El PP se revuelve contra el Gobierno por tratar de limitar los beneficios de las eléctricas y exige mantenerlos intactos

El PP reaccionó este miércoles a las medidas del Gobierno para controlar el alza del precio de la electricidad defendiendo a las compañías eléctricas. El partido de Pablo Casado propone que el Ejecutivo ataque el problema exclusivamente reduciendo impuestos y asumiendo parte de la factura vía Presupuestos pero en ningún caso tocando los beneficios de las compañías eléctricas.

Los más extremos en sus expresiones fueron el líder conservador y su portavoz parlamentaria. Casado comparó las medidas del Gobierno con una expropiación. “Este Gobierno siempre lo arregla todo metiendo la mano en las empresa, en el ciudadano, en el trabajador”, acusó durante una entrevista en la Cope, propiedad de la Iglesia católica. Y Cuca Gamarra acusó a Pedro Sánchez de “intervenir la economía”. Y eso, “tratándose de un Gobierno socialista y comunista”, añadió, “preocupa enormemente: uno sabe cómo empieza pero no cómo acaba, parece que pasamos del peronismo al pedronismo”.

La portavoz parlamentaria del PP aseguró que las medidas son “confiscatorias” y “de dudosa legalidad”. Y sostuvo que, además, pueden “frenar la competitividad y la inversión”, porque “la litigiosidad” que están seguros va a provocar “y la falta de seguridad jurídica llevan aparejada la huida del inversor”, pronosticó.

Javier Maroto, la cabeza visible del PP en el Senado, fue por la misma línea. Después de semanas reclamando al Gobierno que tome medidas, las aprobadas este martes le han parecido un “timo”, una “ocurrencia” y “una estafa”.parecido Hacerlo a costa de las eléctricas, subrayó, equivale a “matar moscas a cañonazos”.

Maroto cree que Sánchez no tiene garantías de que las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros no se conviertan en un incremento del precio “mañana”. Y ni siquiera está en condiciones de asegurar que vayan a tener un efecto sobre el recibo de la luz a corto plazo. Ni de que no puedan ser anuladas por los tribunales . ¿Lo “tiene bien medido judicialmente o es una chapuza como el estado de alarma?”, se preguntó. Porque si no es así, “los españoles lo pagaremos en el recibo de mañana”.

Además habrá que esperar “cinco años con el recibo disparado”, anticipó, hasta que esa reducción no se vea reflejada en la factura. “¿Hay que esperar cinco años con el recibo disparado porque usted es incapaz de tomar una medida efectiva?”

Según el portavoz conservador en la Cámara alta, Sánchez propone además “con una mano bajar el precio de la luz y con otra subir el precio del gasoil y la gasolina” al trasladar a estos combustibles parte de los costes del recibo.

Con los precios de la energía disparados en el mercado mayorista, el PP mantiene que la manera correcta de reducir el recibo de la luz no es actuando sobre los beneficios de las compañías que forman el oligopolio eléctrico español sino renunciando a la mayor parte de los ingresos que su actividad genera para el sector público y asumiendo otros directamente a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Los de Casado defienden que el IVA del recibo de la luz se quede permanentemente en el 10% establecido hace semanas por el Gobierno para tratar de reducir el recibo. También emplear el dinero generado por las emisiones de CO2, que las eléctricas pagan para compensar lo que contaminan, para reducir lo que pagan los consumidores, una fórmula que equivale a devolver indirectamente ese dinero a las empresas que generan la electricidad y dañan el medio ambiente.

Las propuestas del PP

Proponen también suprimir el impuesto de generación eléctrica que ellos mismos crearon cuando gobernaban crearon—y que el Gobierno ha decidido reducir al mínimo legal, por debajo del 1%— y hacer que todos los ciudadanos paguen a través de los Presupuestos Generales el dinero extra que cuesta suministrar electricidad en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Una partida que en la actualidad sólo pagan los consumidores a través del recibo de la luz.

Las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros no son, para la dirección del PP, más que “parches” que “no son suficientes” y no sirven para “afrontar un problema de fondo y de calado”. No rebajar o suprimir los impuestos asociados al recibo significa, según los conservadores, que el Gobierno da prioridad a “seguir recaudando” en vez de atender a los problemas de los ciudadanos.

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El propio Casado, en una primera reacción al anuncio de Sánchez, quiso aumentar la apuesta y se mostró partidario de bajar el IVA del recibo del 10 al 4%, seis puntos menos de lo que su propio partido ha propuesto.

La solución del Gobierno tampoco ha gustado en Vox. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, cree que afrontar el problema tocando los beneficios de las eléctricas “va en la dirección equivocada” y resulta “insuficiente”.

La formación ultra, igual que el PP, propone resolver el problema renunciando a los ingresos que generan los impuestos sobre la electricidad. Y añade a la fórmula, en contra de la política energética de la mayoría de los países de la OCDE, una apuesta por la energía nuclear y el carbón, además de la definición de una “fórmula distinta” para calcular el precio de la electricidad.