4M | Elecciones en la Comunidad de Madrid

De 'Gürtel' a Avalmadrid: la mochila de corrupción del PP de Madrid que Ayuso ha mantenido al margen en campaña

Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso, durante un acto en marzo de 2021
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Hubo un tiempo en el PP de Madrid en que dos personas competían por ver quién llevaba más dinero al partido para financiar campañas electorales y ganarse el favor de su jefa. Cada uno lo hacía presuntamente a través de distintos mecanismos en los que, aparte de conseguir financiación, se habrían embolsado buena parte del dinero para su enriquecimiento personal. Eran Francisco Granados e Ignacio González, quienes fueran hombres fuertes de Esperanza Aguirre y desde hace años imputados en varias causas de corrupción en la Audiencia Nacional que aún no han sido juzgadas, ya que buena parte de ellas continúa en investigación por la cantidad de ramificaciones y la complejidad de algunas de las operaciones.

El PP lleva más de 25 años gobernando en la Comunidad de Madrid de forma ininterrumpida y desde 2003 está en manos de Aguirre y sus fieles. Y ninguno de los antecesores de la ahora presidenta y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido una marcha tranquila y voluntaria de la política. Han sido dieciocho años de escándalo en escándalo, pero en la campaña del 4-M han brillado por su ausencia. Apenas se han mencionado en los actos de partido de los candidatos, mucho menos de la propia presidenta regional. En el único debate en el que se han enfrentado los seis principales candidatos, ni siquiera respondió cuando otro de los aspirantes a la Presidencia los sacó a colación.

Parece que todo comenzó con Granados y González, pero la corrupción ya había anidado en la región tiempo atrás en varios municipios madrileños que controlaba el PP y donde algunos cargos públicos obtenían los favores de las empresas de la trama Gürtel a cambio de contratos con la Administración. Después, llegaron las macrocausas Púnica –con origen en las presuntas corruptelas de la etapa de Granados como alcalde de Valdemoro– y Lezo, a las que siguieron otras como la que investiga la puesta en marcha del Campus de la Justicia, un proyecto estrella que nunca se completó. En los últimos dos años, no se ha judicializado ningún escándalo, pero Díaz Ayuso ya acumula uno que es objeto de una comisión de investigación parlamentaria: Avalmadrid.

De 1995 a 2003 gobernó Alberto Ruiz-Gallardón. En esos años, todo tranquilo en Madrid. Lo único que afecta a esa época es lo que se ha conocido recientemente sobre la compra irregular de parte de una sociedad colombiana de gestión de agua, Inassa, una operación de la que la Audiencia Nacional hace responsable al consejo de administración del Canal de Isabel II de entonces. Una veintena de exconsejeros están procesados, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide entre seis y siete años de prisión. Aunque el Gobierno de Gallardón dio el visto bueno a la operación, ni fiscal ni juez vieron indicios de que conociera las "ilicitudes" del contrato que han derivado en una acusación de malversación de caudales públicos.

Los escándalos llegaron en 2003. Ya incluso desde antes de que Esperanza Aguirre tomara posesión. El Tamayazo pareció alumbrar la convulsa etapa que acababa de empezar. Mientras, los ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Arganda del Rey firmaban contratos con la organización corrupta liderada por Francisco Correa. Los dos primeros casos ya tienen sentencia firme, los dos últimos están pendientes de juicio. Pero la Gürtel no se llegó a conocer hasta 2009, cuando tuvieron lugar las detenciones de los cabecillas. Desde la tranquilidad que le daba su Gobierno con segunda mayoría absoluta, Aguirre llegó a proclamar que la Gürtel la había destapado ellaGürtel.

Sentencias firmes y confesiones

Esta teoría no consta en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó, con ligeros ajustes en las condenas, las pruebas de la sentencia anterior de la Audiencia Nacional que llevó a prisión al exconsejero Alberto López Viejo, nombrado por Aguirre, y los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente, entre otros ex cargos públicos madrileños. Y en el próximo macrojuicio previsto, el de las actividades de la trama Gürtel en Boadilla, en el que se prevé una cascada de confesiones de culpabilidad que ya han comenzado, con Francisco Correa a la cabeza. También el exdiputado del partido conservador Alfonso Bosch.

Acababa de entrar en su tercer mandato con mayoría absoluta cuando Aguirre dimitió como presidenta y dejó a Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid. A Granados hacía ya tiempo que le había apartado de su círculo de confianza. Y en estas estalló la operación Púnica en 2014: Granados fue a prisión mientras se destapaba un caso de contratos amañados, corrupción urbanística, trabajos de reputación on line para políticos pagados con dinero público... Se fueron abriendo piezas y piezas y piezas y concejales, alcaldes, consejeros y empresarios fueron desfilando por la Audiencia Nacional como imputados.

Aguirre había vuelto a la política cuando se abrió la pieza 9 a raíz del análisis de una agenda del principal imputado que revelaba un supuesto entramado para financiar ilegalmente al PP de Madrid. Todas las sospechas parecían rodearla, pero la investigación no terminaba de apuntar a ella. Dejó su puesto en el Ayuntamiento de Madrid a tiempo: en septiembre de 2019 fue citada a declarar como investigada, estatus que todavía mantiene. Las sospechas: haber creado supuestamente un entramado para desviar fondos de contratos de publicidad de sus consejerías de Sanidad y Transportes para sufragar gastos electorales de su partido en las campañas de 2007, 2008 y 2011. Lo que la Fiscalía Anticorrupción ha llamado la cláusula del 1% que la expresidenta siempre ha negado

Cuando todo esto sucedió, Ignacio González también sabía lo que era estar imputado e incluso haber estado en prisión. En 2017 se destapó el caso Lezo, otra trama de corrupción urdida desde su puesto de responsabilidad en el Canal de Isabel II como consejero de Presidencia de los gobiernos de Aguirre. Él ya estaba fuera del Ejecutivo regional cuando fue detenido por enriquecerse supuestamente de las operaciones de expansión de la empresa pública de aguas en América Latina, fijando sobreprecios y repartiéndose comisiones, y otras tramas de corrupción como el presunto cobro de una mordida por una adjudicación a dedo en el tren de Navalcarnero. De momento, el expresidente se enfrenta a peticiones fiscales por varias piezas que suman doce años de cárcel.

