Crisis de Ceuta

El Gobierno entregará cinco millones a las comunidades para la acogida de menores migrantes de Ceuta

Varios menores en el interior del albergue de Piniers, a donde han sido trasladados algunos de los 850 menores inmigrantes que permanecen en Ceuta.

Dinero y un reparto equitativo. El Gobierno central mueve ficha rápido y toma la iniciativa en el reparto de menores migrantes de Ceuta entre las diferentes autonomías. La experiencia de otras crisis migratorias, como la de Canarias, ha pesado. Y el sistema de distribución de menores basado en datos objetivos ha bajado el nivel de tensión entre los territorios que, en líneas generales, han aceptado la propuesta hecha por el Ministerio de Derechos Sociales.

Para completar esa propuesta de reparto, este próximo martes el Ejecutivo aprobará en el Consejo de Ministros una dotación extraordinaria de cinco millones de euros para ayudar a las comunidades autónomas en el proceso de acogida de 200 menores migrantes que se encuentran actualmente en centros de Ceuta dentro del sistema de protección, según ha podido confirmar infoLibre. La idea es que esos menores, que ya estaban en la ciudad autónoma, liberen espacio y recursos suficientes para poder hacer frente a la crisis humanitaria de primer nivel que ha supuesto la entrada de miles de personas durante esta semana a través de la frontera con Marruecos.

Competencias de las comunidades autónomas

En materia de infancia, las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas. Así que los gobiernos regionales podrían oponerse, si lo quisieran, a la acogida de menores. Y, de hecho, ha pasado. En la crisis migratoria de Canarias de principios de año, fue el propio gobierno regional quien llegó a acuerdos bilaterales con otras autonomías, que dieron respuestas muy diferentes. Algunas, como Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura o Asturias no pusieron trabas. Otras llegaron a ofertar dos plazas o incluso una, mientras en el archipiélago se hacinaban más de 2.000 menores migrantes no acompañados.

En esta ocasión ha sido diferente. Al impacto social y mediático de la crisis diplomática y humanitaria de Ceuta, que ha dejado con menos margen de rechazo a la acogida por parte de la mayoría de gobiernos regionales, se ha sumado una propuesta concreta del Gobierno central. En el Consejo Territorial convocado este semana por la ministra Ione Belarra, Derechos Sociales puso sobre la mesa un sistema de reparto equitativo y transparente: en la distribución pesará un 25% la población de la comunidad autónoma, otro 25% su situación económica (paro y renta per cápita), y el otro 50% se decidirá en base a los menores migrantes que ya tenga acogidos cada territorio. La idea del Gobierno es que el drama de Ceuta pueda conseguir al menos que ese sistema quede implantado para futuras crisis y se evite el choque entre autonomías.

Cómo lo ven las autonomías

A pesar de ese sistema, la mayoría de gobiernos regionales se quejan del reparto, con distintos grados de intensidad. A la cabeza de las quejas, como casi siempre, está el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Ayuso se ha mostrado muy crítico por los criterios de ese reparto, según los cuales a Madrid le corresponde acoger a 20 menores. Este viernes, su presidenta exigió ayudas a Pedro Sánchez a cambio de esa acogida, algo que ya se planteó en la reunión del Consejo Territorial del pasado martes y a lo que el Ejecutivo central accedió. 

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A Andalucía le corresponden 13 menores. Aunque la Consejería de Bienestar Social de la Junta, en manos de Ciudadanos, ha aceptado participar en ese reparto, ha criticado, sin embargo, que la comunidad andaluza no esté eximida de acoger a menores de Ceuta al igual que Melilla o Canarias, al ser también territorio de llegada directa de migrantes. Fuentes de la propia Consejería lamentan no haber recibido ni un solo euro en ayudas del Gobierno central desde 2018, así como la inexistencia de unos criterios específicos y equitativos de reparto, algo que el Gobierno central aspira a instaurar ahora.

En la Generalitat Valenciana han hecho pública en repetidas ocasiones su absoluta disposición a la acogida de menores migrantes. Las competencias en ese caso recaen en Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat. La propia Oltra ha exigido al Gobierno central que no se produzca ninguna devolución en caliente en la frontera de Ceuta y ha ofrecido los servicios públicos de la comunidad valenciana para acoger “a todos los menores que hagan falta. Decimos que sí sin saber el número que nos corresponde”.

Desde el Gobierno central resaltan que, por primera vez, unos presupuestos generales del estado cuentan con una partida específica para la acogida de menores migrantes, dotada con 27 millones de euros. El próximo martes se votará en el Consejo Territorial de Bienestar Social el reparto de los 200 menores que ahora residen en Ceuta.

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