El Ejecutivo contempla conceder los indultos antes del verano y reactivar la mesa de negociación a la vuelta de las vacaciones

La decisión en el Gobierno es firme y está tomada desde hace tiempo: habrá indultos para los líderes independentistas encarcelados desde noviembre de 2017. Los informes contrarios tanto de la Fiscalía como del Supremo no harán variar esa hoja de ruta, cuyo calendario también encierra una gran carga política. Los cálculos son que aún pasen algunas semanas hasta que el Gobierno formalice la concesión de la medida de gracia, que en todo caso se oficializaría antes de las vacaciones de verano. Para el arranque del nuevo curso político, allá por el mes de septiembre, quedaría la reactivación de la mesa de diálogo entre el Govern catalán y el Ejecutivo central. Ambas cosas separadas por un período de tiempo prudencial.

En la Moncloa dan por descontado que lo que toca ahora son días de ruido y furia de la derecha, que ya salió en tromba este miércoles tras el anuncio oficioso de Sánchez en sede parlamentaria de que la vía de los indultos va en serio. En el Gobierno tienen asumido ese desgaste y a lo que aspiran, de ahora en adelante, es a marcar los tiempos para evitar que la de los indultos sea una historia escrita y, por tanto apropiada, por la oposición o por los independentistas.

El calendario

Todas las fuentes socialistas consultadas coinciden en que sería una buena idea llegar al nuevo curso político con el asunto de los indultos ya solventado. Sin embargo, no se espera que sea algo inminente. Tras la publicación del informe del Supremo, negativo a esos indultos, lo previsto es que el Gobierno se tome “algunas semanas” en los pasos que quedan por dar a partir de ahora: la Subsecretaría de Estado de Justicia trasladará una propuesta al ministro Juan Carlos Campo, y éste a su vez será el encargado de elevar al Consejo de Ministros una exposición razonada de cada uno de los once expedientes de indulto a los líderes independentistas.

Hay quien señala al último Consejo de Ministros antes del verano como la fecha marcada en rojo. Otras fuentes creen que podría ser antes. En cualquier caso, el objetivo del Gobierno al marcar cuidadosamente los tiempos de los indultos es doble. Por una parte, no regalar a la derecha la escenificación de una cesión al independentismo con una resolución pegada en el tiempo a la reunión protocolaria entre Sánchez y el president de la Generalitat tras la toma de posesión de este último, ni tampoco a la mesa de diálogo entre gobiernos. Por otro lado, creen los socialistas que todo lo que sea arrancar septiembre con este espinoso asunto finiquitado podría facilitar el objetivo de que el nuevo curso esté más marcado por la esperada recuperación económica y el fin de la pandemia, que por el conflicto catalán.

De cara al siempre complicado cuerpo a cuerpo con el independentismo catalán, también hay razones políticas detrás de la idea de que la mesa de diálogo no se reactive hasta después de las vacaciones. Una de las lecturas que se hace en el PSOE de la salida de prisión de los presos del ‘procès’ es que de esta forma se despojará a los independentistas del traje de víctimas, “uno de sus favoritos”, según un alto cargo socialista.

Con los presos en la calle, ese foro de diálogo entre los gobiernos español y catalán podría adquirir mayores dosis de naturalidad si se consigue dejar atrás el capítulo de “la represión”, algo que, según fuentes parlamentarias de los grupos implicados en esa mesa, podría rebajar el nivel de ruido y convertir ese diálogo en un instrumento con el que poder avanzar.

El informe del Supremo y la reacción de las derechas

En la Moncloa ya se daba por descontado que el informe del alto tribunal iba a ser contrario a esos indultos. Y por eso es el propio presidente quien ya lleva día abonando el terreno para comunicar que, en cualquier caso, el Gobierno sigue adelante con su plan.

“Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia”, dijo Sánchez en la sesión de control en el Congreso para justificar que la etapa en la cárcel de los condenados por el ‘procès’, tras tres años y medio entre rejas, debe llegar a su fin. No hubo una mención expresa a la medida de gracia por parte del presidente, pero tampoco hizo falta. Todo el hemiciclo concluyó que se trataba de la confirmación oficial en sede parlamentaria de que el Gobierno tira adelante con los indultos.

Esas palabras de Sánchez y la oficialidad, minutos después, del informe contrario del Supremo, fueron resortes para las tres fuerzas conservadoras, que se lanzaron en bloque a la yugular del Gobierno en contra de la salida de prisión de los políticos presos. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, hablaba de “un informe demoledor del Supremo” que, a su juicio, solo dejan al Gobierno la vía “de la impunidad y el desacato” para llevar adelante los indultos.

En Ciudadanos, su presidenta Inés Arrimadas ha advertido al presidente del Gobierno “que no se le ocurra” materializar los indultos porque “no hay carrera política que merezca esta humillación a España. Cualquier persona digna de ser presidente debe acatar ese informe demoledor del Supremo”. Pocos matices más introducía el portavoz de VOX, Iván Espinosa, que anunciaba que la ultraderecha “ejercerá toda la presión en la calle para frenar” los planes del Gobierno. Los tres partidos han anunciado que recurrirán al propio Tribunal Supremo la concesión del indulto a los políticos independentistas.