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Expulsión inmigrantes

El presidente de Ceuta afirma que fue quien solicitó a Interior la activación del acuerdo de repatriación de menores a Marruecos

Un grupo de menores migrantes en Ceuta.

infoLibre

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha señalado que la solicitud de activar el acuerdo de repatriación de menores no acompañados entre los reinos de España y Marruecos partió de la propia Ciudad Autónoma, que así lo pidió al Ministerio del Interior y que a partir de ahí se ha actuado de manera "conjunta y coordinada".

Vivas ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press tras la paralización del proceso de devolución del millar de menores no acompañados que llegó de forma masiva a Ceuta los días 17 y 18 de mayo, en tanto no se diriman las resoluciones judiciales sobre "la controversia", que en caso de que no se puedan llevar a cabo, es necesario "dar una solución" a la Ciudad Autónoma que afronta una situación "insostenible".

"Ha sido una gestión políticamente afortunada pedir la activación de este acuerdo, pedido por la Ciudad de Ceuta, activado por el Gobierno de la nación y creemos que hay que seguir insistiendo en esa línea. Si nos dicen que no es posible tendremos que buscar fórmulas alternativas y el tiempo se agota", ha apostillado.

Vivas reclama que tal solución debe ser "inmediata" ya que "no se puede demorar más en el tiempo", puesto que los menores no pueden seguir en la calle, en polideportivos, en malas condiciones en una ciudad con territorio de 20 kilómetros cuadrados donde viven 85.000 personas, con un 70 por ciento de paro juvenil y un 46 por ciento de índice de pobreza que no puede soportar "la presión tanto tiempo".

Si bien no ha querido "especular" sobre las posibles alternativas, ha subrayado que la situación de Ceuta es insostenible, pero ha destacado "el valor y la categoría" de su ciudadanía que "sufrió lo que sufrió" los días 17 y 18 de mayo, con la entrada de 12.000 personas de forma masiva. Su actitud, ha valorado, fue "de entereza, madurez cívica, y solidaridad cívica con ninguna manifestación de rechazo, xenofobia y muchas manifestaciones de solidaridad", pero ha añadido que lleva "tres meses en esta misma presión".

Respecto a las valoraciones políticas en cuanto a la responsabilidad, ha asegurado que no tiene la percepción de que el Ministerio del Interior haya tratado de trasladar la responsabilidad y las culpas al gobierno autónomo sino que al contrario, toda la acción ha sido conjunta y coordinada. "La iniciativa partió de la ciudad y el Ministerio hizo las gestiones con Marruecos, supongo que complejas, arduas y difíciles para activar este protocolo", ha insistido.

En relación al acuerdo, ha defendido su validez al ser de mayor rango de ley que el reglamento de la ley de Extranjería, con el cual no se ha producido "ninguna" repatriación de un solo menor a Marruecos. No obstante, ha explicado que la paralización de las repatriaciones se ha acordado "por prudencia" y a la vista de las medidas cautelares que ha tomado un juzgado de Ceuta por las garantías en el proceso, "hasta que queden sustanciadas y resueltas las cuestiones judiciales".

Vivas opina que la puesta en marcha por primera vez de este acuerdo es "positivo" porque es un instrumento cuya finalidad última es el interés superior del menor para que puedan irse con sus familias y a su entorno, ya que las "condiciones" que viven en Ceuta son "de absoluta precariedad": algunos en la calle, sin techo y otros en unos dispositivos que en un tiempo récord puso en marcha la ciudad autónoma, pero que están pensados para un tiempo limitado y no para una estancia permanente.

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Con todo, ha garantizado que el proceso de retorno es asistido para garantizar "en todo momento" que el menor se agrupa con su familia y si eso no es posible, queda acogido y tutelado por una institución especializada en el país vecino.

"La situación que vive Ceuta es de absoluta excepcionalidad", ha repetido Vivas tras la "avalancha masiva e irregular" de mayo que les "cortó la respiración, puso el alma en vilo y parecía que estaban al borde del abismo".

De ese modo, ha defendido el acuerdo como un instrumento "jurídicamente válido" y que está cumpliendo los principios fundamentales en la atención al menor, traslado asistido y tratamiento individualizado "con todas las garantías". No obstante, ha expresado su confianza plena en la justicia española y en su independencia de modo que acatará las resoluciones que emita "en torno a esta controversia".

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