La exministra de Aznar que dictará sentencia en el Tribunal de Cuentas por el 'procés' exoneró a Botella y Maroto

El 27 de junio de 2019, un juez de instrucción ordenó abrir juicio penal contra el antiguo gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) de Madrid, al que atribuye cuatro delitos por la venta de 1.860 viviendas a un fondo buitre en 2013, con Ana Botella como alcaldesa. A las tres semanas, el Tribunal de Cuentas anuló la condena del ámbito contable, no penal –pagar  una sanción de más de 25 millones– que en primera instancia y por la venta a ese fondo, Blackstone, había impuesto el mismo organismo a políticos y directivos municipales: entre ellos, el antiguo gerente de la EMVS que ahora tendrá que sentarse en el banquillo, Fermín Oslé. Y, sobre todo, Ana Botella. Esta segunda resolución salió adelante gracias al voto de dos de los tres consejeros del Tribunal de Cuentas que emitieron este segundo dictamen. Y uno de los dos fue la exministra de Justicia del primer Gobierno de Aznar: Margarita Mariscal de Gante.

Tres años antes, el Tribunal de Cuentas ya había revocado una sentencia previa dictada por el organismo sobre un caso con múltiples analogías: el hoy portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, y el exalcalde de Vitoria Alfonso Alonso vieron anulada su condena gracias al voto de Mariscal de Gante y del otro consejero que luego salvó a Ana Botella.

Magistrada, miembro del órgano de gobierno de los jueces (CGPJ) a propuesta del PP entre 1990 y 1996 y diputada también por el PP una vez cesó como ministra en 2000, el nombre de Mariscal ha vuelto al primer plano. Porque será ella quien como consejera del Tribunal de Cuentas dicte la primera sentencia sobre si en relación a los gastos del procés antiguos cargos de la Generalitat catalana incurrieron en lo que se denomina "responsabilidad contable": distinta a la penal pero llena de riesgos porque el condenado puede verse obligado a abonar cantidades millonarias de su bolsillo. Por ejemplo, al fugado Carles Puigdemont y al resto de los cargos involucrados en este caso el Tribunal de Cuentas ha impuesto ya, antes de que exista sentencia, una fianza que en total representa más de 20 millones.

La hemeroteca ofrece trazos del perfil conservador de Mariscal de Gante. Por ejemplo, ya como ministra se mostró favorable a aupar como jefe del ministerio público en la Audiencia a un fiscal del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, Luis Poyatos. Al final, no lo nombró para el cargo. Pero la sombra del siniestro TOP planeó sobre la escena política y puso sobre el mantel dos datos: que su padre había sido juez del TOP. Y que en noviembre de 1981 había convocado, junto con otros jueces y fiscales, un homenaje a Adolfo de Miguel, defensor de algunos de los acusados en la intentona golpista del 23-F. En junio de 1996 y en una entrevista con El País, el periodista le preguntó si, habiendo pertenecido a la APM, la mayoritaria y conservadora asociación de jueces, le molestaba que la llamasen así: conservadora. Mariscal de Gante contestó que no, "si quien me lo dice cree que el conservadurismo no es malo". Cuando hace unos días el presidente del Gobierno calificó de "anacronismo" que una exministra de Aznar sea quien vaya a decidir sobre los expedientes de los exresponsables políticos de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas emitió un comunicado: los consejeros, decía el texto, son "independientes".

No se abstuvo 

Consejera desde 2012 de una institución donde los elegidos a propuesta del PP suman mayoría –siete a cuatro– y cuyo mandato se verá prorrogado a partir de este mes porque tampoco parece factible un acuerdo con el partido de Pablo Casado para renovar el Tribunal de Cuentas, Mariscal de Gante mostró en el caso de la EMVS de Madrid su convicción de que nada le impedía pronunciarse. Mientras en la jurisdicción penal se sucedían las recusaciones de magistrados en el caso Gürtel porque su cercanía al PP rompía la apariencia de imparcialidad, en el órgano que fiscaliza y vela por la legalidad de las cuentas públicas las cosas iban por otro derrotero.

