Casado y Abascal pugnan por apuntarse el tanto de la anulación del estado de alarma que PP y Vox apoyaron sin reservas

El Tribunal Constitucional ha vuelto a dar la razón a Vox. Es la segunda vez en poco tiempo, pero a pesar de las celebraciones de la derecha extrema en ninguno de los dos casos ha dado satisfacción a sus demanda de fondo porque no ha fallado, como la la extrema derecha pretendía, que el vicepresidente de Asuntos Sociales no pueda formar parte de la comisión del Gobierno encargada de hacer un seguimiento de las actividades del CNI, ni tampoco ha dicho que no debió confinarse a los españoles para hacer frente a la pandemia.

Lo que sí ha sentenciado el Alto Tribunal, por un sólo voto de diferencia y en medio de una gran polémica doctrinal entre sus miembros, es que el Gobierno no utilizó para ello la legislación correcta. Que debía haber recurrido a una declaración aún más dura, la del estado de excepción, que hubiese obligado a demorar el inicio del confinamiento disparando la propagación del virus.

El Gobierno no hizo lo correcto, según el TC, pero tampoco el Congreso, que el 25 marzo de 2020 validó por una amplísima mayoría el decreto del estado de alarma que ahora el Alto Tribunal acaba de anular. Votaron a favor 321 diputados (los de PSOE, PP, Vox, UP, Cs, PNV, MP, BNG, CC, NC, UPN, Foro, TE y PRC), nadie votó en contra y se registraron 28 abstenciones (ERC, JxCat, EH Bildu y CUP).

El PP, que no acudió al TC, y Vox, que sí lo hizo, tratan ahora de rentabilizar cada uno por su cuenta el durísimo revés sufrido por el Gobierno y el Congreso trasladando la tesis de que la coalición liderada por Pedro Sánchez abusó de su poder. A pesar de que los dos partidos apoyaron en marzo de 2020 la decisión. Y no sólo con sus votos, también de palabra. Aunque semanas después retiraran su respaldo, descontentos no con la fórmula elegida —la alarma— sino con su duración, que consideraban desproporcionada.

El debate sobre el decreto, celebrado el 18 de marzo de 2020, es muy ilustrativo. En él ni Pablo Casado ni Iván Espinosa de los Monteros, los portavoces del PP y de Vox en la sesión, criticaron la decisión. Más bien todo lo contrario.

Casado, el mismo que lleva más de un año cuestionando todas y cada una de las medidas que ha tomado el Gobierno en relación con la pandemia, proclamaba entonces su voluntad de responder con unidad a la crisis sanitaria.

Estas son algunas de las expresiones que utilizó en su discurso: “Señor Sánchez, le digo que no está sólo en la batalla contra esta pandemia; para combatirla puede contar con el jefe de la oposición y del Grupo Popular”; “ahora es el momento de tender esos lazos con los españoles” o “usted es el presidente del Gobierno de una nación atacada por un enemigo invisible e implacable, pero, a diferencia de otras graves crisis del pasado, esta batalla la afrontamos juntos”.

“El pueblo español”, le dijo también, “será una gran familia unida y le respaldaremos en las medidas para proteger la salud pública y para atenuar las repercusiones económicas y sociales, incluso en aquellas medidas que podamos considerar mejorables o que llegan tarde”. “Ahora debemos arrimar todos el hombro y remar en la misma dirección, también desde las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por nuestro partido, que están actuando con absoluta lealtad institucional”. “Va a encontrar más lealtad en nosotros que en sus propios socios de Gobierno y de investidura. Y si en cualquier momento ellos tratan de condicionar la puesta en marcha de una medida urgente y necesaria para España, aquí tiene nuestros votos para aprobarla”. “Soy presidente de un partido que volverá a estar a la altura de las circunstancias y que demostrará de nuevo que sólo le guía el interés nacional y el bien común de todos los españoles”.

