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Crisis del coronavirus

El 'semáforo covid' de la marmota: los técnicos vuelven a proponer un cierre de interiores que los políticos rebajaron en octubre

Palomas revolotean en una terraza del centro de Oviedo, este viernes.

La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, compuesta por los directores de Salud Pública autonómicos y el Ministerio de Sanidad, ha dado el visto bueno a una nueva actualización del documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19. Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19El texto "recomienda" –insiste Sanidad en que no impone– cerrar el interior de los bares cuando se alcance un nivel de alerta "alto", que entre otros criterios implica superar los 150 casos de incidencia acumulada a 14 días. Elaborado por los técnicos y con el visto bueno de estos cargos intermedios, solo falta el ok definitivo de los consejeros en una nueva reunión del pleno del Consejo la semana que viene. Sin embargo, esta misma propuesta ya fue tumbada por el mismo órgano en octubre. Se filtró un borrador que establecía la clausura de estos espacios, que en una revisión posterior se quedó en un genérico "se deberá valorar". Esta versión, del 22 de octubre, fue la que finalmente se aprobó y la que, hasta el momento, sigue en vigor. La actualización está disponible aquí. 

La nueva versión, además del endurecimiento de la "recomendación" de los interiores, también reduce los aforos para estos espacios y para las terrazas. "En los exteriores de restaurantes, se reduce el número de personas por mesa pasando de 15 a 10 en el nivel 1; de 10 a seis en el nivel 2; y manteniéndose en seis en el nivel 3. Para el nivel cuatro de alerta queda definido un máximo de cuatro personas por mesa, estableciéndose el cierre en caso de tendencia ascendente e incidencia acumulada superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días", explica el Ministerio. También se reducen las recomendaciones para las reuniones de no convivientes en los ámbitos público y privado, y el cierre de gimnasios en el nivel tres (a partir de 150 de incidencia, entre otros criterios). 

El "se deberá valorar" que se impuso en octubre con respecto al cierre del interior de la hostelería solo llamaba a pensar en la medida, no a ejecutarla. Así, varias comunidades esperaron a ver una incidencia mucho más alta para tomar la medida de clausurar la hostelería. La Comunitat Valenciana, por ejemplo, tomó la decisión con más de 800 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. 

La Comunidad de Madrid, que ha dado su ok en principio a esta recomendación del Consejo Interterritorial, nunca ha cerrado el interior de bares y restaurantes, ni siquiera en barrios que llegaron a octuplicar el baremo aprobado por la Comisión de Salud Pública. La incidencia del global de la región rozó los 1.000 casos en el global de la tercera ola. Se negaron a abordar esta restricción y, en precampaña electoral y con Ciudadanos fuera, nada indica que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso vuelva a abordarla, a pesar del preacuerdo alcanzado.

Ahora, el organismo de coordinación en materia de sanidad entre regiones vuelve con esta indicación, que fue descafeinada en una revisión del mismo documento hace cinco meses.

No es el primer desencuentro que España vive entre la opinión de los técnicos, e incluso de los directores autonómicos de Salud Pública, y los Ejecutivos autonómicos y quienes deciden en el Ministerio de Sanidad. Muchas medidas que se han propuesto desde el campo de la medicina preventiva o la epidemiología se han ignorado desde las administraciones tanto regionales como centrales, que tienen que tener en cuenta más criterios que el estrictamente epidemiológico. Medidas excesivamente duras pueden ahogar la actividad económica y castigar la ya frágil salud mental de los más vulnerables; y medidas desiguales entre diversos grupos poblacionales pueden alimentar la fatiga pandémica al sembrar el sentimiento de injusticia. Sin embargo, muchos especialistas han apuntado a que se pueden tomar medidas correctoras adicionales para paliar los inconvenientes. 

La inmensa mayoría de los expertos coincidieron en que el primer confinamiento, en el que España paralizó toda actividad económica que implicara presencialidad salvo lo estrictamente necesario para sobrevivir, era necesario para evitar el colapso sanitario. A partir de la desescalada empezaron los desencuentros. Los epidemiólogos señalaron, en vista de la evidencia que apuntaba a que el coronavirus se transmitía mucho peor al aire libre, que carecía de sentido cerrar parques mientras se abrían progresivamente locales de ocio y restauración; en países como Reino Unido, los espacios verdes se mantuvieron accesibles durante los peores momentos.

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El número de rastreadores también despertó la insatisfacción entre los que saben. Ya en mayo, advirtieron de la necesidad de contratar a un buen número de ellos para ejercer una labor básica: identificar el origen de un caso y cortar una cadena de transmisión, imponiendo la cuarentena entre los positivos. La mayoría de las comunidades evitaron incorporar a sus sistemas de Salud Pública a los trabajadores suficientes para esta función tras la desescalada, cuando el bajo número de casos permitía algo más de margen. Los epidemiólogos opinan que este personal tiene el poder de evitar una ola: pero que es difícil parar lo imparable cuando la transmisión es comunitaria, con más de 150 contagiados en los últimos 14 días. 

La explosión de casos tras la Navidad, en la que los epidemiólogos insistieron en la necesidad de limitar aún más los encuentros en casa para las fiestas, hizo que la mayoría se decantara en enero por la necesidad de un confinamiento estricto, permitiendo paseos y actividades al aire libre, para parar una escalada que en determinadas regiones españolas fue más dura que la vivida en marzo y abril. Otros advertían: el cierre de la actividad no esencial, que la mayoría de las comunidades ejecutó, es en esencia lo mismo que una medida centralizada. Sin embargo, la vuelta al mando único de Sanidad habría doblegado a la Comunidad de Madrid, que nunca cerró ni bares, ni restaurantes, ni comercios, y cuya laxitud la coloca en estos momentos como la número uno en incidencia. 

Sanidad, con Salvador Illa por entonces al frente, pasó de decir que no descartaba ningún escenario a rechazar la necesidad de un confinamiento estricto durante la tercera ola, argumentando que las medidas que se tomaron en la segunda, en la que el decreto del estado de alarma solo obligaba al toque de queda, servirían para la tercera. Muchos epidemiólogos no estaban de acuerdo. Ahora, los técnicos del Consejo Interterritorial han logrado el visto bueno de los directores de Salud Pública. Pero está por ver, en primer lugar, que los consejeros lo acepten. Y en segundo lugar, que las autonomías lo ejecuten. Siguen teniendo plena competencia, por mucho que se lleguen a acuerdos no vinculantes en el órgano de coordinación entre comunidades.

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