De las calles al Congreso: las protestas sociales que acabaron en ley

La política vuelve a las calles. O eso quiere Unidas Podemos, una de las formaciones que conforman el Ejecutivo de coalición. ¿El motivo? El precio medio diario de la electricidad, que durante toda la semana ha marcado récords históricos, superando los 140 euros por megavatio hora (MWh). Esto sucede por la subasta diaria del llamado pool eléctrico, en el que se fijan los precios de la electricidad, y sale parte del recibo a pagar por los consumidores sujetos al mercado regulado. Aunque el Gobierno ha tratado de que esa factura se reduzca, bajando el IVA de la factura de la luz del 21% al 10%, el recibo de la luz no deja de subir.

En este contexto, el secretario general del grupo de Unidas Podemos, Txema Guijarro, animó esta semana a la ciudadanía a realizar movilizaciones callejeras en aras de presionar al ala socialista del Gobierno, que rechaza intervenir el mercado eléctrico. Su petición se produjo después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, descartase su propuesta para fijar precios máximos de la energía alegando que va en contra de la normativa europea, y pidiera empatía social a las eléctricasante el vaciado de los embalses producido en las últimas semanas.

Los morados opinan que al PSOE le falta ambición y creen que, con las movilizaciones, cederán. “Si queremos un Gobierno audaz y valiente y que tome decisiones que le pongan en frente del oligopolio eléctrico, creemos que esa ciudadanía se tiene que movilizar y tiene que advertir para que el Gobierno se mueva en esa dirección", señaló Guijarro, consciente de la debilidad interna de su partido, con 35 escaños en el Congreso, frente a los 120 del PSOE. Unidas Podemos entiende que las manifestaciones son un elemento fundalmental para propiciar cambios de calado. Lo cierto es que no son pocos los precedentes de movilizaciones sociales que más tarde se tradujeron en leyes o decisiones de alto nivel. infoLibre recoge aquí algunos ejemplos destacados.

La ley del divorcio

Le ley del divorcio se aprobó un 22 de junio de 1981. Y lo hizo por 30 escasos votos de diferencia: 162 a favor y 128 en contra. Su aprobación no estuvo exenta de polémica. En primer lugar, por la oposición de la jerarquía católica y de sectores conservadores de la sociedad, pero también porque en el propio seno de la UCD, partido entonces en el Gobierno, el sector democristiano llegó a pedir la dimisión del ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, que fue quien lideró la elaboración y aprobación de la norma social más importante de aquella época.

Las manifestaciones organizadas por colectivos de mujeres, partidos de izquierda, sindicatos, asociaciones de vecinos y otras asociaciones a favor de un divorcio gratuito por mutuo consenso y rápido, fueron determinantes también en la aprobación de la ley de ‘divorcio exprés’ impulsada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005. La norma, actualmente en vigor, eliminó el requisito de la separación judicial como paso previo al divorcio.

El no a la guerrano

El 15 de febrero de 2003 la ciudadanía salió a la calle bajo un mismo cántico: No a la guerra. Esa consigna se convirtió en un clamor en todo el mundo en protesta por los planes de Estados Unidos que, junto con Reino Unido y España, impulsó la invasión de Irak bajo el pretexto de encontrar armas de destrucción masiva. El Gobierno de España, entonces liderado por José María Aznar, envió 2.600 soldados entre junio de 2003 y mayo de 2004. Las multitudinarias protestas en contra de aquella decisión dieron la vuelta al globo y alcanzaron cifras históricas en ciudades como Nueva York, Roma o Berlín. En Madrid y Barcelona se manifestaron un millón y medio y dos millones de personas, según los organizadores.

En abril de 2004 Rodríguez Zapatero anunció la retirada inmediata de las tropas españolas de Irak. Fue una de las primeras decisiones que tomó tras acceder al cargo. Un mes antes, el 11 de marzo de ese mismo año, se produjeron los peores atentados terroristas que ha sufrido nuestro país en respuesta a la intervención española en la guerra irakí. 

La derogación del trasvase del Ebro

En el año 2001 el Gobierno de José María Aznar puso en marcha su Plan Hidrológico Nacional, un polémico proyecto que fue derogado cuatro años más tarde tras las masivas protestas en su contra. Ese proyecto significaba, en la práctica, un trasvase de las aguas del Ebro hasta Almería, por el sur, y a Barcelona, por el norte.

Esa decisión generó una amplia contestación ciudadana en Aragón y las comarcas catalanas regadas por el río: 300.000 personas salieron a la calle en protesta contra el anteproyecto que al final se convirtió en ley. Lo fue hasta el 23 de abril de 2005, el Día de Aragón, en el que el pleno del Congreso aprobó la modificación del Plan Hidrológico Nacional con el voto en contra del PP.

La ley del aborto

La lucha de las mujeres fue clave para la despenalizacion y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en España. El movimiento feminista logró introducir el debate sobre el aborto en el espacio público y lo convirtió en el elemento protagonista de gran parte de sus consignas: "Nosotras parimos, nosotras decidimos" es uno de los cánticos más reconocibles, aún hoy en día. En el año 1983 el PSOE de Felipe González se abrió a legislar sobre el aborto aunque manteniéndolo dentro del Código Penal, lo que no satisfizo las reivindicaciones del movimiento feminista.

Fue en el año 2010 cuando se aprobó la ley de plazos, vigente en la actualidad, que establece que el aborto sea libre en España hasta las 14 semanas de gestación y hasta la semana 22 por el riesgo de la madre o graves anomalías en el feto. El ministerio de Igualdad trabaja ahora para aprobar una reforma que facilite ese derecho, de manera gratuita, en todas las comunidades autónomas.

La ley del solo sí es sísolo sí es sí

El actual Ejecutivo aprobó recientemente la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí. Uno de los principales cambios de la ley, después de transitar por distintos órganos consultivos, se basó en la definición del consentimiento y consistió en abordar el consentimiento "en positivo", siguiendo la estela de países como Suecia y Gran Bretaña.

El origen de esta ley nace tras la primera sentencia contra La Manada de Pamplona que se hizo pública el el 26 de abril de 2018, en la que se dictaminó que lo sucedido con la violación de la joven de 18 años por parte de 5 hombres fue abuso y no violación al no poder mostrar que se realizara con intimidación. Las masivas manifestaciones convocadas en ciudades de toda España, en las que se clamó que "solo sí es sí", allanaron el camino de la ley que deberá pasar por el Congreso en las próximas semanas.

Bonus track: la ley mordaza y la reforma laboral

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La última huelga general en España se produjo el 29 de marzo de 2012. Y fue por la reforma laboral que acabó poniendo en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Una reforma que abarató el despido, una senda que ya inició Zapatero en el año 2010, y dio más facilidades a las empresas para cambiar jornadas, turnos, salarios y funciones. Además, posibilitó los despidos colectivos en administraciones y empresas públicas.

También polémica fue otras de las leyes aprobadas por el Ejecutivo de Rajoy, la llamada ley mordaza, que provocó manifestaciones frente al Congreso . Dicha norma impone penas a esas movilizaciones, multa las fotografías a policía y a las personas que intenten parar un desahucio.

El Gobierno de coalición se comprometió a derogar ambas normativas. Un compromiso que no se ha cumplido, aunque desde el Ejecutivo apuntan a que se hará antes de que finalice la legislatura. Pero en los dos casos no se trata de una derogación completa, sino parcial. El Ministerio de Trabajo, capitaneado por Yolanda Díaz, habla de la eliminación de los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral. El mismo planteamiento que se hace con la ley mordaza.