La metamorfosis de Enrique López: de defender como miembro del CGPJ no tocar la ley a justificar su incumplimiento

Las declaraciones de Enrique López sobre cómo "la inmensa mayoría" de los jueces pide al PP que siga "luchando por el cambio de modelo de elección del CGPJ" han colocado al responsable de Justicia de la formación conservadora en primer plano. Según López, el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expiró hace ya más de 1.000 días, "lo impone el Gobierno por no aceptar nuestra reforma" de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). 

Pero las palabras del también consejero de Presidencia de Madrid, que han levantado una auténtica polvareda en las cuatro asociaciones de jueces, van en dirección opuesta a las que él mismo remachó a finales de 2004. Entonces, como vocal del CGPJ y portavoz del órgano de gobierno de la judicatura, se opuso con uñas y dientes a la reforma de la LOPJ en tanto no se hubiese elegido un nuevo Consejo. López secundó el  ataque del PP contra el Ejecutivo socialista bajo el argumento de que la ley del Poder Judicial era intocable aun cuando el CGPJ tenía aún por delante dos años de mandato. Ahora, condiciona el cumplimiento de lo establecido –la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces un vez expirado su mandato– a que como paso previo esa misma ley del Poder Judicial se modifique. Y que esa modificación conduzca a que sean exclusivamente los jueces y no el Parlamento los que decidan quiénes han de ocupar en el CGPJ las vocalías reservadas a miembros de la judicatura: 12 de las 20 que, junto con el presidente, conforman el pleno del Consejo.

Con el objetivo de "reforzar la independencia judicial" e impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la aprobación de la reforma del LOPJ de 2004 obligó al Consejo a nombrar en lo sucesivo a los magistrados del Supremo, al presidente de la Audiencia Nacional y a los de los tribunales autonómicos (TSJ) con mayoría de tres quintos y no simple como hasta entonces. 

En línea con el contenido de un informe del CGPJ, también en aquel momento bajo dominio de los vocales elegidos a propuesta del PP, López calificó la reforma de la LOPJ como una "intempestiva intromisión" del Gobierno en la independencia del CGPJ. ¿Por qué? Porque –así lo afirmó– la exigencia de mayoría reforzada implicaba un "cambio de reglas" sobrevenido. Y añadió más: "Eso en democracia es muy grave". Lanzado el 9 de diciembre de 2004, el mismo día en que la reforma salió aprobada con el voto de todos los grupos del Congreso salvo el PP, su mensaje fue inequívoco:  "Si se quieren cambiar las reglas del juego, que se cambien cuando comienza otro partido, esto es, cuando haya un nuevo Consejo General del Poder Judicial". 

La ofensiva contra la reforma que forzaba a buscar acuerdos entre las distintas corrientes del CGPJ a la hora de designar la cúpula de la judicatura no se quedó en un simple informe ni en declaraciones como las referidas. El mismo día en que el Congreso dio vía libre definitiva al nuevo artículo 630 de la LOPJ, el de los tres quintos para los nombramientos ya enumerados, el PP disparó un aviso. Su entonces portavoz de Justicia en la Cámara Baja, Ignacio Astarloa, dijo lo que el Diario de Sesiones confirma [puedes leerlo pinchando aquí]: "Ninguna renovación —escuchen, señorías— del Consejo contará con la voluntad del Grupo Popular hasta tanto no se vuelva a asegurar que la voluntad mayoritaria del cuerpo electoral compuesto por jueces y magistrados es respetada de forma efectiva, sin interferencias de ingeniería del poder político". Dos años más tarde, una vez caducado el mandato del CGPJ, el PP bloqueó su renovación durante dos años, entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008. Ahora, el cerrojazo del PP ya lleva camino de cumplir los tres años.

A medida que ha ido creciendo la polémica por la negativa a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, uno de los más poderosos de la UE, el líder del PP ha remarcado una idea: la de que "da igual" lo que su partido hubiese hecho "antes". "Cuando estemos en el Gobierno serán los jueces los que elijan a los jueces", promete Pablo Casado. ¿Ha desaparecido el vínculo del actual PP con el "antes" del que se despega Casado? La pregunta se mantiene abierta. Pero quien en 2004 se sentaba en el CGPJ como vocal independiente y ejercía la portavocía del organismo es Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y responsable del área de Justicia del PP nacional. La importancia de su papel en la guerra política por el bloqueo a la renovación del CGPJ ha ido creciendo. Fue López quien en octubre definió como contraria "al espíritu constitucional" la finalmente fallida y criticada por la UE propuesta de reforma de PSOE y Unidas Podemos para rebajar los votos necesarios en la elección del CGPJ. La rebaja implicaba pasar de la mayoría parlamentaria cualificada (tres quintos) a la mayoría simple.

Siete años en el Consejo

El lunes, infoLibre envió a los portavoces de Enrique López tanto en la Comunidad de Madrid como en la ejecutiva nacional del PP preguntas que no han obtenido respuesta. Ni el partido ni el Ejecutivo regional han explicado por qué en 2004, una vez que el Gobierno reformó la LOPJ para modificar el sistema de elección de la cúpula judicial López consideró que se estaba produciendo una “intempestiva intromisión” al tratarse de un “cambio de reglas” sobrevenido y que esas reglas solo se podían cambiar una vez estuviese en funcionamiento un nuevo Consejo del Poder Judicial. La segunda pregunta inquiría sobre por qué le parece contraria al espíritu constitucional la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para rebajar a mayoría simple la mayoría cualificada necesaria para elegir a los vocales del CGPJ  mientras que en 2004 se opuso a que el nombramiento de los puestos más altos de la magistratura exigiera en el Consejo el voto de tres quintos de sus miembros. 

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Juez en Castilla y León, Enrique López fue nombrado en noviembre de 2001 y ya durante el segundo Gobierno de José María Aznar, vocal del CGPJ a propuesta del PP. Hasta 2008 permaneció en el Consejo, donde desempeñó el puesto de portavoz. En 2008 se incorporó tras su cese como vocal del CGPJ a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en junio de 2013 y ya con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, saltó al Tribunal Constitucional (TC).

Un año más tarde, fue detenido el 1 de junio de 2014 cuando circulaba en moto sin casco y con una tasa de alcoholemia superior al máximo legal. Aquello le hizo dimitir de inmediato como magistrado del TC. A las dos semanas de su dimisión, la comisión permanente del CGPJ, con Carlos Lesmes al frente, acordó su reingreso en la Audiencia Nacional, donde se incorporó de nuevo en la Sala de lo Penal. En las elecciones de 2019  y tras haber sido apartado como miembro del tribunal que debía juzgar el caso Gürtel porque su cercanía al PP podía afectar a la apariencia de imparcialidad.

El entonces magistrado en activo negó que hubiese razones para apartarle del mayor caso de corrupción vinculado al PP.  Lo argumentó así: "Tales nombramientos, tanto el de vocal del CGPJ, como el del Tribunal Constitucional, en modo alguno generan en este magistrado especial interés alguno en el procedimiento y ello aunque el Partido Popular sea parte en este procedimiento". En agosto de 2019, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo incluyó en su Gobierno. Seis meses más tarde, Pablo Casado lo nombró en enero de 2020 nuevo secretario de Justicia de la ejecutiva del PP.