El Gobierno busca un compromiso rotundo de la UE y el apoyo del PP para obligar a Marruecos a controlar sus fronteras

Las alarmas saltaron en Moncloa este lunes. Las imágenes que empezaron a llegar de Ceuta alertaban de una crisis migratoria sin precedentes y de una pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes que enfrentaban a España a un conflicto diplomático de primer orden.

La preocupación en el seno del Gobierno, que le otorga la máxima gravedad a esta crisis, llevó al presidente, Pedro Sánchez, a liderar personalmente la respuesta a Marruecos. Tras una intensa jornada de contactos institucionales y diplomáticos al más alto nivel, Pedro Sánchez se desplazó a Ceuta para conocer de primera mano las actuaciones llevadas a cabo en el Centro de Coordinación fronterizo del Tarajal, donde a su llegada ya se organizaba el dispositivo puesto en marcha para la expulsión masiva de las personas migrantes que han cruzado ilegalmente la frontera española en las últimas horas.

Sánchez se reunió con las máximas autoridades de la ciudad autónoma. Su propia visita a Ceuta, muy poco habitual para presidentes del Gobierno en ejercicio, ya supuso todo un mensaje político para Marruecos, que siempre ha calificado de “provocación” ese tipo de escalas por considerar “territorios ocupados” las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

Advertencia a Marruecos

Antes de ese viaje, el propio presidente realizó una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa que sonaba a una advertencia en toda regla a Marruecos por su desafío a la frontera española: "La integridad territorial de España, sus fronteras y, ante todo, la seguridad, la tranquilidad y el sosiego de nuestros compatriotas serán defendidos en todo momento, frente a cualquier desafío y con todos los medios necesarios". Un tono muy poco habitual en un dirigente español hacia un vecino con el que tantos intereses hay en juego tanto en materia migratoria como en lucha antiterrorista o acuerdos comerciales y estratégicos.

En esta ocasión el Gobierno español quiso trasladar un mensaje de firmeza porque considera que Marruecos ha cruzado todas las líneas rojas violentando la seguridad fronteriza de España con una crisis migratoria sin precedentes. En esa misma comparecencia en Moncloa, Sánchez también advirtió al país vecino de que “solo se puede cooperar desde el respeto a las fronteras mutuas” y quiso lanzar además un mensaje de tranquilidad a la población asegurando que “se va a restablecer el orden en la ciudad y en nuestras fronteras con la máxima celeridad. Y se procederá a la devolución inmediata de todas las personas que hayan entrado de manera irregular, tal y como recogen nuestros acuerdos bilaterales con Marruecos".

Contactos con la UE y con la oposición

El Gobierno quiso resaltar en todo momento que la crisis es española pero también europea, pues las fronteras de nuestro país con Marruecos también son las fronteras comunitarias. Por eso, y en busca de un respaldo explícito de la UE, Sánchez habló con el vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, y con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a los que pidió una estrategia global comunitaria que dé respuesta al desafío de esta grave crisis. Según el propio presidente, todos los socios de la UE colaboran con España en la respuesta estratégica a este episodio.

También contactó personalmente Pedro Sánchez con el líder de la oposición, Pablo Casado, al que trasladó detalles del operativo y de la situación en la frontera y con el que se comprometió seguir haciéndolo hasta que se solucione la crisis.

Según fuentes del PP, Casado le trasladó todo su apoyo para “garantizar la integridad territorial de nuestras fronteras, de inmediato y con todos los medios que sean necesarios, ante la crisis diplomática que sufren los ceutíes”. El líder del PP también pidió fortalecer los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para garantizar la seguridad, algo que el presidente le trasladó que ya estaba en marcha.

Tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el presidente detallaron que el despligue de seguridad en la ciudad autónoma de Ceuta incluye dotaciones del ejército y miembros de la Policía y la Guardia Civil. Las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno contemplan un plan de expulsión exprés de la totalidad de personas migrantes que han cruzado la frontera ilegalmente en las últimas horas, tal y como recogen los acuerdos bilaterales firmados entre España y Marruecos. Una situación diferente es la de los menores no acompañados, cuyas devoluciones en caliente son ilegales. El Gobierno asegura que siempre actuará “desde el máximo respeto a la legalidad” y velando por los derechos de las personas vulnerables.

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La postura de Unidas Podemos

Tras la denuncia de varios medios de comunicación y ONG sobre la posibilidad de que se estén produciendo esas devoluciones en caliente de menores de edad, a la opinión del socio de coalición del PSOE le ha puesto voz la líder de Unidas Podemos y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz: “Es el momento del respeto a los derechos humanos. Estamos hablando de seres humanos, de personas. La respuesta debe ser de estricto cumplimiento de la legalidad internacional. No olvidemos que hablamos de menores, y que tienen que ser amparados según las normas internacionales. Máxima preocupación y respeto a los derechos humanos”, aseguró.

En el Gobierno también se mostraron preocupados porque la extrema derecha alimente los discursos de odio utilizando la oportunidad que le brinda la crisis de Ceuta. Los llamamientos de distintos miembros del Ejecutivo se han sucedido durante las últimas horas, pidiendo “que nadie use lo que está ocurriendo para hacer discursos de odio y provocar altercados”. El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció una visita a la frontera de Ceuta para este mismo miércoles.