La detención de González dio al traste con la afirmación que había hecho Aguirre un año antes, en referencia sólo a Granados y López Viejo. "He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana", dijo en 2016. Después de eso vinieron su propia imputación, aparte de la de González –con prisión provisional de seis meses– y de los exconsejeros Manuel Lamela, Juan José Güemes, Salvador Victoria, Lucía Figar, Gádor Ongil y Borja Sarasola por la supuesta caja b del PP de Madrid. También el que fuera exgerente del partido Beltrán Gutiérrez. Cristina Cifuentes, otra expresidenta, también fue imputada, pero recientemente el juez ha archivado esta investigación. Cifuentes es la única que en dieciocho años ha tratado de romper con el aguirrismo que impera en el PP de Madrid, aunque su corto mandato –dimitió tras el caso Máster y la publicación del vídeo en el que aparecía supuestamente tratando de robar unas cremas– lo impidió.

Un "plan criminal" en el Campus de la Justicia

Las "ranas" de las que hablaba Aguirre no eran sólo dos, ya que no han dejado de salir. Otro consejero de Aguirre, el exresponsable de Justicia Alfredo Prada, también enfrenta su causa particular en la Audiencia Nacional por uno de los proyectos estrella de la expresidenta, la Ciudad de la Justicia. “El complejo judicial más moderno de Europa y uno de los mayores del mundo", es como definió Aguirre en 2008 el fallido plan urbanístico del que sólo se construyó un edificio en el barrio residencial de Valdebebas, en el norte de Madrid, el conocido como dónut por su forma circular que ni siquiera está terminado. Fue el Gobierno de Cristina Cifuentes el que denunció ante la Fiscalía y ahora Prada se enfrenta a ocho años de cárcel por las "notables irregularidades" detectadas por la investigación en el "plan criminal" puesto en marcha para amañar contratos en la puesta en marcha la construcción.

Muchos juicios pendientes, por tanto, le quedan al PP de Aguirre. Y aún está pendiente saber si la expresidenta será finalmente procesada por el caso Púnica, que enfila ya su recta final tras siete años de instrucción y más de una decena de piezas separadas. Y la herencia del aguirrismo continúa hoy día en el PP de Madrid con Isabel Díaz Ayusoaguirrismo, lo cual tiene su peligro, pues cargos que ejercieron labores de responsabilidad durante los años de la Púnica pueden acabar salpicados ahora en esta macrocausa que aún sigue abierta. Así ha ocurrido con David ErguidoIgnacio García de Vinuesa, senador y comisionado para Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, respectivamente, quienes han dimitido recientemente de sus cargos tras ser imputados por hechos ocurridos en sus etapas en los ayuntamientos de Algete y Alcobendas.

Avalmadrid

En sus menos de dos años de Gobierno, Díaz Ayuso no se ha librado de algún escándalo. En diciembre de 2019 arrancaba en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre el caso Avalmadridel "presunto trato de favor y las irregularidades" cometidas por la sociedad semipública en la concesión de garantías a empresas y su posterior recuperación cuando no eran devueltas. Como ha quedado al descubierto por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre, un buen número deavales se otorgaron apersonas vinculadas con el PP o con consejerosde la propia Avalmadrid, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro.

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La empresa de la que eran accionistas los padres de Isabel Díaz AyusoMC Infortécnica SL, dedicada a la distribución de suministros médicos, obtuvo un aval por importe de 400.000 eurosen marzo de 2011, del que no se devolvió ni un euro. Es más, como desveló este periódico, durante años Avalmadrid no hizo nada por cobrar esa deuda. Una pasividad que permitió a los padres de Díaz Ayuso y a otros cuatro avalistas desprenderse del patrimonio que habían presentado para obtener la garantía. Una operación que podría llegar a ser constitutiva de un delito de alzamiento de bienes. Lo comete quien enajena u oculta patrimonio para evitar que un acreedor cobre su deuda. Y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión de bienes.

A Ayuso sus padres le donaron una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio madrileño de Chamberí y a su hermano, una vivienda unifamiliar de 212 metros en Sotillo de la Adrada (Ávila). Unos meses más tarde, también les donaron el 100% de las participaciones de Sismédica SL, otra de sus empresas, propietaria a su vez de un local por el que ninguno de los hermanos ha pagado el IBI durante cinco años. Entre otros, ésos eran los bienes que Avalmadrid debería haber embargado para recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió.

La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid interrumpió sus trabajos durante el primer estado de alarma por la pandemia de coronavirus, en la primavera de 2020. Tras retomar la actividad, y a punto del debate en el Pleno del informe final con las conclusiones, la presidenta autonómica convocó elecciones y, por tanto, el Parlamento se disolvió. Habrá que ver si la Cámara regional que salga del 4-M termina la labor que inició su predecesora.

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