Tras haber sido ministra con Aznar, Mariscal no encontró razones para abstenerse en el caso que afectaba a Ana Botella, esposa del primer presidente de Gobierno del PP y alcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015. La consejera que un año antes había dictado la primera sentencia sobre la EMVS, la de los 25 millones, fue María Antonia Lozano, elegida a propuesta de PSOE e IU. Lozano intentó dar de lado a ese procedimiento –es decir, abstenerse– porque había trabajado a sus órdenes Marta Higueras, presidenta de la empresa municipal de vivienda cuando el Ayuntamiento de Madrid denunció ante el organismo fiscalizador irregularidades en la venta de pisos a Blackstone. Pero el Tribunal de Cuentas, presidido por la conservadora María José de la Fuente, no le permitió inhibirse. ¿Por qué no intentó abstenerse también Mariscal de Gante? Los portavoces del tribunal no respondieron a la pregunta planteada por infoLibre. 

Las especiales características y competencias del Tribunal de Cuentas, con menos tráfico de información pública que los tribunales ordinarios, crean confusión en temas de relieve como el caso Botella. Y abren el abanico de las paradojas cuando, por ejemplo, sostienen tesis radicalmente opuestas a las de un juez de instrucción penal. Por ejemplo, en el caso Botella el auto con que el magistrado del juzgado de instrucción 38 de Madrid puso en marcha la cuenta atrás hacia una vista oral todavía pendiente subrayó esto: que el precio por el que el fondo Blackstone adquirió aquellas 1.868 viviendas públicas había sido "objetivamente inferior al precio que podía obtenerse". Y que, en realidad, quien fijó la cantidad a pagar –128,5 millones– fue el comprador y no el Ayuntamiento de Madrid.

Pero lo que, con el voto de Margarita Mariscal de Gante, dijo el Tribunal de Cuentas tres semanas más tarde fue justamente lo contrario: "No puede sostenerse que el precio pactado fuera 'manifiestamente inferior al valor del mismo', como se afirma en la sentencia [la dictada por el mismo tribunal en primera instancia], pues fue un precio de mercado". Y tampoco puede concluirse que se produjera un menoscabo para las cuentas públicas de Madrid. Una vez supieron que ya les esperaba el banquillo, los acusados enarbolaron ante la Audiencia de Madrid la sentencia de Cuentas. Pero aquello no les resultó útil. Una cosa es el Tribunal de Cuentas y otra la jurisdicción penal, vino a argumentar la Audiencia.

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Tres años antes del caso Botella, había sucedido lo mismo en otro asunto que concernía a dirigentes del PP: el conocido como caso San Antonio, un alquiler inmobiliario a precio superior al de mercado y pagado por el Ayuntamiento de Vitoria. Aquí, los condenados por el Tribunal de Cuentas en primera instancia fueron el actual portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, y el entonces presidente del PP vasco y exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso. Debían pagar de su pecunio particular 393.862,31 euros por el daño que había causado al consistorio vitoriano aquel arrendamiento de un local propiedad del presidente del Alavés y que costó al consistorio 12.000 euros al mes en lugar de los 10.168 calculados por los técnicos municipales como precio máximo a satisfacer.

Al igual que en el caso de Botella la correlación de votos fue de dos a uno: Mariscal y el también consejero a propuesta del PP José Manuel Suárez Robledano apoyaron la tesis de que no había habido "infracción legal". Y el consejero Felipe García, elegido a propuesta del PSOE, sostuvo lo contrario. El problema del Tribunal de Cuentas, opina uno de los expertos consultados y que conocen desde dentro su funcionamiento, no es una estructura que puede parecer bipolar –fiscalización pero también enjuiciamiento– sino "cómo llegan los consejeros". Es decir, el sesgo político que les acompaña. Antes que Mariscal hubo otro exministro en el Tribunal de Cuentas, el socialista Luis Martínez Noval. Había sido titular de Trabajo y no de Justicia. Pero su cordón umbilical con un partido, como ocurre con Mariscal de Gante, era innegable.