Vox pasa de despreciar la renta mínima y apoyar los despidos por enfermedad a buscar el voto obrero

A cuatro días de las elecciones en Madrid, el sindicato fundado por Vox, Solidaridad, se ha lanzado a convocar para este Primero de Mayo marchas con una panoplia de propuestas como telón de fondo que chocan con los hitos del partido ultraderechista en cuanto a legislación laboral. La discordancia resulta indiferente para Vox: el partido de Santiago Abascal lleva más de una semana alentando la participación en las manifestaciones. Algunas avanzarán a pie y otras en coche, como la de Madrid. Esta no se solapa en el itinerario con la manifestación de UGT y CCOO ni con ninguna otra. Pero la Policía ya ha preparado un dispositivo que, en principio, ahuyenta el temor a cualquier colisión.

En lo que se perfila como una clara estrategia para captar votos entre sectores de población desprotegidos y de menor renta, el sindicato que dirige el viceportavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso, convoca los actos valiéndose de una tabla en la que, por ejemplo, pide una subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Y que el Estado pague todas las nóminas de las empresas cerradas durante la pandemia. La tabla, visible en su web, incluye ambas medidas pese a que Vox fue el gran detractor del pacto social que en enero de 2020 permitió fijar el SMI en 950 euros . Y pese a que sus diputados se han ido oponiendo con uñas, dientes y votos a la aprobación en el Parlamento de todos los decretos relativos a los ERTE, que garantizan el pago de prestaciones a los trabajadores afectados.

Liderado por un hombre que en su etapa como concejal de Hacienda de un pequeño pueblo de Almería dejó sin pagar la Seguridad Social de la plantilla municipal durante casi cinco años, el sindicato Solidaridad se ha pertrechado de un decálogo de medidas sorprendentes en algún caso. Sorprendentes por dos razones: primero, porque en apariencia constituyen la antítesis de decisiones parlamentarias y de declaraciones que han retratado la ideología de Vox.  Y en segundo lugar, porque omiten toda referencia a una de las máximas preocupaciones de los trabajadores de cualquier nivel salarial: las pensiones.

En febrero de 2020, el Congreso aprobó por fin su actualización. Vox se abstuvo. Y lo hizo por "sentido de la responsabilidad" y porque subirlas constituía un ejemplo de la "demagogia" del Gobierno. Quien en esos términos se expresó –los entrecomillados proceden de la propia web de Vox– fue el diputado Víctor González Coello de Portugal, uno de los vicepresidentes del partido. En 2015, y como desveló el diario El País, la Audiencia de León condenó a González Coello de Portugal por "irregularidades contables" en su empresa Marmolería Leonesa. En enero de 2018, el Supremo confirmó la condena, que le prohibía ejercer como administrador o representante de sociedades durante tres años. Dedicada a la comercialización de mármol, la compañía acabó cerrando y despidió a sus 60 empleados.

Mientras a tenor de lo publicado por medios afines, el sindicato de Vox propone que el salario mínimo se sitúe nada menos que en casi 1.500 euros, González Coello de Portugal fue quien ya en 2019 se mostró contrario no ya a un incremento sino a su propia existencia. El salario mínimo "es restrictivo y perverso y tiene un efecto negativo en la creación de empleo". Sus declaraciones fueron publicadas por el diario lainformacion.com en abril de 2029. Ya en enero de 2020, la web de Vox publicó que sus dos diputados por Almería consideraban "una amenaza" la subida del SMI para la agricultura de esa provincia. 

En enero de 2020, Vox consideraba una amenaza la subida del SMI.

Otro ejemplo de disparidad aparente que se suma a los anteriores asoma ya en la primera línea del decálogo del sindicato Solidaridad, cuya sede se localiza oficialmente en el mismo edificio que el órgano de comunicación oficial de Vox, el digital gaceta.es. Esa primera línea dice esto: "Proteger y defender a los trabajadores de España". Pero fue Vox el único partido parlamentario que el 25 de marzo de 2020, cuando los estragos de la pandemia en la salud y la economía ya habían aflorado, votó contra la derogación del precepto del Estatuto de los Trabajadores que hasta entonces permitía despedir a un trabajador por bajas médicas acumuladas. Andaluza al igual que el líder de Solidaridad, la diputada Reyes Romero defendió aquel día en el Congreso el no de Vox con el siguiente argumento: el artículo que permitía el despido de un enfermo contribuye a controlar el "fraude" y los "abusos" en el absentismo laboral.

