El Consejo de Europa vuelve a instar a España a cambiar el sistema de elección del CGPJ y a dar "voz" al Poder Judicial

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha lamentado la "falta de un avance positivo" y "tangible" respecto al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al tiempo que ha instado a España a que acometa una reforma en la que se dé "voz" y se "consulte" a sus integrantes.

Así se desprende de su informe sobre la implementación en España de las recomendaciones que ha venido realizando a nuestro país acerca de las medidas anticorrupción relativas a parlamentarios, jueces y fiscales. Este dossier, recogido por Europa Press, analiza si España ha aplicado las recomendaciones que le hizo en ese ámbito el propio GRECO durante la cuarta ronda de evaluación y, en caso afirmativo, cómo lo ha hecho.

La quinta recomendación de este documento —de un total de 11— es, para el GRECO, la única en la que España no ha cumplido. El grupo había emplazado al país a realizar una evaluación del marco legislativo que rige el CGPJ y de sus efectos en la independencia real y percibida de este órgano de cualquier influencia indebida, con miras a subsanar cualquier deficiencia que se detecte.

En esta línea, el GRECO empuja "a las autoridades a que apliquen sin demora la recomendación". "Al hacerlo", destacan, "es sumamente importante que se consulte al poder judicial y que tenga voz en las decisiones clave relativas a su funcionamiento y a sus prioridades".

Pero, además, aseguran que "los debates necesarios a este respecto con otros poderes del Estado deben celebrarse en un clima de respeto mutuo y tener especialmente en cuenta la preservación de la independencia y la imparcialidad del poder judicial".

"Preocupación" por la "percepción de politización"

Las conclusiones del informe ponen el acento en lo que consideran "una cuestión crítica: el sistema de selección del CGPJ y su percepción de politización". "Esto es motivo de preocupación, ya que el CGPJ es responsable de algunas decisiones cruciales en el poder judicial, incluida la designación de jueces en puestos superiores y las cuestiones disciplinarias", recuerdan.

Según el GRECO, la información facilitada por las autoridades españolas "no aporta nada nuevo a lo que ya se había analizado en el informe de evaluación de la cuarta ronda de 2013". Hoy, señalan, "la situación es exactamente la misma, y las preocupaciones expresadas a la luz de ello continúan igual, si no más, que antes".

"En ese momento, GRECO subrayó que uno de los objetivos más notables de un consejo judicial, siempre que exista, es salvaguardar la independencia del poder judicial, tanto en apariencia como en la práctica. Señaló además que el resultado en España había sido todo lo contrario, como lo ponía de manifiesto la reiterada inquietud pública en este ámbito", explican.

Así las cosas, el grupo insiste en que ya señaló las "normas aplicables del Consejo de Europa relativas a la elección a los miembros judiciales de los consejos judiciales". Estas recogen que "cuando existe una composición mixta de los consejos judiciales, para la selección de los miembros judiciales, se aconseja que estos sean elegidos por sus pares, siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del poder judicial en todos los niveles".

Críticas a la propuesta para reducir las mayorías

Además, se hace hincapié en "que las autoridades políticas, como el Parlamento o el poder ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección".

El informe también incide en que "cada vez que se ha llevado a cabo una renovación del CGPJ, se han expresado recelos sobre la negociación política y para el nombramiento de puestos judiciales clave". "Más recientemente, un bloqueo (más de dos años) en la designación del CGPJ, llevó a una serie de grupos parlamentarios a presentar una proposición de ley para desbloquear el sistema", explican.

Desde el GRECO se han referido a la proposición planteada por PSOE y Podemos para reducir las mayorías necesarias para la elección de los vocales del CGPJ. "GRECO (junto con otros actores internacionales clave en este ámbito, entre ellos la Comisión Europea y la Asociación Europea de Jueces) expresó su preocupación por la propuesta antes mencionada", recuerdan.

Unos meses más tardes, continúan, se presentó una nueva propuesta para "impedir que el CGPJ hiciera nombramientos discrecionales cuando se encontrara en funciones", lo que también ha "sido objeto de críticas por los jueces y por el propio" órgano de gobierno de los jueces.

