Bloqueo institucional
El sector conservador del CGPJ fracasa en su intento de llevar al TC la reforma que limita sus poderes en funciones
Los ocho vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que forzaron un Pleno extraordinario para defender un conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional (TC) han fracasado en su intento. Su intención era que el tribunal de garantías se pronunciase sobre la reciente reforma legislativa que les ha quitado determinadas atribuciones cuando el órgano esté en periodo de interinidad, como ocurre ahora, y no pueda hacer nombramientos discrecionales, pero la mayoría de vocales no están nada convencidos de esta estrategia y han optado por rechazarla, según ha informado la institución.
La propuesta de presentar un conflicto de atribuciones ante el TC con requerimiento previo a las Cortes Generales –por ser el Poder Legislativo el que ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)– había sido firmada por los vocales Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Noya, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona, todos ellos designados a propuesta del PP. Sin embargo, no han podido recabar más apoyos en el Pleno extraordinario que se ha reunido en la tarde de este miércoles. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, también ha votado en contra.
De igual modo, se ha rechazado solicitar al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma, ya que el órgano de gobierno de los jueces no tiene potestad para presentarlo. En este caso, la votación también ha sido de trece votos en contra –todos los progresistas y varios conservadores– y ocho a favor.
La mayoría de vocales del CGPJ no está de acuerdo con la modificación de sus funciones que ha aprobado el Parlamento recientemente, pero no consideran que acudir al tribunal de garantías sea la mejor opción. Ni siquiera que sea una opción y así lo han decidido votando en contra de esta iniciativa tras dos horas de debate. Lesmes ya había expresado a todos los miembros del órgano en una reunión previa que no ve conveniente presentar el conflicto al Constitucional y que no la secundaría.
Una medida extrema
El conflicto de atribuciones es una iniciativa muy poco habitual que se interpone cuando un órgano constitucional, como es el CGPJ, considera que otro de los poderes del Estado asume competencias que no le corresponden, y debe presentarse comunicándolo antes al "órgano invasor" –en este caso el Parlamento– dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la actuación indebida, pidiendo que se revoque.
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Si el órgano al que se dirige la solicitud replica que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas. El trámite de este asunto prevé conceder el plazo de un mes a la otra parte para que personarse en el procedimiento y formular alegaciones y, finalmente, la sentencia que resuelve el conflicto determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados indebidamente.
La medida extrema del conflicto de atribuciones pocas veces se plantea y sobre ella el propio CGPJ ya tiene experiencia. Y esa experiencia no ha sido muy positiva para el órgano de gobierno de los jueces. Fue en 1986 cuando el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de la institución frente a la reforma impulsada por el entonces Gobierno socialista que determinó que los veinte vocales del Congreso serían elegidos por Congreso y Senado, el modelo que hoy en día sigue en vigor.
La polémica que rodea al CGPJ desde hace dos años y cuatro meses, el tiempo que lleva en funciones debido al bloqueo del PP, que se niega a acordar con el Gobierno la renovación de los veinte vocales, no parece cerca de terminar. Mientras, el partido conservador sigue enrocado en su idea de no llegar a ningún acuerdo que incluya a Unidas Podemos y de no negociar sin una propuesta para despolitizar el sistema de elección del órgano y que sean los jueces los que elijan a sus miembros.
