Quirón reclama en los tribunales siete millones al Gobierno de Ayuso por dos de los hospitales privatizados de Aguirre

La gestión de los hospitales privatizados de la época de Esperanza Aguirre se enreda en los tribunales. El gigante sanitario Quirón Salud, que controla cuatro de esas infraestructuras distribuidas por toda la región, ha decidido llevar a la administración madrileña ante la justicia para reclamar el pago de siete millones de euros que la compañía considera que se le debe en relación con los servicios proporcionados en los centros de Villalba y Valdemoro. El pleito, sostienen desde el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso a preguntas de infoLibre, se debe a "discrepancias en la liquidación". Por el momento, el Gobierno regional ya ha puesto la cantidad demandada sobre la mesa. Lo ha hecho después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptase a finales de abril las medidas cautelares reclamadas por el principal grupo de la sanidad privada. Ahora, explican desde la Consejería de Sanidad, ambas partes se encuentran a la espera de que los magistrados entren a resolver el fondo de la cuestión.

La Ley de Contratos del Sector Público obliga a la administración a abonar el "precio" convenido con una compañía para la prestación de una serie de servicios en el plazo de un mes desde la aprobación de las correspondientes certificaciones. Si no lo hace, la empresa podrá reclamar por escrito el cumplimiento de esa obligación de pago y los intereses de demora. En caso de que no haya respuesta, se abre automáticamente la puerta al recurso contencioso-administrativo. Este es, justamente, el camino por el que transita ahora mismo Quirón Salud en relación con dos de los centros privatizados que gestiona. El primero de ellos es el Hospital General de Villalba, abierto en octubre de 2014, con Ignacio González en la Puerta del Sol. A través de la firma IDC Servicios Villalba, el gigante sanitario reclama a la Comunidad de Madrid 3,28 millones de euros –se incluyen los 3,2 millones de deuda principal y 80.038,81 euros en concepto de intereses moratorios–.

Desde la Consejería de Sanidad explican a este diario que el pleito gira alrededor del "abono del IVA" correspondiente al ejercicio de 2020 "en las facturas a los servicios no sanitarios" del centro hospitalario. "Discrepancias en la liquidación", se limitan a señalar desde el departamento dirigido por Enrique Ruiz Escudero, desde donde no dan muchos más detalles sobre el contenido del procedimiento judicial. El Hospital General de Villalba, inaugurado por el Ejecutivo madrileño tres años más tarde de la fecha prevista inicialmente, se ubica al noroeste de la capital, en el término municipal de Collado Villalba. Con 140 habitaciones individuales, ofrece asistencia a cerca de 110.000 ciudadanos de los municipios de Becerril de la Sierra, Collado Mediano, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos y, por supuesto, Collado Villalba, el más poblado de todos ellos.

No son las únicas "controversias jurídicas", en palabras de Sanidad, que el grupo tiene con el Ejecutivo regional. El gigante sanitario también ha llevado a la administración madrileña ante la justicia en relación con el Hospital Universitario Infanta Elena. En este caso, Quirón Salud reclama al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pago de 3,93 millones de euros –intereses moratorios incluidos–. Y no por cuestiones relacionadas con los últimos ejercicios, como en el caso anterior, sino por diferencias en lo relativo a "la liquidación" del año 2014 "de la asistencia sanitaria especializada". Inaugurado en noviembre de 2007, a pocos meses de que Aguirre consiguiese su segunda mayoría absoluta en las urnas, el centro se ubica en el municipio de Valdemoro y da asistencia sanitaria a sus habitantes y a los de las localidades de Ciempozuelos, Titulcia y San Martín de la Vega. En total, alrededor de 110.000 vecinos, según las cifras que ofrece el hospital.

