Tribunales

El juez de 'Neurona' rechaza investigar la empresa de un miembro del equipo de Irene Montero

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El juez Juan José Escalonilla, a cargo del caso Neurona, ha rechazado investigar la empresa de un miembro del equipo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al considerar que "la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal".

En un auto de 31 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha desestimado la petición realizada por la acusación popular de Pro Lege de investigar si parte de los 363.000 euros que la formación pagó a Neurona Comunidad para las elecciones generales de 2019 regresó a las arcas de la formación morada o a sus dirigentes a través de una empresa cuyo socio único sería un miembro del equipo de prensa de Montero.

"La mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos publicados si la querella que los incorpora no aporta algún indicio añadido de su comisión que pueda ser calificado como accesible y racional", ha explicado.

El magistrado ha reprochado el hecho de que Pro Lege no se limitaba a proponer la práctica de diligencias de investigación con los hechos objeto de investigación, sino que realmente pedía "una ampliación de la investigación a una nueva mercantil" contra la que no se ha dirigido el presente procedimiento.

Podemos pidió al juez que rechazara la petición de la acusación popular y recriminó a Pro Lege que sustentara su solicitud con "diversos recortes de presa de supuestas noticias de hace más de seis meses de fuentes desconocidas".

La investigación

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En el juzgado madrileño, las investigaciones judiciales gravitan sobre el contrato de 363.000 euros que Podemos firmó con Neurona Comunidad por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. El juez Escalonilla cree que pudo ser un contrato simulado, es decir, que no hubo trabajo alguno, para desviar dinero de las cuentas de la formación

Hasta ahora, las pesquisas se han centrado en averiguar si Neurona Comunidad hizo el trabajo para el que fue contratada. La empresa, filial española de la mexicana Neurona Consulting, subcontrató a otra sociedad mexicana, Creative Advice, para que fuera quien realmente prestara los servicios requeridos por la formación política.

Según la información contable que obra en la causa, Podemos pagó en varias transferencias esos 363.000 euros a Neurona Comunidad, que a su vez ingresó 308.257 euros a Creative Advice.

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