Viviendas alquiler
El Gobierno recurrirá la ley catalana de vivienda haciendo suyo el dictamen unánime del órgano consultivo de la Generalitat
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La decisión está tomada. Tras varios meses de conversaciones entre el Ejecutivo central y el Govern de la Generalitat, el Gobierno de Pedro Sánchez recurrirá finalmente la ley de alquileres de Cataluña ante el Tribunal Constitucional. Lo hará el martes en el Consejo de Ministros, apurando los plazos legales que tenía para ello y basando su decisión en argumentos idénticos a los ya expuestos en su día por el Consell de Garantías Estatutarias catalán. Este órgano consultivo, el de máximo rango autonómico en Cataluña, concluyó por unanimidad que varios artículos de esa ley eran contrarios tanto a la Constitución como al propio Estatut de Cataluña.
Lo más probable es que el Gobierno también solicite formalmente al Constitucional la suspensión inmediata de la norma hasta que el Tribunal se pronuncie sobre el recurso definitivamente. Algo que provocará que deje de regir una ley que entró en vigor en septiembre de 2020, bajo la presidencia de Quim Torra y pese al varapalo que supuso en informe del Consell de Garantías, votado además por unanimidad. La suspensión de la norma, cuyos efectos en el control de precios han sido detallados por varios informes, se va a producir sin que la Ley estatal de Vivienda comprometida por el Gobierno haya visto aún la luz por la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos.
Invasión de competencias
Según ha podido saber infolibre de fuentes conocedoras de la decisión, el Gobierno hará suyo el dictamen del Consell de Garantías. En ese informe se detallaba que varias partes del articulado de la ley vulneraban la Constitución y sobrepasaban los límites del Estatut, invadiendo competencias del Ejecutivo central. En total, el Consell señalaba que once de los quince artículos de la ley y siete disposiciones adicionales traspasaban claramente las competencias autonómicas en materias como la fijación de precios o el cálculo de rentas. Observaciones que se votaron por unanimidad por todos los representantes del ente consultivo.
Ya en el debate parlamentario en Cataluña, el PSC votó en contra alegando una posible inconstitucionalidad. También votaron en contra Ciudadanos y el PP, que fueron quienes trasladaron el texto al Consell de Garantías. El PP también había presentado ya un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar tumbar la norma que ahora será suspendida a petición del Gobierno de Pedro Sánchez. Varias fuentes consultadas conocedoras del recurso que se presentará el martes, explican que no se trata del fondo de la norma, esto es, la regulación de los precios, sino de la invasión de competencias que supone el texto.
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Ley estatal bloqueada
Pero lo cierto es que este recurso del Gobierno a una norma que nació con la intención de regular los precios de la vivienda en alquiler en las ciudades de más de 20.000 habitantes de Cataluña, llegará mientras la ley estatal de vivienda comprometida por el Ejecutivo central acumula ya varios meses de retraso. Y la luz aún no se ve al final de túnel. Mientras el PSOE apuesta por mecanismos que incentiven fiscalmente a los propietarios, Unidas Podemos considera que el acuerdo firmado lo que contempla es la dotación de herramientas legales a ayuntamientos y comunidades autónomas para que directamente puedan regular los precios en las zonas más tensionadas por las subidas abusivas del alquiler. Desde hace cuatro meses esa ley debería estar en período de tramitación parlamentaria. A día de hoy continúa bloqueada por la falta de acuerdo entre los socios de coalición.
Esa falta de acuerdo y la suspensión de la norma catalana provocarán que, en pocos días, la situación respecto al mercado del alquiler sea exactamente la misma que al principio de la legislatura. Es decir, sin ningún tipo de regulación al respecto. Algo que critican duramente desde los Sindicatos de Inquilinos, que este jueves se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados para exigirle al Gobierno una solución. La mayoría de socios parlamentarios del Gobierno se han sumado a la concentración. También Unidas Podemos, como adelantó infolibre.
