Ribera plantea suspender impuestos como vía rápida para abaratar la luz mientras trabaja en una reforma integral del sistema

Este miércoles 16 de junio, el precio de la luz, o más bien, el coste de la electricidad para los consumidores sujetos al mercado regulado, ha alcanzado el tercer máximo registro de la historia del país. Algo falla. Ante la emergencia, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha prometido en el Congreso revisar la fiscalidad para contener el golpe para los usuarios más vulnerables en un suministro básico para la vida. Mientras tanto, su gabinete sigue prometiendo que están trabajando en reformas estructurales para dejar de depender de un mercado que se derrumba cuando las condiciones meteorológicas son buenas y que castiga con demasiada severidad cuando no son tan buenas. El cambio en las reglas de juego para las energéticas está sobre la mesa del Ministerio desde la primera legislatura de Pedro Sánchez. Aún no se ha aplicado. Durante meses, el viento corrió a favor: la eólica y la fotovoltaica abarataron el recibo, por lo que las medidas no parecían tan urgentes. Ahora sopla de cara. 

Transición Ecológica suspenderá, como ya hizo en 2019, el impuesto a la generación de electricidad del 7%. No lo pagan los usuarios directamente, sino las eléctricas, aunque estas repercuten en el precio lo que están obligadas a abonar. El Ministerio no ha respondido a las preguntas de infoLibre sobre si paralizará también el impuesto del 5% que aplica en la factura de la luz, pero no tocará el IVA pese a la petición de organizaciones de consumidores, especialistas en el mercado eléctrico y la derecha parlamentaria. Seguirá en el 21% y aplicable a todo el recibo, no solo a una parte, a diferencia de lo que hace Portugal (con los que compartimos mercado) y países como Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, que aplican tipos que oscilan entre el 10 y el 20% para los consumidores domésticos. 

Los especialistas creen que la paralización o modificación de impuestos es la única manera que tiene Transición Ecológica para hacer bajar la factura de la luz a corto plazo. A largo, tiene otras herramientas. Está tan alto por una mezcla de factores. Por un lado, la subida del precio de la tonelada de CO2 que tienen que pagar las centrales que emiten. Por otro lado, la subida del gas natural que consumen las centrales de ciclo combinado y que marcan los casi 100 kw/h que se pagan a todas las tecnologías. La mayoría del recurso lo obtenemos de Argelia, que ha apretado las tuercas; una dependencia que no tienen países del centro y el norte de Europa. Ellos dependen de Rusia, que en las últimas semanas ha decidido limitar el paso del gas por Ucrania, subiendo también la factura.

El analista Pedro Fresco opina que esto puede explicar que el precio del pool se haya igualado en Europa la última jornada, tras días en los que el mercado eléctrico español ha sido el más caro del continente. Hemos tenido un hándicap, recuerda: tres centrales nucleares paradas que, de funcionar, podrían haber evitado que las centrales de ciclo combinado encarecieran el pool hasta máximos históricos y casi nunca vistos. Todo eso si se descarta la manipulación del mercado por parte de las empresas: hay sospechas por parte de algunos expertos, pero ninguna prueba o evidencia, y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) está, como siempre, ojo avizor para detectar cualquier irregularidad. 

No son factores que se puedan modificar a corto plazo, explica Fresco. Los impuestos sí. La tasa del 7% se puede paralizar sin una pérdida considerable de recaudación. Además, "no pasa nada por bajarle el IVA a la electricidad", opina: pero añade que no puede ser una decisión tomada en caliente o de emergencia, sino parte de una modificación bien pensada que probablemente no pueda estar lista de un día para otro. "Bajar el IVA del término fijo y mantener el IVA de la parte variable no afectaría a las políticas de eficiencia energética", asegura. Es decir: que se puede bajar la fiscalidad de la parte del recibo que pagamos siempre, consumamos más o menos, y mantener en el mismo 21% la parte que pagamos en función de nuestra demanda de energía. Así, se sigue manteniendo el principio clave: quien consume más, paga más, y se sigue incentivando el ahorro.

El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, está de acuerdo. "Lo único que podemos hacer a corto plazo es modificar los impuestos. El primero, que ya se hizo, la suspensión del 7% a la generación. El otro, el más gordo y el más lógico, es la bajada del IVA, pero con la Iglesia hemos topado", lamenta. Cree posible poner dos tipos de IVA, uno para la parte fija y la parte variable, pero considera que se trataría de un lío difícil de entender para el consumidor, que ya se ve y se las desea para descifrar la factura. Lo más fácil, considera, es mantenerlo para el 70% de la demanda, la de las empresas, y llevarlo al 10% para el usuario doméstico. 

