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Comunidad de Madrid

El PP se excusa en la gestión deficiente para controlar Telemadrid mientras la oposición lo califica de "cacicada"

La diputada del PP Almudena Negro.

La política madrileña ha dado este miércoles el pistoletazo de salida antes del parón estival. Y lo ha hecho abordando la reforma de la radiotelevisión pública, la primera proposición de Ley impulsada por el Grupo Parlamentario Popular con la que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso busca tomar el control de Telemadrid de manera inmediata. Durante algo más de una hora, los diferentes partidos han mantenido un encendido debate. Los conservadores han defendido a capa y espada su iniciativa, argumentando que los cambios normativos están orientados a “garantizar la pluralidad e independencia al tiempo que se avanza hacia una gestión eficiente”. La oposición, por su parte, ha calificado el movimiento de “cacicada”, un intento de “toma de control al abordaje” para regresar a época “oscura” de Esperanza Aguirre. La reforma, tramitada por el procedimiento exprés, recibirá previsiblemente luz verde por parte de la Asamblea de Madrid a última hora de la tarde. Lo hará gracias a la abstención de Vox, un partido que en las últimas semanas afirmaba que la iniciativa le generaba dudas jurídicas.

El primer Pleno ordinario en la Cámara de Vallecas tras las elecciones del 4 de mayo estaba marcado a fuego en el calendario del Gobierno conservador. Era el día elegido para consumar la toma de Radio Televisión Madrid (RTVM), la primera iniciativa elegida por los conservadores de cara a esta legislatura. Tras la sesión de control al Gobierno, el asunto comenzó a abordarse en el hemiciclo. Primero, se sometió a votación si la reforma se tramitaba por lectura única –como pidió el PP–, un procedimiento que impide que el resto de grupos puedan presentar enmiendas y que permite resolver toda la tramitación en una sesión plenaria. Salió adelante gracias a los votos a favor del Grupo Parlamentario Popular y la puesta de perfil de la ultraderecha. Con este primer trámite resuelto con éxito –63 votos a favor, 56 en contra y 13 abstenciones–, se abrió en Vallecas el debate.

La encargada de defender la reforma fue la diputada conservadora Almudena Negro. Durante algo menos de quince minutos, la parlamentaria aseguró que ellos lo que buscan es “mejorar” la radiotelevisión pública. “Garantizar la pluralidad e independencia al tiempo que se avanza hacia una gestión eficiente”, dijo Negro, quien señaló que en la radiotelevisión madrileña “se han producido abusos de la ley” por parte de los “órganos directivos”. La diputada preguntó por qué RTVM sigue “sin apoyar la producción madrileña” o por qué “no existen protocolos de fact checking”: “Nos hubiéramos ahorrado el espectáculo de las últimas horas”. La parlamentaria se refería a la noticia sobre la existencia de un fallo informático del Servicio de Salud que dejaba al descubierto datos de miles de ciudadanos. Una brecha de seguridad, desvelada por Telemadrid, que el Ejecutivo regional negó y reconoció al mismo tiempo y que la televisión ha llevado ante la Fiscalía.

Negro, aquella que hace un año llamaba al orden al director de Telemadrid por ser desleal con “el Gobierno para el que trabaja”, también defendió que lo que se busca con la nueva figura del administrador provisional es “evitar un vacío legal” cuando “las minorías” impidan “la renovación” de los órganos de dirección. “¿A qué interés sirven? ¿Quieren generar inestabilidad en Radio Televisión Madrid?”, preguntó al respecto a los grupos de la izquierda. Pero lo cierto es que con la norma actual no se produce ningún vacío. Cuando finaliza el mandato del director general y no se dan los consensos entre grupos para su renovación, éste continúa al frente del ente público de forma provisional. No solo en suelo madrileño, sino en la inmensa mayoría de regiones que tienen cadenas y emisoras públicas autonómicas. “La reforma planteada es la única alternativa posible que garantiza la independencia, la objetividad, sin que esté al servicio del poder y sin que nadie pueda adueñarse de ella”, concluyó la defensa del Grupo Parlamentario Popular.

Luego, llegó el turno a la oposición. Esa izquierda que, según la diputada del PP, viene al hemiciclo a aburrir “con su moralina”. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos se negaron con firmeza a comprar el discurso de los conservadores. “Quieren que Telemadrid vuelva a ser la televisión oscura de la época de Esperanza Aguirre. Esta ley representa la nostalgia de los reaccionarios”, apuntó desde la tribuna de oradores Vanessa Lillo, diputada de UP. Los tres grupos coincidieron en señalar que con esta reforma se está firmando la sentencia de muerte del ente público, un “golpe muy duro” que, dicen, afectará a una “credibilidad” que Telemadrid ha conseguido ir recuperando a raíz de los cambios impulsados en 2015 por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes. “Lo que buscan es controlar la información para evitar que se cuenten cosas y con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas”, afirmó la diputada socialista Isabel Aymerich.

Desde la oposición también denunciaron el procedimiento elegido para la tramitación de la reforma: la lectura única. “Tienen prisa para tomar al abordaje Telemadrid”, dijo Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid. Y no se olvidaron de poner el foco sobre la extrema derecha y su “teatralización”. “No se puede soplar y sorber a la vez. Abstenerse significa apoyar esta modificación, con su abstención permiten este atropello. Por eso, también son responsables. Ya nos enteraremos a cambio de qué”, apuntó Lillo. “Tenemos a la única extrema derecha pagafantas de Europa”, completó Abarca.

Los ultras también fijaron posición en el debate. “Será una abstención activa y militante”, resumió dijo el diputado de Vox José Luis Martínez Bartolomé. Lo hizo después de hablar de eutanasia, de chiringuitos y de los cursos de formación en Andalucía. Y tras criticar que con su reforma, esa misma que previsiblemente saldrá adelante con su puesta de perfil, los conservadores estén buscando una “intervención política” de la radiotelevisión pública, una “pura y dura toma de control”. “No han tenido ni el pudor ni la prudencia. Si fueron ustedes los que recurrieron el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de TVE. Además, se están enmendando a sí mismo. La reforma de 2015 –que ahora se busca cambiar– fue defendida con ardor por Isabel Díaz Ayuso”, señaló Bartolomé. Y dicho esto, avisaron: “Ahora deben decidir con quién quieren ir de la mano en Telemadrid”.

La proposición de Ley, que será sometida a votación a última hora de la tarde, mete mano a tres artículos de la norma actual. Por un lado, expulsa a los colectivos de profesionales de la elección de los miembros del Consejo de Administración. Por otro, reduce el mandato del actual director general de Telemadrid, un cargo que ahora ocupa José Pablo López, de seis a cuatro años, un cambio que, gracias a una disposición transitoria incluida en la iniciativa, provocaría la caída inmediata del actual jefe de la empresa pública. En cuanto el texto entre en vigor, el mandato de López estaría automáticamente concluido. Entonces, el Ejecutivo nombraría a dedo a un administrador provisional, que comenzaría a ejercer al día siguiente de su nombramiento con funciones plenas y que tendría que ser ratificado en la Asamblea con mayoría absoluta –ahí el PP sí que necesitaría el voto a favor de la extrema derecha–.

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