El Congreso, atado de pies y manos ante Vox: ocultar intereses económicos no implica sanciones

Casi mes y medio después de que los 52 diputados de Vox publicaran otras tantas declaraciones de intereses económicos redactadas de forma idéntica, a modo de proclama patriótica pero sin un solo dato, se confirma que la formación ultraderechista ha dado un paso clave: clave porque hace trizas la política de transparencia del Congreso y provoca un retroceso. Establecida en función del Código de Conducta que Congreso y Senado aprobaron en octubre de manera unitaria, esa declaración obliga en teoría a los parlamentarios a detallar de dónde han salido sus ingresos del quinquenio previo a la toma de posesión del escaño. Y a dejar constancia de qué actividades, remuneradas o no y desarrolladas en ese mismo periodo, son susceptibles de condicionar su actividad política. Pero en realidad el Código de Conducta, que "busca reforzar el buen nombre del Parlamento y la relación de confianza entre la ciudadanía y sus representantes", no les obliga a nada dado que incumplirlo carece por completo de consecuencias: la posibilidad de aplicar una sanción a quien lo infrinja no existe hoy por hoy. O se reforma el Reglamento del Congreso, que tampoco prevé castigo para quienes mientan en sus declaraciones de bienes y actividades, o los infractores saldrán indemnes. Los letrados de la Cámara ya lo avisaron.

A preguntas de infoLibre, Gloria Elizo, diputada de Unidas Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso, confirmó este miércoles que los juristas que en el Congreso van trazando la línea ya advirtieron en dos sesiones de la Mesa de que el Reglamento no prevé sanciones en esta materia. La primera advertencia se produjo cuando los miembros de la Mesa requirieron su opinión en la sesión donde debatían la  versión inicial del Código de Conducta, aprobado bajo la presidencia de Ana Pastor (PP), cuyo mandato expiró en mayo de 2019.

El segundo aviso, también verbal y en respuesta a las preguntas de los integrantes del órgano de gobierno del Congreso, tuvo lugar cuando ya en esta legislatura se reabrió el debate que, de manera coordinada con el Senado, impulsó la segunda versión del Código de Conducta. Esa versión [puedes leerla pinchando aquí] es la ahora vigente y la que en febrero destapó que ni Santiago Abascal ni ninguno de sus subordinados del grupo parlamentario habían hecho públicos los datos exigidos por el formulario de la declaración de intereses económicos: los relativos a ingresos y otras actividades desarrolladas en los cinco años previos a su desembarco en el hemiciclo, los regalos y donaciones que hayan recibido también a lo largo del quinquenio y las fundaciones y asociaciones a cuyo mantenimiento hayan contribuido o lo sigan haciendo.

¿Nadie se percató de que si el Reglamento [puedes consultarlo aquí] se mantenía en los términos actuales cualquier diputado podría saltarse un Código de Conducta que comenzó a gestarse hace ya tres años? ¿O es que nadie esperaba que miembros de la institución que representa la soberanía popular, es decir, diputados como los 52 de Vox, se atrevieran a conculcar abiertamente una norma que buscaba cerrar la herida abierta en 2018? En enero de ese año y a través del denominado Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción), el Consejo de Europa dirigió un severo reproche a España por su “limitado” avance en cuanto a la difusión y control de lo que hacían o hacen sus parlamentarios fuera de la escena pública. Pese a lo sucedido con Vox, Elizo cree que la redacción del Código tiene en sí misma un efecto coactivo y disuasorio de irregularidades por cuanto abre la puerta a sanciones si se modifica el Reglamento. El problema se concentra en el Congreso y, de momento, pasa de largo por el Senado: de hecho, los tres senadores de Vox han cumplimentado la declaración de intereses económicos.

Pero, a día de hoy, lo cierto es que aunque el Código de Conducta prevé la opción de sancionar a los infractores, basta rascar la pared del texto para descubrir que detrás no hay absolutamente nada. El Código estipula que de oficio o a instancias de un parlamentario, la presidencia del Congreso o del Senado puede abrir "un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción". El articulado señala que la apertura de expediente implicará la petición de un informe a la Comisión del Estatuto del Diputado. Es ese informe el que debe concluir si ha existido o no vulneración. 

Y, en caso afirmativo, ha de “proponer la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara respectiva". En esa frase se condensa todo. Porque es en ella donde se localiza el socavón legal que ha permitido a Vox lanzar en sus supuestas “declaraciones de interés económico” una especie de discurso épico que enmascara la ausencia absoluta de datos sobre las actividades profesionales de sus diputados o vinculadas a lobbies de cualquier naturaleza. Donde deberían consignar de qué han vivido antes de entrar en política o con qué grupos de influencia se siguen relacionando, los diputados de Vox han utilizado una plantilla de texto donde aseguran al unísono que ninguna actividad podrá condicionar su actividad política porque está "se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España".

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¿Y por qué esconde el Código de Conducta un socavón imposible de sortear salvo que el Congreso y el Senado modifiquen sus respectivos reglamentos? Porque la amenaza de sanciones se pulveriza. Y es así porque el Reglamento del Congreso solo prevé castigo para quienes falten a sesiones de forma reiterada o incumplan su obligación de secreto. De las infracciones en materia de transparencia no dice ni una palabra. Como tampoco la dice sobre qué ocurre si un diputado miente para ocultar bienes o ingresos o su pertenencia a lobbies, fundaciones o asociaciones de cualquier tipo capaces de incidir en su trayectoria de voto.

Los portavoces de comunicación del Congreso se limitaron este miércoles a indicar que la Oficina de Conflicto de Intereses está "estudiando" todas las declaraciones de intereses económicos. Y confirmaron que ningún grupo parlamentario ha pedido abordar la reforma del Reglamento en lo que se refiere a potenciales sanciones para quienes incumplan el Código de Conducta. Desde la Comisión del Estatuto, fuentes consultadas por infoLibre corroboraron que no se les ha solicitado que averigüen si alguien ha vulnerado el Código de Conducta al negarse a despejar las incógnitas sobre sus intereses económicos privados.