ritmo considerablemente inferior que el de semanas anteriores. Pocos se atreven a predecir nada, pero la experiencia durante las olas precedentes dicta que es difícil mantener niveles bajos de transmisión si la actividad económica vuelve en cuanto el número de casos no es insoportable. Así lo están haciendo la mayoría de comunidades. El portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública, Fernando García, cree que en términos epidemiológicos "un mes es un periodo muy breve" y que "es posible que la situación siga mejorando". 

Sin embargo, no contempla en ningún momento la permisividad en Semana Santa. "Ya hemos vivido eso dos veces antes. En Navidades, a pesar de lo que dijimos los agoreros, ya hemos visto el resultado. Estamos en transmisión comunitaria. Hay que reforzar la campaña de vacunación, no podemos dilapidar los esfuerzos que se han hecho". En la misma línea se manifestó Simón: "Si las condiciones de transmisión no son las correctas para que se pueda tener un poco de apertura, no se debe ni plantear". Matizó posteriormente que la decisión no le corresponde a él, sino a los políticos. Por ahora, siguen deliberando a la espera de cifras que arrojen algo más de luz sobre cómo vamos a estar en Semana Santa.

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