Bloqueo institucional

El CGPJ flaquea en su intento de denunciar ante el TC la limitación de funciones por miedo a un nuevo revés

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, preside el pleno del CGPJ.
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"Hay que hacer algo". Ha sido el comentario más repetido en el Pleno que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha celebrado este jueves en el que se han abordado distintas propuestas de los vocales para responder a la reforma de la ley que les impide seguir haciendo con el mandato caducado nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Sin embargo, no hay una posición común o de una mayoría para sacar adelante la iniciativa más polémica: presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. La mayoría de vocales no está de acuerdo con la modificación de sus funciones, pero no tienen nada claro que acudir al tribunal de garantías sea la mejor opción. Ni siquiera que sea una opción.

La reunión del Pleno ha sido una de las más largas que se recuerdan desde hace meses. Según han informado a infoLibre fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el debate se ha extendido durante más de cinco horas en las que se ha abordado la propuesta de cinco vocales del sector conservador –Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya– de abordar "mecanismos de defensa de la independencia judicial ante la limitación de competencias atribuidas constitucionalmente" al CGPJ. Un planteamiento a priori muy general pero que pasaría por acudir al Constitucional a denunciar que el Poder Legislativo, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), les ha usurpado sus funciones.

Según las fuentes consultadas, sólo un vocal más se ha sumado a esta iniciativa, pero lo cierto es que los proponentes no llevaban una propuesta por escrito sobre la que partir para poder debatir y votar. El conflicto de atribuciones es una medida extrema que pocas veces se plantea y sobre la que el propio CGPJ ya tiene experiencia. Y esa experiencia juega en contra del órganoque ahora preside Carlos Lesmes. Fue en 1986 cuando el Tribunal Constitucional desestimó el recurso del órgano de gobierno de los jueces frente a la reforma impulsada por el Gobierno del PSOE que determinó que los veinte vocales del Congreso serían elegidos por Congreso y Senado, el modelo que hoy en día sigue en vigor.

En 1986, el CGPJ consideró que había habido un conflicto de competencias o atribuciones, pero los magistrados del Constitucional no le dieron la razón. En esta ocasión, seis vocales tienen claro en principio que hay motivos para acudir de nuevo al tribunal de garantías, pero el resto tiene serias dudas o está radicalmente en contra. Incluso, el propio Lesmes, quien ha expresado en el Pleno que no ve conveniente tal iniciativa y que él no la secundaría. Tal y como han explicado las citadas fuentes, su posición ha sido rotunda.

Entre los que tienen serias dudas también hay vocales del considerado como sector conservador del CGPJ. No es que estén de acuerdo con la reforma legislativa que les limita las funciones al haber caducado su mandato hace dos años y cuatro meses, sino que no creen que un conflicto de atribuciones vaya a prosperar. Su posición es, según algunas fuentes, más "realista". Algún vocal ha propuesto iniciar el procedimiento sin llegar al Constitucional, sólo enviando el requerimiento necesario a Congreso y Senado para que las Cámaras conozcan la postura del órgano de gobierno de los jueces. Esta propuesta no ha tenido apoyo. También hay quien ha sugerido acudir al Defensor del Pueblo, pero esta opción tampoco ha encontrado respaldo.

"Impropio de un órgano constitucional"

Entre los vocales que se muestran en contra de iniciar cualquier conflicto de atribuciones comentan que lo que ha hecho el Poder Legislativo con la aprobación de la reforma entra dentro de sus "legítimas atribuciones" y que acudir al tribunal de garantías sería "impropio de un órgano constitucional" como es el CGPJ. Además, consideran que el conflicto podría plantearse si el Parlamento hubiese aprobado una reforma que implicara asumir los nombramientos de magistrados de la cúpula judicial, cosa que no se ha producido. Y también aprovechan para recordar que esta misma semana la Comisión Europea avaló la reforma: "Parece estar en principio en consonancia con el Estado de Derecho y los controles y equilibrios en España", dijo la vicepresidenta para Valores y Transparencia, Vera Jourová.

En todo caso, y tras más de cinco horas de reunión, los veintiún miembros del CGPJ se han levantado de la mesa planteando la posibilidad de un Pleno extraordinario que aborde la posibilidad de un conflicto de atribuciones si al menos cinco vocales lo solicitan formalmente. Para hacerlo, tendrán que hacer una propuesta "documentada y fundamentada" que lo sustente, según explican desde el organismo. La citada propuesta deberá además realizarse antes del próximo 30 de abril, fecha en la que concluye el plazo para recurrir ante el Constitucional la polémica reforma, que entró en vigor el pasado 1 de abril tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Todos los vocales consultados dan por hecho que habrá propuesta y que el Pleno extraordinario se convocará el mismo día 30.

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En caso de aprobarse esta vía, primero se enviaría un requerimiento a Congreso y Senado, paso necesario antes de ir al tribunal de garantías. Transcurrido un mes, y en caso de que las Cortes no respondan o lo hagan oponiéndose a los planteamientos del CGPJ, se presentaría el conflicto ante el Constitucional.

La polémica que rodea al CGPJ desde hace dos años y cuatro meses, el tiempo que lleva en funciones debido al bloqueo del PP, que se niega a acordar con el Gobierno la renovación de los veinte vocales, no parece cerca de terminar. Mientras, el partido conservador sigue enrocado en su idea de no llegar a ningún acuerdo que incluya a Unidas Podemos y de no negociar sin una propuesta para despolitizar el sistema de elección del órgano y que sean los jueces los que elijan a sus miembros.

La posibilidad de plantear un conflicto de atribuciones se debe a que el órgano de gobierno de los jueces no puede recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional al ser un Poder del Estado. Sí pueden recurrir los grupos políticos si así lo respaldan al menos cincuenta diputados o senadores. Y así lo ha hecho este jueves Vox al considerar que la reforma de la LOPJ propicia que el Legislativo asuma "un papel constituyente que no le corresponde, no respeta la garantía establecida en la Constitución y hace que la recuperación de la plena funcionalidad del CGPJ depende en exclusiva del este Poder del Estado, al que queda totalmente sometido".

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