la política fiscal

El Gobierno acusa al PP de Casado de intentar desprestigiar “las políticas fiscales” para “deslegitimar lo público”

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la tribuna del Senado.

Fernando Varela

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Subir los impuestos o rebajar la fiscalidad. La sostenibilidad de lo público es ya el nuevo campo de batalla en el asedio con el que la derecha intenta sitiar al Gobierno de coalición aprovechando el varapalo que los electores madrileños dieron la semana pasada a las formaciones de izquierdas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se tuvo que emplear a fondo este martes en el Senado para combatir la idea de que el Ejecutivo planea una subida indiscriminada de impuestos que afectará a las clases medias. Lo hizo remarcando no sólo el compromiso de la coalición con la progresividad fiscal sino defendiendo la decisión de dejar la reforma en manos de un comité de expertos que no emitirá su dictamen hasta febrero de 2022. Una decisión que, por otra parte, alimenta las dudas de sus aliados por la izquierda, que empieza a temer que el Ejecutivo acabe renunciando a incrementar la presión impositiva sobre los ciudadanos que más tienen y sobre las grandes corporaciones.

Fue en este contexto, asediada por la derecha y sometida a las críticas de la izquierda, en el que Montero asumió este martes en el Senado la tarea de defender la posición del Gobierno. Lo hizo combatiendo las tesis del PP, al que reprochó defender que bajando impuestos se recauda más —todo lo contrario a lo que hicieron durante el mandato de Mariano Rajoy— y al que, sobre todo, echó en cara una estrategia deliberada para tratar de deslegitimar los impuestos.

El debate fue un reflejo de que hasta qué punto el Gobierno está teniendo dificultades para plantear y defender sus iniciativas en medio del ruido, las contradicciones y la desinformación sobre lo que son proyectos firmes, propuestas de debate y simples hipótesis de trabajo. La ministra se quejó en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado de la estrategia de Pablo Casado en este campo. “Con la actitud de desprestigio de las políticas fiscales lo único que hacen es deslegitimar lo público para luchar contra la desigualdad y provocar un ruido y un desasosiego respecto a la sostenibilidad de los servicios que se financian con cargo al esfuerzo y el sacrificio de todos”, acusó.

Montero echó en cara al PP haberse “abonado a la política neocon de sus socios de Vox”, la política del “sálvese quien pueda”. Porque los impuestos que quieren reducir o suprimir, como los de patrimonio o sucesiones, sostuvo, afectan en la mayoría de los casos a los más ricos. “No creen en la justicia fiscal”, lamentó.

Montero aseguró que el PP no dice la verdad cuando habla de impuestos. “¿Por qué mienten ustedes cuando dicen que para incrementar la recaudación hay que bajar los impuestos si ustedes no lo practican cuando gobiernan?”, preguntó. Fue con el PP, recordó, cuando se produjo la subida más importante de impuestos que ha protagonizado el país. “Lo hizo Montoro, que subió más de 50 veces los impuestos y lo hizo a la clase media y trabajadora, que como siempre para su partido son los pagan las crisis”.

“Lo que no puede hacer” un país o una comunidad autónoma es ejercer a la baja su capacidad fiscal e ir después “a pedir dinero de Europa”, advirtió en referencia a la política de los gobiernos autonómicos del PP de reducir los impuestos que tienen cedidos. Ni pedir al resto que contribuyan para que puedan ellos bajar sus propios impuestos.

La ministra aseguró que la “hoja de ruta” del Gobierno en esta materia figura “con pelos y señales” en el Componente 28 del Plan de Recuperación y, según ella, está en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales, en especial el FMI y la OCDE, por no hablar de la política puesta en marcha por el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y que una pieza clave de esa estrategia pasa por la propuesta que haga, en febrero del año que viene, un comité de expertos para la reforma fiscal que va a estudiar la modernización y adaptación al siglo XXI del sistema tributario español.

Descontento por la izquierda

La ambigüedad del Ejecutivo, consecuencia de la decisión de dejar el modelo fiscal en manos de esa comisión de expertos y del aplazamiento de cualquier cambio hasta el año 2023 —así lo avanzó el lunes la propia Montero— no sólo no está consiguiendo frenar la ofensiva de la oposición conservadora —PP, Vox, Ciudadanos y PDeCAT— contra cualquier iniciativa que suponga incrementar impuestos sino que alimenta el descontento de los partidos de izquierdas que en su día contribuyeron a la investidura de Pedro Sánchez.

Este asunto se convertirá este miércoles, con toda probabilidad, en uno de los protagonistas de la sesión de control en el Congreso. El PP, sin explicar de dónde sale ese cálculo, sostiene desde hace días que las clases medias y trabajadoras sufrirán un incremento fiscal en los próximos años de 90.000 millones de euros. También Vox pondrá el foco en el supuesto intento del Gobierno de ocultar un presunto plan para subir los impuestos mientras Ciudadanos se centrará en la posibilidad de que el Ejecutivo acabe implantando peajes para circular por autovías y carreteras como ya hacen muchos países de la Unión Europea.

Este martes el PP ya movilizó a la mayoría de sus altos cargos con un argumentario contra el Gobierno que acusa a Pedro Sánchez de pretender que “las clases medias y trabajadoras” paguen “su despilfarro” subiendo “hasta el precio del pan”.

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La ofensiva de PP y de Vox busca obligar a la mayoría de izquierdas del Congreso a votar en contra de dos mociones en las que los de Casado y Abascal proponen en plena crisis económica provocada por la pandemia bajar los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones y que se congele la entrada en vigor de los nuevos impuestos recientemente aprobados para gravar la actividad de las grandes tecnológicas y las transacciones financieras relacionadas con las corporaciones del IBEX 35.

La ausencia de planes concretos en materia fiscal a corto plazo, la decisión de dejar el problema en manos de expertos y de aplazar su aplicación hasta 2023, agitó a la izquierda del PSOE. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, recordó que una reforma fiscal progresiva que no suba los impuestos a los trabajadores sino a las grandes corporaciones es lo que está previsto en el acuerdo de Gobierno. “No es lo más sensato que la gente más castigada por la crisis acabe pagando más impuestos”, subrayó.

Tampoco Íñigo Errejón (Más País) dejó lugar a dudas sobre su creciente incomodidad con el Gobierno. Debe priorizar, defendió, subidas de impuestos a los grandes patrimonios y a las grandes corporaciones con mayores beneficios antes que la extensión de los peajes en las carreteras o acabar con tipos reducidos o superreducidos del IVA.

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