El boicot activo de la Comunidad de Madrid, liderada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a las medidas impulsadas por el Gobierno, llegaría después. También los vaivenes del PP, reclamando el mando único cuando no estaba en vigor y rechazándolo cuando existía.

Casado dejó claro aquel día su apoyo al estado de alarma. “Desde el Partido Popular le hemos apoyado en todo momento, incluso sin conocer el contenido. Le llevábamos pidiendo desde el principio de esta crisis un mando único que coordinara con eficacia las actuaciones para atajar esta grave crisis”, subrayó desde la tribuna de oradores.

“Le apoyaremos en las restricciones”

Y pidió a Sánchez que lo ejerciera sin contemplaciones: “Sólo le pedimos que no le tiemble el pulso y que lo use con firmeza y con determinación contra la pandemia y frente a quienes pongan impedimentos para luchar contra ella”, en referencia a los partidos independentistas que recelaban de la medida y sin imaginar que sería Díaz Ayuso quien más se iba a rebelar contra el mando único. “Le apoyaremos para que garantice el orden público y las restricciones dictadas sin límites territoriales o competenciales, y les pedimos que el Ejército se despliegue por todo el territorio nacional sin ceder a presiones nacionalistas”, añadió.

También ene ste se le adelantó el presidente de Vox, Santiago Abascal, que seis días antes del Pleno había despejado cualquier duda sobre la opinión que le merecía el estado de alarma de cuya anulación por el TC ahora de jacta. A través de Twitter exigía entonces al presidente del Gobierno que decretase ya el "estado de alarma" en España ante el avance del virus. Sánchez, escribió, “sigue sin entender nada. No es cuestión de dar consejos a las comunidades autónomas sino de tomar medidas. ¡Asuma responsabilidades en toda la Nación!”, decrete "el estado de alarma" y ponga "todos los recursos a detener la pandemia”, demandó.

Así que el día del debate en el Congreso, a Espinosa de los Monteros no le quedó más remedio que apoyar la iniciativa, reclamar la paternidad del estado de alarma y considerar una “buena noticia” que el Gobierno “finalmente haya adoptado tantas propuestas sensatas que hicimos en semanas anteriores. Era inevitable. El realismo se impone a la ideología por su propio peso”.

“No queremos recordar ahora lo que se nos llamó cuando propusimos desde el principio cerrar nuestras fronteras, recuperar el control y la unidad de toda España en detrimento de las diecisiete divisiones, aprovechar la experiencia y la preparación de nuestras Fuerzas Armadas, centralizar la sanidad o convertir a España en un país euroexigente para demandar de la Unión Europea el apoyo que merecemos”, enumeró. “Lo importante es que finalmente ustedes lo han hecho y más vale tarde que nunca. (...) Lo importante es que lo han hecho finalmente todo, aunque sea ahora, porque lo importante ahora, efectivamente, es acabar con el virus”.

PP y Vox respaldaron el estado de alarma. Y todas las medidas que lo acompañaron. Sólo echaron en falta una: una rebaja fiscal generalizada que compensase parcialmente las pérdidas del sector privado durante el confinamiento. “Echamos en falta más medidas de apoyo a los autónomos para cancelar su cuota si no ingresan durante el cese de actividad”, decía Casado. “También consideramos que hay que hacer un plan de choque fiscal”.

La derecha extrema también la pedía. “Le solicitamos un plan inmediato de ayudas a las familias y a las empresas reduciendo radicalmente sus impuestos. Es necesario un plan de contingencia fiscal que permita reducir las cargas impositivas a todos”, subrayó en su discurso el portavoz de Vox.

La hemeroteca demuestra que Pablo Casado no sólo respaldó el estado de alarma en sus inicios —aunque con el paso del tiempo fuese marcando distancias, siguiendo la estela de Vox— sino que en ningún momento mencionó la necesidad de contar con la ley de pandemias que reclama insistentemente desde hace meses.