En el informe que se ha publicado este jueves también se incluye una recomendación, la sexta, en la que el GRECO pedía establecer por ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los puestos superiores de la judicatura, como los presidentes de las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Magistrados del Tribunal Supremo, con el fin de que estos nombramientos no pusieran en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso.

Repercusión negativa en los nombramientos adoptados por el CGPJ

El grupo, que considera que la recomendación continúa parcialmente cumplida, dice que "lamentablemente, las críticas sobre la percepción de politización del CGPJ repercuten negativamente en las decisiones de nombramiento adoptadas por este último".

"Incluso si los procedimientos para el nombramiento de los puestos superiores de la judicatura se han articulado y mejorado con el tiempo, como se ha descrito anteriormente, persiste a los ojos de los ciudadanos una sombra de duda sobre su imparcialidad y objetividad. Dado el amplio margen de discrecionalidad con que cuenta el CGPJ para el nombramiento de los puestos superiores de la judicatura, la cuestión de su composición parece de importancia primordial", inciden.

Por otro lado, el GRECO valora especialmente el suministro de mayor información en la página web del CGPJ sobre el desarrollo y el resultado final de los nombramientos. Así, y aunque reconoce las diferentes medidas adoptadas por las autoridades en este ámbito, considera que pueden adoptarse medidas adicionales para garantizar que los nombramientos de los puestos superiores de la judicatura no pongan en duda su independencia, imparcialidad y transparencia.

"GRECO considera que ha llegado el momento de racionalizar los requisitos y procedimientos aplicables en este ámbito a través de nuevas medidas legislativas/reglamentarias", insisten, aseverando que se trata de una acción "que debe llevarse a cabo". "Por ejemplo, debería reconsiderarse la posibilidad (...) de añadir candidatos, que no fueron preseleccionados tras las entrevistas", explican.

Asimismo, concluyen, "se puede prestar más atención a las cuestiones relativas a la igualdad de género y a las medidas específicas necesarias para el nombramiento efectivo de mujeres en los más altos puestos en los tribunales españoles". "Aunque parece que en los últimos años se han logrado algunos progresos limitados", apostillan.

Lamenta que España no cambie el método de selección del fiscal general del Estado

El Consejo de Europa también ha lamentado que no se haya producido ningún cambio ni en el método de selección ni en la duración del mandato del fiscal general del Estado en España, "una preocupación antigua que empaña la percepción de la autonomía del Ministerio Fiscal". Así lo refleja en la recomendación novena del informe publicado este jueves. En ese documento indica que previamente recomendó a España reconsiderar ese método de elección, establecer requisitos y procedimientos jurídicos claros para aumentar la transparencia de la comunicación entre el fiscal general y el Gobierno, y estudiar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal.

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Desde el GRECO indican que las autoridades españolas afirman que el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal, que se encuentra en una fase avanzada y que actualmente está a la espera de algunos informes consultivos antes de ser enviado al Consejo de Estado y luego al Consejo de Ministros para su aprobación, articula las normas sobre autonomía interna. El grupo repasa las normas que incluye ese reglamento y añade que el proyecto debe "articular otras cuestiones como la autonomía interna y la comunicación dentro del servicio" y añade que si bien es un avance "todavía no ha sido aprobado" y "no se ha informado de novedades en relación con los aspectos específicos de la autonomía externa (...) cuya implementación sigue pendiente".

En este sentido, pone el foco en que la ley actual prevé la posibilidad de que el Gobierno sea informado sobre casos concretos que se están llevando a cabo en la FGE y que no exige que esa comunicación se haga pública ni que se registre por escrito. "Dado que la relación entre la FGE y el Ejecutivo es una cuestión que sigue siendo objeto de críticas públicas en España, en cuanto a la percepción de su independencia, la transparencia de la comunicación entre la fiscal general y el Gobierno resulta clave", añade.

En relación a la recomendación décima, relativa a que se adoptara un código de conducta para los fiscales de fácil acceso para el público, y que se complemente con orientación dedicada a los conflictos de interés, el GRECO recuerda que España ha aprobado en 2020 el Código Ético del Ministerio Fiscal como resultado de un proceso participativo.