Buscador de la Hemeroteca
Regístrate
INICIAR SESIÓN
¿Olvidaste tu contraseña?
infolibre Periodismo libre e independiente
Secciones
Varapalo judicial a España

El Supremo sostiene tras el mazazo por la condena a Garzón que la ONU carece de potestad para alterar sus sentencias

  • Fuentes del alto tribunal aducen que solo las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son vinculantes y que este inadmitió el recurso del exmagistrado
  • El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ratificado por España en 1977, es el que regula la existencia del Comité que acaba de condenar al Estado por la sentencia "arbitraria" que expulsó a Garzón de la judicatura
  • La Constitución establece la obligatoriedad de interpretar las normas sobre derechos fundamentales con arreglo a "los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España"
  • Publicamos esta información en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí. La información que recibes depende de ti.

Publicada el 27/08/2021 a las 06:00
El exjuez Baltasar Garzón en una entrevista en la Cadena Ser.

El exjuez Baltasar Garzón en una entrevista en la Cadena Ser.

EFE

El mazazo asestado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU al Supremo al calificar de "arbitraria" la sentencia que en 2012 expulsó de la carrera judicial al magistrado que había destapado el caso Gürtel, Baltasar Garzón, no ha hecho mella en el alto tribunal. Al menos, de momento. Fuentes que conocen muy de cerca su funcionamiento y postulados confirmaron este jueves a infoLibre que el tribunal no se siente concernido por el dictamen del comité de Naciones Unidas, que exige a España eliminar los antecedentes penales de Garzón y "proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido". El Supremo, remarcaron las citadas fuentes, solo considera "vinculantes" las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ratificado por España ya en 1977, es el que regula la existencia del Comité de Derechos Humanos, su composición y sus funciones. Y el artículo 10.2 de la Constitución española señala literalmente que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas se interpretarán "de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". "Y por tanto –razona un juez en activo que pide no ser identificado– hay que cumplirlo porque es vinculante, ¿o dónde se dice que el Código Penal es vinculante para que cualquiera sepa que en efecto lo es?"

Lo que las fuentes del Supremo vienen a argumentar es que lo que ha hecho el comité de la ONU, que pone en duda la imparcialidad de los magistrados que juzgaron a Garzón, es emitir un "dictamen" y no una sentencia como las del TEDH. Es decir, el tribunal europeo –recalcaron los portavoces del alto tribunal– que "inadmitió" el recurso de Garzón contra su condena. Otro jurista consultado por este medio recordó que, en efecto, un juez del TEDH inadmitió el recurso "siguiendo el criterio del asesor designado por España" en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy y sin explicar el porqué: "Solo decía la resolución que no se admitía a trámite sin posibilidad de otra valoración", explica esta fuente.

El Tribunal Constitucional (TC) ya había ido por la misma senda. Ahora, el comité del máximo organismo internacional ha alterado de forma drástica el rumbo de los acontecimientos por decisión de un comité de expertos elegido para mandatos de cuatro años por todos los países integrantes de la ONU. ¿Tratará de esquivar el Gobierno las conclusiones del dictamen del comité? Este medio preguntó este jueves al Ministerio de Justicia por la posición del Ejecutivo. No hubo respuesta.

Es el articulado del Pacto de Derechos Civiles de Naciones Unidas el que consagra la existencia del Comité de Derechos Humanos. Es decir, el órgano que acaba de "condenar" al Estado por la sentencia que inhabilitó a Garzón por 11 años y que fue adoptada de forma unánime por siete magistrados, dos de ellos de signo progresista: Joaquín Giménez, que presidió la vista oral; y Luciano Varela. Los otros cinco eran conservadores, empezando por el ponente, Miguel Colmenero. El tribunal consideró que Garzón había cometido prevaricación por interceptar las comunicaciones de los principales imputados en Gürtel con sus abogados. Los de Gürtel no fueron los únicos pinchazos de ese tipo: también los hubo en el caso de Marta del Castillo, la adolescente sevillana asesinada y cuyo cuerpo jamás se localizó. El juez que ordenó aquellas escuchas no se convirtió en objeto de investigación. El que tomó el relevo de Garzón en Gürtel y avaló la intervención de las comunicaciones, el ya fallecido Antonio Pedreira, tampoco fue acusado.

