El "cierre en falso" de varias piezas del 'caso Villarejo' evidencia el enfrentamiento entre juez y fiscales

La pieza 7, la pieza 21, la pieza 10... El caso Villarejo se está empezando a llenar de líneas de investigación a las que el juez va poniendo fin y propone mandar a juicio sin la opinión favorable de la Fiscalía Anticorrupción, que no sólo recurre al considerar que ha habido un "cierre en falso", sino que va elevando el tono en sus escritos ante la que es, en su opinión, una incomprensible actuación del instructor. No ocurre en todas las piezas –una treintena desde que se abrió esta macrocausa en noviembre de 2017–, pero en los últimos meses se ha repetido el esquema: el magistrado considera que se ha agotado la investigación sin consultar a los fiscales, que rápidamente recurren directamente a la Sala de lo Penal, el tribunal que revisa la actuación instructora, pidiendo una corrección.

Esta situación ha ocurrido en algunas de las piezas más mediáticas y con intereses políticos y económicos en juego como la número 10, la del robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de Podemos, y la publicación de parte de su contenido en medios de comunicación, que fue cerrada hace un año; y más recientemente la 7, la que investiga la conocida como operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas; y la número 21, el encargo al comisario jubilado José Manuel Villarejo realizado desde Repsol y Caixabank. En los tres casos, Anticorrupción habla de cierres en falso y explica en sus extensos recursos todas las diligencias que, a su modo de ver, han faltado por practicar para agotar todas las vías de investigación antes de enviar las causas a juicio.

El último movimiento del juez Manuel García Castellón ha sido dictar el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– en la pieza 21 sin esperar a que la Sala de lo Penal resuelva los recursos tanto de la Fiscalía como de la acusación particular que ejerce el expresidente de Sacyr Luis del Rivero contra el sobreseimiento ordenado hace menos de dos meses para Caixabank y Repsol y sus respectivos presidentes, Isidro Fainé y Antonio Brufau. 

"No resulta procedente dictar un pronunciamiento de clausura de la instrucción, ni siquiera de carácter provisional, como de modo totalmente extemporáneo se ha decidido por el magistrado, de oficio y sin dar previo traslado al Ministerio Fiscal, lo que viene a suponer el cierre en falso de una compleja instrucción que tiene por objeto delitos desarrollados en el marco de la corrupción económica", reprocharon los fiscales del caso Villarejo el pasado mes de julio.

Apenas unas semanas imputadas

Sólo hacía unas semanas que García Castellón había imputado a las empresas como personas jurídicas por los trabajos de espionaje encargados al comisario jubilado y tomó la decisión de exonerarlas apenas transcurridos sólo unos días de tomar declaración a sus representantes. El auto de sobreseimiento para Caixabank y Repsol, dictado a finales del pasado julio, también incluyó a Fainé y Brufau, que estuvieron investigados tres meses. Una decisión que choca frontalmente con los autos en los que fueron citados a declarar como investigados, firmados por el propio juez y muy duros con la supuesta actuación que les atribuía en la contratación de Villarejo.

El objeto de investigación de la pieza 21 es elproyecto Wine, el encargo que Repsol y CaixaBank hicieron hecho al comisario para frustrar el asalto de Sacyr a la petroleraproyecto Wine a través de la empresa mexicana Pemex, un encargo por el que se desembolsaron más de 413.000 euros. Para el magistrado, de lo que se ha instruido sólo ve indicios para enviar a juicio a los jefes de Seguridad de Repsol Rafael Araújo Bernabé y de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño, al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de la petrolera Rafael Girona, así como a Villarejo, el socio de éste Rafael Redondo y al también comisario jubilado Enrique García Castaño. Para los fiscales, sin embargo, era necesario realizar más diligencias para aclarar la posible implicación de las empresas y de sus presidentes en la contratación, sobre todo en lo que respecta a la eficacia de los sistemas de control de las compañías para evitar actividades corruptas.

Permitir el éxito de la trama corrupta

Algo similar ha ocurrido con la pieza 7, la que indaga en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para robar información sensible que pudiera afectar al partido en los tribunales. La secuencia fue la siguiente: el 2 de junio pasado, el juez imputó a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, en un auto en el que apuntaba a que el cerebro de la operación Kitchen estuvo en la séptima planta de la sede central de la calle Génovacerebrooperación Kitchen; ambos fueron a declarar a finales de ese mes; ni treinta días más tarde, y a la vez que Fainé y Brufau, García Castellón les exoneró en el auto en el que dio por concluida la instrucción.

Era más que previsible el recurso que acabó presentando la Fiscalía Anticorrupción, que no se ahorró en palabras gruesas hacia la instrucción del magistrado. "Incomprensible", "caótica", "precipitada", "inconcebible" son algunos de los adjetivos que utilizaron y expusieron ampliamente los flecos que, a su parecer, habían quedado sin investigar, que no son pocos y que convergen en la presunta implicación del PP en la trama. En este recurso elevaron el tono, llegando a advertir de que cerrar la pieza sin agotar todas las vías para encontrar el material robado a Bárcenas sería como asegurar el éxito del operativo ilegal.

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Como en el caso de Repsol y Caixabank, los fiscales han acudido directamente a los magistrados de la Sala de lo Penal, saltándose el trámite del recurso de reforma ante el propio instructor, lo que indica que lo consideran inútil dados los argumentos esgrimidos por García Castellón en sus autos. También lo hicieron hace un año, tras el cierre de la pieza 10, la conocida como caso Dina. En aquella ocasión, Anticorrupción también habló de cierre en falso y de "cercenar los derechos" de acusaciones e investigados.

Por un lado, el magistrado de la Audiencia Nacional había propuesto mandar a juicio esta pieza separada "sin practicar una sola diligencia en la dirección" que le marcó la Sala de lo Penal cuando le obligó a devolver al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias la condición de perjudicado. En concreto, seguir indagando en cómo acabó la tarjeta del móvil de Bousselham en medios de comunicación como Okdiario meses después de que la revista Interviú se la facilitara a Villarejo. Para los fiscales, el juez descarta los indicios de que fue el comisario o algún miembro de su "organización criminal" quien entregó al medio que dirige Eduardo Inda, así como a El Confidencialy a El Mundo, información contenida en la tarjeta "presuntamente robada" a la exasesora de Podemos.

Mientras cerraba esta pieza sin agotar la investigación, al mismo tiempo García Castellón pedía al Tribunal Supremo investigar a Pablo Iglesias, cosa que el alto tribunal rechazó aduciendo que, efectivamente, quedaban flecos sin esclarecer. Un año después, el instructor sigue esperando informes que encargó a la policía judicial para determinar una posible responsabilidad del exlíder de Podemos en los daños que presentaba la tarjeta de móvil de su excolaboradora. Y aún está pendiente que la Sala de lo Penal resuelva todos los recursos que se presentaron tras el cierre de la instrucción y que incluyen, además del citado de la Fiscalía, los de Bousselham e Iglesias como perjudicados y los de los periodistas de Interviú procesados. El retraso ya ha cumplido los doce meses sin que se sepa muy bien el motivo de esta dilación.