El Colegio de Médicos de Madrid, de azote de Ayuso a trampolín de postulados conservadores

Hace solo un año, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) era un quebradero de cabeza constante para el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Principalmente, por sus continuas críticas a los planes del Gobierno regional para hacer frente a la pandemia. "Tiene un lenguaje actual muy parecido al sindical", llegaban a decir desde la Puerta del Sol. Ahora, sin embargo, reina la paz entre ambos bandos. Sobre todo, a raíz del cambio el pasado mes de septiembre en los órganos de dirección de la institución médica. Una nueva legislatura que han arrancado de manera convulsa. En estos nueve meses, las polémicas han acorralado de forma permanente al Icomem, que ha sido utilizado en más de una ocasión como trampolín de postulados ultras en cuestiones como la eutanasia o el aborto, dos asuntos contra los que se ha pronunciado de manera decidida su actual presidente, quien no ha dudado en cargar también en el pasado contra leyes LGTB y lo que llama "ideología de género".

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid, a quien según sus estatutos corresponde "la representación exclusiva de la profesión médica" y la "defensa de sus intereses" en la comunidad autónoma, es una institución con solera. A sus espaldas, más de un siglo de historia. En la actualidad, su censo se sitúa en algo más de 47.000 facultativos. De hecho, son ellos los que aportan la mayor parte del sustento económico con el que sobrevive el colectivo. En concreto, nueve de cada diez euros. El proyecto de presupuestos de la Junta Directiva para el año 2020 situaba los ingresos en los 11,7 millones. De ellos, 10,29 millones llegaban a través de la cuota –va de los 32 a los 76 euros trimestrales– de los asociados. El resto, vía explotación de su sede, formación, servicios a terceros, excursiones y visitas a museos o beneficios de Segurgalen, su correduría de seguros.

Unos colegiados que, sin embargo, apenas se pronuncian cuando llega el momento de las decisiones importantes. Sólo hay que echar un vistazo a las elecciones de la Junta Directiva. En las últimas cuatro citas con las urnas, han votado menos de dos de cada diez facultativos que formaban parte del Icomem. "Se ve poca ilusión a la hora de crear colectivo", explica uno de los profesionales que ha formado parte en los últimos años de la institución. Quizá hayan tenido que ver en esto las continuas polémicas y guerras internas. En la memoria de todos está grabado a fuego lo que sucedió a finales de 2013, con denuncias cruzadas, acusaciones de malversación o despidos. Un enfrentamiento que llevó incluso a la dirección a retirar a la presidenta la tarjeta de crédito oficial con la que se pagaban los gastos de representación y a solicitar internamente a los trabajadores que no tramitasen ninguna orden o notificación suya si no llevaba la firma de nadie más de la Junta.

La institución juega un papel fundamental en el ámbito sanitario en suelo madrileño. Al fin y al cabo, es la encargada de colaborar con los poderes públicos en la "formulación y ejecución de la política sanitaria", de aplicar las "normas deontológicas" que regulen el ejercicio de la medicina o de colaborar en la "definición y actualización" de los criterios de buena práctica profesional. Sus posicionamientos son, por tanto, especialmente relevantes. Es por eso que algunos especialistas ven con cierta preocupación la deriva conservadora que está tomando tras el cambio de dirección. "Ha ganando un tipo que es demasiado conservador incluso para el colectivo médico, que ya de por sí es conservador", apunta al otro lado del teléfono el epidemiólogo Pedro Gullón, que se colegió en abril de 2013 y que ya se ha dado de baja a la vista del nuevo rumbo. Él puede, en tanto que está desarrollando su actividad en el mundo académico. Otros, sin embargo, no tienen esa posibilidad. Si quieren ejercer como médicos, tienen que estar colegiados.

La ambulancia contra el aborto y la "mujer equilibrada"

El experto en Salud Pública explica que antes intentaba sentir la institución como su "casa". Pero ahora, dice, es imposible, le da "vergüenza". Se refiere al cambio experimentado tras la renovación de sus órganos directivos y a las continuas polémicas surgidas a raíz de publicaciones aparecidas en los últimos meses en boletines y revistas vinculadas al Icomem. Esta semana, Seniors, cuyo contenido es decidido por la Vocalía de Médicos Jubilados, introducía a toda página una petición de médicos voluntarios para la Ambulancia Vida, que depende de varios colectivos ultracatólicos. Se trata de un "servicio de ecografía gratuito" que cada sábado se coloca en la puerta de una clínica abortiva "para mostrar a la madre la realidad de su hijo y el latido de su bebé". "La Ambulancia Vida no recibe ninguna subvención. Esas parecen reservadas para las mujeres progresistas y para la federación LGTB", se recoge en la página web del proyecto.