Al tribunal pertenecía también Manuel Marchena, igualmente conservador y actual presidente de la Sala Penal del Supremo. Hace casi tres años estuvo a punto de convertirse en el presidente del alto tribunal y del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero el pacto al que habían llegado PSOE-PP acabó dinamitado al trascender un mensaje de móvil donde los conservadores daban por hecho que la presencia de Marchena les permitiría seguir controlando el Supremo "desde atrás". El magistrado había participado como instructor en un tercer caso dirigido contra Garzón: el de los cursos en Nueva York por los que cobró del Banco Santander. Una vez condenado el entonces juez por el caso Gürtel, Marchena archivó cuatro días después las diligencias abiertas en relación a esos cursos. Ese archivo, fue dictado por "prescripción" del supuesto delito.  

La condena a España –el comunicado oficial del comité de la ONU utiliza esos términos– tiene también su origen en la investigación que el mismo Supremo abrió contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo: en este caso el resultado final fue una absolución fechada también en 2012, cuando el entonces juez ya llevaba dos años suspendido de funciones por aquella instrucción judicial abierta a instancias de la sindicato ultraderechista Manos Limpias, cuyo fundador acaba de ser condenado a cárcel por extorsión. "Es la primera vez –se lee en la nota lanzada este jueves por este organismo de la ONU y que puedes leer pinchando aquí– que el Comité se pronuncia y condena a un Estado por el uso del derecho penal contra un juez en el marco de sus funciones, sentando así nueva jurisprudencia".

Para los portavoces del Supremo, que lo dictaminado por el la ONU carece de efectos prácticos tiene su confirmación en un antecedente: que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU conceptuó en 2019 como arbitraria la detención de los líderes del procés. Y que no pasó nada. Pero –matiza un experto en derecho internacional–, ese grupo de trabajo se limita a hacer informes. Y el Comité de Derechos Humanos, regulado por el Pacto de Derechos Civiles y por dos sucesivos protocolos de actuación signados también por España, sí dicta en cambio resoluciones aunque las denomine dictámenes. Que su comunicado oficial concluya que el dictamen sobre Garzón ha sentado "nueva jurisprudencia" va exactamente en esa dirección.

Una sentencia clave

El problema –y así lo admiten los expertos consultados– estriba en que no existe ningún mecanismo claro que señale cómo, cuándo y en qué condiciones debe España cumplir el contenido de un dictamen del comité de la ONU. Y estriba también en que el Tribunal Constitucional ya ha declarado en varias ocasiones lo que muestra el siguiente entrecomillado: que "las «observaciones» que en forma de Dictamen emite el Comité no son resoluciones judiciales, puesto que el Comité no tiene facultades jurisdiccionales (...), y sus Dictámenes no pueden constituir la interpretación auténtica del Pacto, dado que en ningún momento, ni el Pacto ni el Protocolo facultativo le otorgan tal competencia.

Pese a lo anterior, una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo marcó en julio de 2018 lo que expertos sondeados catalogan en el campo de los hitos jurídicos. Conocida como la sentencia del caso González Carreño, esa sentencia concedió validez al dictamen emitido por otro comité de la ONU, el que examina y se pronuncia sobre asuntos de discriminación de la mujer (Cedaw). Y se lo concedió para obligar al Estado a asumir su responsabilidad patrimonial por la muerte de una chica a manos de la antigua pareja de su madre. La madre sostenía que el "anormal" funcionamiento de la justicia había propiciado el asesinato de su hija.