Una norma que, de ser aprobada, quedaría aún más por debajo de las garantías exigidas por el Tribunal Constitucional a la hora de blindar los derechos fundamentales, porque otorgaría a cualquier administración—no sólo al Gobierno central— la capacidad de dictar confinamientos sin necesidad de pasar siquiera por el Congreso, como sí exige la declaración del estado de alarma.

Confinamiento sin control legislativo

Volvió a hacerlo este jueves, a las puertas del Palacio Real, nada más terminar el homenaje oficial a las víctimas sanitarias durante la pandemia. Allí mismo aseguró, contra toda evidencia —a falta de conocer el detalle de la sentencia— que el Constitucional apoya la necesidad de una ley de pandemias ”que permita limitar la movilidad y tomar medidas para frenar los contagios cuanto antes”. La sentencia del TC, afirmó, “ratifica nuestra posición. El marco legal que se utilizó en los peores momentos [de la pondemia] no fue el adecuado”.

A pesar de que, de acuerdo con la información disponible, lo que ha dicho el Alto Tribunal es que la declaración del estado de alarma fue insuficiente y debió acudirse a la declaración del estado de excepción, aún más garantista a la hora de limitar la movilidad de los ciudadanos, Casado sigue defendiendo que eso mismo se puede hacer por ley orgánica. Modificando apenas un artículo de la ley de medidas especiales en materia de salud pública del año 1986.

Si el Gobierno quiere, España puede tener “en quince días” un “procedimiento legal para la quinta ola”, aseguró Casado. Una fórmula que, de acuerdo con la propuesta del PP, permitiría “a las autoridades sanitarias de las distintas administraciones públicas”, sin control legislativo ni judicial alguno, limitar “el derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como el derecho de reunión”, dándoles además la capacidad de adoptar cualquier otra medida que “consideren necesaria en caso de riesgo de carácter transmisible”.

La reacción de Vox, pese a que también apoyó la aprobación inicial del estado de alarma e incluso reivindicó la idea, fue volver a pedir elecciones anticipadas. “No estamos para celebrar la sentencia, no podemos hacerlo porque se ha constatado que el Gobierno está dispuesto a incumplir las leyes y a pisotear la Constitución”, declaró Abascal pasando por alto que fue el Congreso quien aprobó la medida a propuesta del Ejecutivo.

Ciudadanos, en cambio, que también respaldó la declaración del estado de alarma, lo que propone no es la ley de pandemias que reclama el PP sino una reforma de la ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio de 1981. Lo pidió su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, para que las autoridades puedan tomar medidas frente a futuras pandemias sin que puedan ser anuladas por el Tribunal Constitucional. Pero según Bal, el Gobierno de Sánchez siempre se ha negado a reformar esta ley para dar “mayor poder al Estado frente a las comunidades autónoma” porque “eso enfadaría a sus socios nacionalistas y separatistas”.

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El número dos de Ciudadanos sostiene que el problema jurídico de fondo se basa en “el defecto de claridad” de esa ley porque ni el estado de alarma ni el estado de excepción “casan perfectamente con los hechos que se han padecido en España” durante la pandemia.

La norma, explicó en línea con lo que defiende el Gobierno, establece que, ante una epidemia, el Ejecutivo puede declarar el estado de alarma. Pero el Tribunal Constitucional sostiene que si es necesario confinar a la población hay que aplicar el estado de excepción, un instrumento, reconoció, que no esté pensado para crisis sanitarias, sino para situaciones de grave alteración del orden público.

“Reformemos la ley y demos claridad al sistema”, reclamó en una entrevista en Onda Cero, porque la propuesta del PP —la ley de pandemias— sería “una bofetada al sentido común de cualquier jurista”. “Planteaban un plan B que no iba a aguantar ni cinco segundos en el Tribunal Constitucional porque no tenia garantía ninguna”.