El Colegio de Médicos ya ha dado la orden de retirar el anuncio. Lo ha hecho, dicen, porque "no es un posicionamiento oficial" y porque creen que se ha "malinterpretado". "Simplemente el vocal de los jubilados pensó que podía interesar a jubilados, al igual que el resto de cuestiones, poesías, conciertos... que se les comunica en su boletín de ámbito exclusivamente interno", explicaron a elDiario.es. Solo un mes antes, el Icomem ya tuvo que hacer frente a otro incendio por la publicación de un artículo en su revista Madrid Médico en el que una profesora de derecho administrativo hablaba de la "mujer equilibrada". "Es aquella que, sin renunciar a su ineludible huella psico-materna (materializada o no), desarrolla su vertiente erótico-femenina; que valora la masculinidad y se deja complementar por ella, sabiendo que la alteridad sexual es fundamento esencial para el equilibrio propio y de descendencia", recogía el texto.

Giro respecto a la eutanasia

En ambos casos, estos escritos no suponían un posicionamiento oficial de la institución. Sí que lo hacía, sin embargo, en relación con la eutanasia a comienzos de febrero, semanas antes de que el Congreso aprobara la ley. "El sufrimiento intolerable tiene una escala de respuestas terapéuticas potenciales en la práctica de la medicina que pueden ir desde la adecuación del esfuerzo terapéutico a la sedación paliativa. En algunos pacientes estos tratamientos pueden no ser suficientes. Esta proposición de ley quiere intentar solucionar estos casos. Sin embargo, teniendo en cuenta que el sistema sanitario y social está insuficientemente desarrollado para ofrecer estos tratamientos a los pacientes, se puede generar una cultura en la que se opte por una solución práctica mucho más fácil", recogía en un documento el Comité Científico del Profesionalismo.

La posición matenida por el Icomem en este sentido choca con la postura que defendía hace poco más de un año. En diciembre de 2019, el Colegio de Médicos llevó a cabo una consulta entre sus colegiados para ver el respaldo que tenía una regulación de la eutanasia en el colectivo. El resultado fue claro: siete de cada diez facultativos se mostraron a favor. Y a la dirección no le quedó otra que asumir el posicionamiento mayoritario. "Ahora nos toca defender lo que la mayoría ha dicho, pero respetar y contar con las opiniones de quiénes pueden que no estén de acuerdo", señaló el entonces presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón, quien entendía que la institución tenía que evolucionar, no se podía quedar atrás.

Un presidente contra el aborto

Pero ya no queda nada de todo aquello. Ahora, el máximo representante del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, representa todo lo contrario. En más de una ocasión, este jefe de la Sección de Cuidados Cardiológicos Agudos del Hospital Gregorio Marañón ha defendido que la nueva ley de eutanasia "obliga a los médicos a matar pacientes" o que "cuando un paciente pide eutanasia, en realidad lo que está diciendo es que le cuiden y le presten atención". Unas declaraciones que pusieron a una parte de los colegiados en pie de guerra. En marzo, tres días después de la aprobación de la ley, más de un millar de facultativos estamparon su firma en una carta abierta en la que exigían al doctor que dejase de "utilizar su cargo" para "difundir sus creencias profesionales" y hacer "declaraciones sectarias que cuestionan la ética profesional de los colegiados y deterioran la dignidad, independencia y prestigio social de la profesión".

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Pero Martínez-Sellés no es solo un convencido detractor de la eutanasia. También se ha posicionado en numerosas ocasiones en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. "Estamos fomentando una cultura de la muerte", decía en una entrevista concedida en 2015 al Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Getafe con motivo de su libro Y Dios se hizo..., célula, una conversación en la que deslizaba que se había "magnificado" el "derecho de la vida de la madre". Unos meses después, mostraba también su "enorme preocupación" en la publicación portuguesa católica Família Cristã por la aprobación en la Comunidad de Madrid de la ley LGTB. "La ideología de género está en total contradicción con el conocimiento de la ciencia sobre la biología y la realidad física. Desafortunadamente, esta ideología ya está convirtiendo las escuelas en fábricas de niños sin sexo".

"Estos posicionamientos son preocupantes porque pueden hacer que el Colegio de Médicos trate de poner trabas en los abortos o la eutanasia", señala Gullón, quien también recuerda el giro de la dirección a nivel político. La anterior, dice, venía en parte del movimiento surgido contra la privatización de la sanidad madrileña. Y fue muy crítica con el Ejecutivo de Ayuso en lo referente, por ejemplo, a la desescalada. De hecho, el Gobierno regional llegó a excluir al Colegio de Médicos de una reunión con el sector parar tratar este asunto después de que su presidente señalase que Madrid no estaba preparada para pasar a la Fase 1. "Tiene un lenguaje actual muy parecido al sindical", decía entonces el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, quien antes de asumir el puesto en el Ejecutivo regional había lanzado su candidatura para liderar el Icomem.

Con los cambios de los órganos de dirección, llegó la paz. "Ahora los ataques los han orientado hacia el Ejecutivo central", asevera el epidemiólogo. En octubre, por ejemplo, Martínez-Sellés se mostraba crítico con las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad a Madrid en plena segunda ola. "Es un absurdo", decía, al tiempo que deslizaba que se estaban tomando decisiones sanitarias "no por motivos políticos, sino de otro tipo".