Nadie le hizo caso en España. El Cedaw, sí. Y lo que a renglón seguido acordó la Sala de lo Contencioso del Supremo se resume así: que aunque ni la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer ni El Protocolo Facultativo que desarrollan su contenido regulan el carácter ejecutivo de los dictámenes del comité de la CEDAW, no puede dudarse que tendrán carácter vinculante/obligatorio para cada uno de los Estados que rubricaron esas normas. ¿Por qué alcanzó el tribunal esa conclusión? Porque –dice la sentencia– “los Estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente Convención”. La de las mujeres. Y el Pacto de Derechos Civiles que sustenta ahora el dictamen de Comité de Derechos Humanos sobre Garzón viene a decir lo mismo: "Los Estados Partes en el presente Pacto [el de Derechos Civiles] se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto". La sentencia del caso González Carreño obligó al Gobierno a compensar a la madre de la víctima con 600.000 euros por daños morales. Garzón no ha decidido aún si reclamará alguna compensación económica al Estado. Pero este jueves por la tarde ya había tomado una decisión sobre su potencial regreso a la judicatura: pedirá su reingreso en la carrera.

Suscríbete a infoLibre, forma parte de un periodismo honesto

Creemos en la información. Queremos que tú seas su dueño para que no dependa de nadie más. Por eso, nuestro proyecto se basa en la existencia de socias y socios comprometidos que nos permiten investigar y contar lo que pasa sin ataduras. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres hacerte con una, este es el enlace. La información que recibes depende de ti.

 

Más contenidos sobre este tema




77 Comentarios
  • corleone corleone 29/08/21 20:53

    Eso es mentira, como bien putualizó el Juez Garzón que de eso sabe bastante. España firmo el acuerdo citado de la ONU, y por lo tanto debe respetarlo, como ESTADO. No tiene mas remedio, todo lo que dicen CGPJ, TS, A,N, eso no vale nada, es el Estado en arreglo a sus firmas internacionales la que le dan validez. Y es VINCULANTE, como bien dice dicho tratado.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    0

  • MBT MBT 29/08/21 19:03

    Ya se que donde hay sociedad tiene que haber derecho. Pero yo, como abogado jubilado, abomino cada vez más de esta disciplina, dedicación, o como se le quiera llamar, tal y como se la entiende actualmente, a la que algunos incluso se atreven a llamar ciencia. Que los jueces, seres omniscientes, tumben medidas sanitarias adoptadas por poderes públicos, elegidos por el pueblo (a ellos no los ha elegido nadie, su único mérito es haberse empollado de memoria un sinfín de leyes), sólo me provoca risa, si no fuese porque sus decisiones afectan a la salud de la población. Este asunto del juez Garzón, no hace más que evidenciar este mismo barro jurídico que nos invade por doquier. Es obvio que el juez Garzón forma parte de ese mundo y que ha demostrado tener un exagerado egocentrismo, pero, sin embargo, compararlo con los que lo condenaron es los mismo que comparar el águila con los cerdos.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    2

  • BardenFrente BardenFrente 29/08/21 11:17

    Cuanto tiempo se puede sostener un Supemo así? En un país normal y demecrático ni diez minutos.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    0

  • Nadie49 Nadie49 29/08/21 10:07

    La reaccion del Supremo con el dictamen de la ONU, es del mismo tipo que la del opus dei con el caso de abusos sexuales en el colegio del opus, Gaztrlueta. No importa el Co tenido de la sentencia, solamente la fuerza de imponerle, dice elTS. El opus decía, no importa la sentencia, es decir el abuso sexual, lo importante es que el acusado dice que inocente. Similares argumentos por ser similares organizaciones. La ética es una asignatura prescindible para eses organizaciones.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    3

  • Tonimar Tonimar 28/08/21 21:14

    Cuantos delincuentes hay en nuestros tribunales, no tienen vergüenza ni la conocen, hay que buscar una solución a tanto desmán

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    3

  • mcguiver mcguiver 28/08/21 15:21

    Carecerá de potestad pero ha demostrado la falta de independencia judicial en España. Estamos viviendo un golpe de estado de la cúpula judicial y nadie dice ni hace nada.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    9

  • Jordii Jordii 28/08/21 13:09

    Vamos que los que juzgaron la Garzon eran la flor y nata de la cúpula judicial podrida de este pais, y no se dan por aludidos ni se les cae la cara de vergüenza, cuando los señalan como lo que son "unos mamporreros de la derechuza carca española".
    A ver cuando los podemos echar de una vez.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    8

