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Sinhogarismo

'Primero H', la inusual alianza de fondos inmobiliarios con ONG para combatir el sinhogarismo

  • El plan tiene como objetivo adquirir 170 viviendas en tres años que serán gestionadas por entidades sociales públicas y privadas para garantizar el acceso a una vivienda digna a aquellos que no se lo pueden permitir
  • La iniciativa nace tras ocho meses de trabajo conjunto de Asocimi, el lobby de los fondos de inversión en activos inmobiliarios, y Hogar Sí, una ONG que trabaja a pie de calle con personas vulnerables
  • El modelo housing first nació en la década de los 90 en EEUU con una idea clara: para que una persona sin acceso a una vivienda pueda mejorar su situación, lo primero es garantizarle una vivienda digna
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Hernán Grecco Ferrari
Publicada el 04/03/2021 a las 16:00 Actualizada el 13/05/2021 a las 14:42
Maletas de una persona sin hogar durante el primer día de la cuarta semana de estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir el coronavirus, en Madrid (España) a 6 de abril de 2020.

Maletas de una persona sin hogar, en Madrid.

EP

Asocimi, el lobby de los fondos de inversión inmobiliarios, y Hogar Sí, la ONG cuyo objetivo es que ninguna persona viva en la calle, han presentado este jueves un proyecto pionero para combatir el sinhogarismo en España. La patronal de las somicis, que gestiona más de 40 mil millones de euros en activos en bolsa, y la entidad solidaria, con más de 20 años de historia trabajando con personas en situación de calle, han firmado un acuerdo para la puesta en marcha de Primero H Socimi Social, una entidad que pretende convertirse en un referente para mejorar la vida de las 33.000 personas sin hogar que viven en España, según el último informe al respecto elaborado por Cáritas en colaboración con diversos agentes sociales y gubernamentales.

La iniciativa busca, según sus promotores, aglutinar a empresas, agentes sociales y gubernamentales y personas individuales para dar visibilidad a un problema que requiere de más presencia en la agenda pública y social. “Dime cómo tratas a los más vulnerables y te diré de qué clase de sociedad eres”, sentencia Marian Juste, presidenta de Hogar Sí.

Con más de 20 años de experiencia en el tercer sector, Juste afirma que el sinhogarismo es un problema estructural, no una consecuencia de malas decisiones por parte de diferentes individuos y que la respuesta al problema es ineficiente porque está basada en el asistencialismo. Lo representa con una metáfora: “Una fórmula de escalera”, en la que las personas van subiendo poco a poco, accediendo a un comedor social, un albergue… pero eventualmente caen de nuevo al primer peldaño. Un bucle en el que las personas se ven atrapadas de forma permanente.

Hogar Sí gestiona el programa Housing First, que cuenta con 300 viviendas destinadas a alquiler social y en la que colaboran diversos ayuntamientos. Pone el ejemplo de Juan, una persona que vivió durante 10 años en la calle y fue integrada en el programa: accedió a una vivienda, obtuvo su DNI y tarjeta sanitaria, y ahora cuenta con un empleo a tiempo parcial con el que paga parte de su alquiler. Este modelo es el objetivo: lograr, eventualmente, la inclusión social y la independencia económica para las personas en situación de calle.

Crear un parque de Viviendas

Javier Basotegui, presidente de Asocimi, explica que el modelo de funcionamiento del proyecto está basado en la inversión de impacto: atraer capital para comprar viviendas y alquilarlas a través de entidades sociales a un precio asequible, y a su vez ofrecer a los inversores un retorno financiero, aunque admite que la rentabilidad será mucho más baja. Según indica, la media está en torno al 4% y en este caso sería de un 1.5 o 2%. Además, reitera que el proyecto está abierto a todas las personas físicas y empresas que quieran adherirse, ya sea a través de inversiones, viviendas particulares o un proyecto de crowfunding que será lanzado en los próximos meses.

En el caso de los particulares, ha aclarado que la aportación del inmueble a la sociedad se realiza “a través de una tasación independiente llevada a cabo por el Registro de la Propiedad”. Posteriormente, un asesor jurídico establecerá cuántas acciones de la empresa le corresponden al particular por la aportación de dicha vivienda.

Un comité ético, conformado por ambas organizaciones, será el encargado de monitorizar el proceso. En sus palabras, “un vigilante que se encargue de que se cumpla el objeto social”.

También cuentan con una asesoría legal pro bono (sin retribución económica) que realizará el despacho de abogados Gómez Acebo & Pombo, y han confirmado la colaboración de diversas entidades legales, inmobiliarias y consultorías que estarán presentes en el la iniciativa: DA Lawyers, Price Waterhouse España y la consultora Gesvalt, entre otras.

Las dos entidades que han fundado el proyecto tienen una serie de responsabilidades independientes: ASOCIMI será la encargada de gestionar las inversiones y la adquisición de los inmuebles, desde el punto de vista económico y jurídico, y ofrecerá esas viviendas a los diferentes agentes sociales, con Hogar Sí a la cabeza, para crear los alquileres sociales. El objetivo es adquirir, al menos, 170 viviendas en los primeros tres años de funcionamiento, pero se muestran optimistas de cara a mejorar estas previsiones.

Precios y garantías de pago

El presidente de Asocimi ha ofrecido datos sobre el precio de esos alquileres sociales. Su intención es bajar el alquiler sobre el valor de mercado, que en la actualidad se encuentra en torno a 500 euros al mes. A través de financiación pública y privada y aportaciones que reciben las ONG y asociaciones que estarán presentes en el conglomerado, asegura que el contrato final puede ascender a unos 200 euros al mes.

Además, ha informado de que recientemente han mantenido una reunión con David Lucas, Secretario de Estado de Agenda Urbana y Vivienda, para explorar la implicación de las Administraciones Públicas y la posibilidad de que aporten activos inmobiliarios. “Se interesó muchísimo en el proyecto y nos preguntó cómo incorporarse”. Además, destaca que el Ayuntamiento de Madrid y otros consistorios también se han mostrado favorables a participar en la iniciativa.

También ha recalcado que hay un 100% de garantía de pago de los alquileres. La gestión va a estar en manos de las asociaciones, que se encargarán de que ninguna inversión se vea perjudicada por impagos.

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