Dos leyes ya anunciadas y un impulso renovable que acelerar

Fresco sigue en sus trece. La verdadera solución de fondo es instalar más renovables, cuyo coste de generación de la electricidad es bajísimo, para tirar hacia abajo el precio del mercado. En el sistema marginalista, que compartimos con el continente, el precio de la tecnología más cara –ahora, el gas natural, durante mucho tiempo fue el carbón– marca lo que cobran el resto de tecnologías y lo que pagan los consumidores. Cuanta más eólica y fotovoltaica, más capacidad tendrán para asumir toda la demanda y que no sea necesario encender las centrales de ciclo combinado para que toda España pueda encender sus bombillas. Pero en la actualidad, el despliegue de los paneles solares no es suficiente para compensar la falta de viento. No se aprovecha del todo la natural radiación solar de junio, julio, agosto y septiembre.

El boom de la fotovoltaica, posibilitado por la drástica caída de costes, se encuentra con dos principales frenos. Por un lado, la capacidad del sistema eléctrico para llevar mediante su red de alta tensión la electricidad generada a todos los puntos donde se requiere no es suficiente. Hay muchas más peticiones de instalación que posibilidades reales. Y, por otro lado, muchos habitantes de zonas rurales de toda la Península están manifestando en los últimos meses su rechazo a los proyectos de centrales renovables, ante el temor de que puedan afectar no solo a la biodiversidad y el paisaje del entorno, sino también a su modo de vida. 

Pero más allá de bajar los impuestos y de seguir empujando para contar con cada vez más renovables, hay medidas que se pueden tomar a medio y largo plazo, probablemente de 2022 en adelante. Dos de ellas han sido tomadas ya, y quizá habrían disminuido el impacto en comparación con Europa de haberse aplicado antes. Una es la supresión de los llamados beneficios caídos del cielo. El gas marca el precio que perciben centrales ya amortizadas (construidas antes de 2005) y que gastan muy poco para generar electricidad: hidroeléctricas y nucleares. Las instalaciones de ciclo combinado pagan por el CO2, pero estas no, y el Gobierno considera injusto que tanto las hidroeléctricas como las nucleares cobren por esas emisiones sin abonar su coste. Por lo tanto, les obligará a un recorte en los beneficios... a partir de 2022, si se aprueba el anteproyecto de ley. 

Otra medida a futuro que prepara el Gobierno es la creación del Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, mediante el cual las energéticas se harán cargo de los peajes que actualmente se aplican en la factura para sostener el impulso a las renovables o sufragar las dificultades de distribución en las islas. Pero, de la misma manera, de aprobarse solo se aplicaría a partir de 2022. "No entiendo cómo no se han gestionado como decreto ley", dada la urgencia, critica Ferrando. 

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Pero el presidente de la Fundación Renovables va más allá. ¿Por qué seguir manteniendo un sistema marginalista donde los combustibles fósiles, sus restricciones, sus limitaciones y su contaminación siguen marcando el precio de la electricidad?  Es cierto que funciona así en todo el continente y modificarlo para siempre y desde la raíz implicaría conversaciones políticas de años de duración. Pero cada Estado miembro tiene margen para paliar sus efectos, consideran algunos analistas. Ferrando defiende sacar a las nucleares y las hidroeléctricas del pool, fijando con ellas un precio fijo a cobrar siempre, en base a la media de los últimos años. Así, asegura, bajaría la factura y no sufriría tantos vaivenes. "De hecho, ya se está haciendo en Francia", recuerda. Lo mismo se hizo en España en enero con las nuevas renovables, que han pactado con el Gobierno una cuantía estable. 

Fresco cree que sería viable, pero que "tiene más problemas jurídicos que lo que se ha hecho y tampoco sería inmediato". Endesa e Iberdrola, como se ha demostrado con el fin anunciado de los beneficios caídos del cielo, no están dispuestas a dejar de percibir casi 100 euros por el kilovatio/hora que genera una central hidroeléctrica amortizada. La actuación, denominada "subasta de tecnología" ha sido defendida en varias ocasiones por la economista y experta en el mercado eléctrico Natalia Fabra, que la incluyó en el informe del organismo al que perteneció: el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (Capte). En 2018 mandaron sus conclusiones al primer Gobierno de Sánchez. 

Desde hace tres años, Ribera, que opina también que el sistema actual es un sinsentido injusto, tiene en su cajón las conclusiones del Capte. Aún no ha abordado una reforma eléctrica integral que las incluya. Aunque desde Transición Ecológica se insiste: están en ello. Además de los dos anteproyectos anunciados, habrá un cambio sistémico. "El coste de contaminar ha de pagarlo quien contamina y no lo deben pagar injustamente las familias financiando los enormes beneficios que genera la energía limpia", ha asegurado la vicepresidenta este jueves en el Congreso.