A finales de abril, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó al Servicio Madrileño de Salud llevar a cabo el "pago inmediato" de la "deuda reclamada" –7,2 millones de euros en total–. Lo hizo a través de dos autos, a los que ha tenido acceso este diario, en los que los magistrados aceptaron las medidas cautelares solicitadas por el grupo sanitario. "La administración no ha acreditado que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible", recogían ambas resoluciones judiciales. En la reunión del pasado 9 de junio, el Consejo de Gobierno dio luz verde a ambos desembolsos. "Es lo que establece el tribunal de forma cautelar hasta que se dirima [el fondo del asunto]", apuntan desde la cartera que lidera Ruiz Escudero.

Este diario ha intentado recabar la versión de Quirón Salud sobre estos pleitos relacionados con el General de Villalba y el Infanta Elena. Entre las preguntas trasladadas, infoLibre también se ha interesado por el número de procedimientos judiciales que en este momento tiene abiertos el grupo contra la Comunidad de Madrid por los hospitales que gestiona y por las cantidades totales que reclama en todos ellos. El grupo, sin embargo, ha declinado pronunciarse.

No es la primera vez que el gigante de la sanidad privada lleva al Ejecutivo regional a los tribunales. Con Cristina Cifuentes en la Puerta del Sol, Quirón interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Sermas después de que la Viceconsejería de Sanidad rechazase compensarle económicamente para restablecer el equilibrio financiero del contrato de gestión del Hospital de Valdemoro, con el que se hizo el grupo Capio en 2006 y con una duración de treinta años. En concreto, la empresa, tal y como adelantó El Confidencial, reclamaba a la administración regional 40 millones de euros: 14,5 millones por la dispensación hospitalaria de fármacos a pacientes externos, 4,5 millones por lo mismo pero para pacientes no hospitalizados, 19,5 millones por pruebas diagnósticas y analíticas y 1,4 millones por incremento del IVA. El recurso, sin embargo, fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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El Ejecutivo de Ayuso ya cerró 2020 acordando el abono de 11,6 millones de euros a Quirón para cubrir los gastos derivados de la liquidación correspondiente a 2015 de los contratos de gestión de la asistencia sanitaria especializada del Infanta Elena y el Hospital Rey Juan Carlos, otro de los centros en manos del grupo que se encuentra ubicado en Móstoles y atiende a unos 174.000 ciudadanos. A raíz de la liquidación del ejercicio de 2014, explicaron entonces a este diario desde la Consejería de Sanidad, surgieron "diferencias interpretativas del alcance técnico y jurídico del contrato" que no quedaron resueltas hasta finales de un año marcado a fuego por una pandemia que ha segado decenas de miles de vidas y ha metido un golpe brutal a la economía y las cuentas públicas en España y en todo el mundo.

Los pagos efectuados constituyen un importante eslabón de una larga cadena de desembolsos. Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid fechado también en diciembre del año pasado cifraba en nada menos que 769,29 millones lo que la Comunidad de Madrid estima como cantidades relativas a "liquidaciones pendientes" desde 2015 con seis hospitales gestionados de forma indirecta, cinco de ellos funcionando bajo concesión a empresas privadas. De esa media decena, cuatro están gestionados por Quirón Salud: Fundación Jiménez Díaz y los tres centros del denominado modelo Alzira –Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba–. 

Estos tres últimos funcionaron durante años bajo la batuta de IDC, el grupo que alcanzó notoriedad bajo la denominación Capio y que hace ocho años era propiedad de cinco empresas domiciliadas en las Islas Caimán –oficialmente ya no es paraíso fiscal– y por tanto completamente opacas en cuanto a su accionariado. En 2014, la firma se fusionó con Quirón. Y ambos juntos levantaron Quirón Salud, cuyo dueño es ahora mismo el grupo alemán Fresenius. Desde entonces, es el líder indiscutible de la sanidad privada en España. Según el último informe de la fundación IDIS, que ejerce como lobby y think tank del sector, se estima que facturó en 2020 3.475 millones de euros. Seis veces más que sus competidor más cercano, Vithas, que se estima que facturó en el mismo ejercicio unos 567 millones de euros.