  • Setito de Tweeter Setito de Tweeter 28/08/21 13:09

    ¡¡ ASISTIMOS OTRA VEZ MAS....A LAS FECHORIAS, MAFIAS, ILEGALIDADES EN B DEL PUTO TRIBUNAL SUPREMO......!!

    yo se de manera clara tras leer articulos de JULIAN CASANOVA uno de los historiadores de referencia del siglo XX en España.
    DONDE CONFIRMO Y DEMOSTRO QUE los consejos de administración de Endesa, La Caixa, Telefónica o Iberdrola .fueron el cobijo en democracia de la mitad DE LOS ULTIMOS MINISTROS FRANQUISTAS H.D.P La otra mitad DE ESOS MISMO H.D.P recalaron en la política....YYYYYY EN la justicia : 10 de los 16 jueces del Tribunal de Orden Público franquista ascendieron al Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional.

    Y GRACIAS A ELLO TENEMOS HOY ...TRAS 80 PUTOS AÑOS.....DE INJUSTICIAS LA INJUSTICIA FACHA ...SIGUIENDO ....ENGANGRENANDO....EL CURSO NORMAL DE LA JUSTICIA.....

    COPIEN Y PEGUEN ESTE ENLACE....EN SU NAVEGADOR.....PARA ENTENDER MEJOR MIS AFIRMACIONES

    https://desmemoria.eldiario.es/cargos-en-democracia/

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    4

  • GRINGO GRINGO 28/08/21 09:35

    Normal no ??, en un país dónde nadie le puede decir a un presidente las copas de vino que se puede tomar, donde estamos acostumbrados a que los Tribunales europeos nos den con la mano abierta, siendo como somos la Reserva Espiritual de Occidente, que cojones nos van a decir estos de la ONU, qué es la ONU, quienes son la ONU para decirnos como podemos reprimir a nuestros magistrados, ciudadanos o lo que sea....

    Es que, esto de la democracia y los derechos me está empezando a hartar...!!!!!

    Responder

    Denunciar comentario

    Ocultar 2 Respuestas

    0

    15

    • jagoba jagoba 28/08/21 12:15

      Egunon primo.
      Cada día huelen más rancio nuestro poder judicial. El CGPJ llora por no ser afgano, rama talibán .
      Más franquistas que Franco, tiranos, déspotas, soberbios , indocumentados , chulo playas.
      Hacen lo que les salen de los cojones , Alianza popular se los peinan, y los medios les llamen el culo.
      Donde esta el problema? Quién nos va a coartar nuestra libertad ? Libertad o comunismo?
      En fin lehengusu, encantado de saludarte y templemos las gaitas, que luego nos producen úlceras.
      Un abrazo Gringo, buen resto de verano y mucho ron.

      Responder

      Denunciar comentario

      Ocultar 1 Respuestas

      0

      9

      • GRINGO GRINGO 28/08/21 21:46

        Sobre todo mucho ron. Un abrazo jagoba.

        Responder

        Denunciar comentario

        0

        4

  • Dver Dver 28/08/21 01:39

    He hecho unos comentarios extentisimosva Ordovas.
    Aquí soñó.me interesa que alguien.pueda aclara un.par de cuestiones.
    El Comité condena a ESPAÑA porque en el.juicio contra Garzonbse vulnerados sus Derechos Civiles y porque tuvo un juicio arbitrario, es decir amañado, y dictamina que se le compense.
    Lo que me interesa es saber a quien le compete cambiar el sistema de enjuiciamiento de los aforados para que puedan recurrir a una instancia superior (para mí, el meollo de la cuestión), que seguramente será el Legislativo, quien puede actuar, si se puede, contra los miembros del.organo sentenciador que actuaron arbitrariamente, es decir, prevaricaron, y que debia ser la Fiscalía, y quién tiene la competencia para compensar al.perjudicado, que seguramente será el Ejecutivo. Y si lo van a hacer.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    2



Lo más...
 
Opinión