Así, quienes en junio de 2020 despreciaron la entrada en escena de la renta mínima –la "paguita" o la "limosna vitalicia", fue como la definieron–  y se abstuvieron a la hora de votar son quienes este jueves articularon en Twitter una campaña para atraer participantes a sus manifestaciones del sábado. El lema: "Sal a defenderte". ¿Defenderte de qué? Básicamente, y así finaliza el primer punto de los 12 mandamientos de Solidaridad, "de los sindicatos corruptos y de los explotadores". De ambos hay que "liberarlos", dice el texto en referencia expresa a los trabajadores. ¿Y quiénes son los explotadores? El decálogo no lo especifica. Pero en su punto sexto esboza lo que, sin contexto, cualquiera identificaría como una propuesta de izquierdas: "Exigir que las grandes multinacionales no disminuyan el pago de impuestos en España utilizando ingeniería fiscal".

Y aquí llega de nuevo el pero que abre la puerta a lo que realmente cuenta. Porque ese pero estriba en que Vox es el partido que con mayor denuedo ha defendido a los youtubers que fijan en Andorra su residencia fiscal para pagar menos tributos. O sea, que practican una de las variedades de la ingeniería fiscal. Como publicó el diario El Mundo el pasado 2 de febrero, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, los defendió sin sombra de duda. Los youtubers que se trasladan para pagar menos impuestos "tienen todo el derecho a hacerlo", dijo. Y no están cometiendo por ello ningún delito. "Admitir que es por motivos fiscales no le veo problema", afirmó. Y lo hizo agregando que el problema es no entender que la economía conforma un juego de incentivos, también fiscales.

Los youtubers son inteligentes a la hora de ahorrarse impuestos pero su infraestructura dista mucho de la de multinacionales. Pero también ahí, en la llamada tasa Google, Vox se contó entre los grupos parlamentarios que votaron no. Y lo que busca esa tasa es, justamente, evitar que las grandes empresas tecnológicas de la economía digital tributen en España por un valor inferior a sus ingresos reales.

Buena parte de las maniobras de ingeniería financiera conducen a paraísos fiscales. Entre las empresas cuyo hilo societario llevan a lo que los anglosajones denominan puerto tributario seguro –como aquellos en los que los piratas lograban refugio– se cuenta una de la que Vìctor González Coello de Portugal fue apoderado: formalmente española, la empresa [puedes ver aquí lo publicado por infoLibre] está controlada por otra de Luxemburgo. Y a su vez, esa compañía del Gran Ducado tiene como único accionista una firma que había sido constituida en el paraíso fiscal de Las Bahamas. 

Una marcha de coches que no se solapa con la manifestación de UGT y CCOO

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La marcha impulsada por la extrema derecha parlamentaria en Madrid no será a pie sino en coche. Y, según la previsión comunicada a la Delegación del Gobierno, acudirán 30 vehículos aunque las fuentes consultadas presuponen que superará ese número.

La Policía ha preparado un dispositivo del que no se han facilitado cifras y que, en principio, resultará suficiente para evitar que el acto de Solidaridad-Vox colisione con la manifestación de UGT y CCOO o con alguna de las otras de carácter minoritario que también se celebran en la capital del país. Ni los itinerarios se solapan ni los puntos de arranque o llegada guardan cercanía.

Persiste no obstante la incógnita de si pueden producirse incidentes en los metros finales de una carrera electoral donde Vox se ha presentado como víctima del acoso de los "ultraizquierdistas": sucedió en Vallecas el 7 de abril y sucedió de nuevo en Navalcarnero el miércoles de la semana pasada. Esta vez, y como publicó infoLibre, la que Vox consideraba como su gran baza de la actuación de los "radicales" se desmoronó por completo: el joven que pateó por la espalda a un guardia civil de paisano no era el izquierdista que habían difundido Vox y sus medios afines sino un seguidor de Santiago Abascal.