Los mayores salen a la calle una década después del fenómeno 'yayoflauta' para exigir pensiones y residencias dignas

Es otoño de 2011 y la economía española atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Ha pasado ya más de un año desde el tijeretazo de 15.000 millones de euros de gasto público llevado a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un grupo de personas mayores se agolpa a las puertas de la central del Banco Santander en Barcelona. En un visto y no visto, dejan la calle atrás y entran en el edificio. De pronto, despliegan carteles. "Rescate para la ciudadanía y no para los bancos", vienen a decir. Son los yayoflautas, uno de los muchos hijos del 15M. Un movimiento que con el paso del tiempo fue germinando a lo largo y ancho de España y que sentó las bases de la movilización permanente de un sector de la sociedad que sabe lo que es batirse el cobre en las calles. Este fin de semana, una década después de aquella primera ocupación y coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad, los mayores volverán a tomarlas. Y lo harán para exigir a la clase política unas pensiones y un sistema residencial digno. 

"No recuerdo en democracia una movilización sostenida durante tantos años". Quien habla al otro lado del teléfono es Leopoldo Pelayo. Tiene 69 años. Hace veinte, era profesor de Matemáticas en un instituto público. Ahora, una de las caras visibles de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid. No le resulta complicado hablar con los medios de comunicación. Se maneja bien, se desenvuelve con soltura. Quizá sea porque lleva casi toda su vida guerreando en todo tipo de organizaciones. "De izquierdas", señala. Pero el movimiento en el que ahora participa, aclara, trasciende las ideologías. "Es transversal, amplio. Aquí puede haber votantes de todo tipo. Eso sí, siempre y cuando defiendan un sistema público de pensiones y unas prestaciones dignas", apunta en conversación con infoLibre.

Puede que ese sea uno de los ingredientes que permitió ver cómo cientos y cientos de pensionistas protestaban en Bilbao religiosamente cada lunes. Una ceremonia que se repitió de forma continuada durante dos años. Y allí, como un clavo, se colocaba cada comienzo de semana Luki Gómez, que ahora tiene 67 años. Cuando arrancaron las protestas, en enero de 2018, estaba prejubilado. Pero no dudó en implicarse a fondo en el movimiento. "El que tuvo, retuvo", dice entre risas. Como Pelayo, el vasco también ha estado siempre movilizado. Desde que comenzó a trabajar en los Altos Hornos de Bizkaia en 1974. Entonces, militaba de forma clandestina en CCOO –el sindicato no fue legalizado hasta 1977–. "Yo me encargaba de cobrar a los compañeros la cuota sindical, un dinero que luego hacía llegar al responsable de finanzas", rememora Gómez.

Y ahí, en ese pasado, es donde ambos sitúan la clave del éxito de la fuerza de movilización que tiene el colectivo. "Las personas mayores venimos de unos años en los que se luchó mucho en las calles por los derechos y las libertades", reflexiona el jubilado de Euskadi. Es algo en lo que coincide su compañero residente en Madrid. "De jóvenes peleamos por unos derechos que ahora están perdiendo nuestros nietos. Y esa etapa de compromiso y resistencia sigue viva", dice el portavoz de Coespe. Al final, resalta Mariví Nieto, una de las que lleva la voz cantante en Marea de Residencias, es gente que "lleva en su ADN" el "salir" a "defender" lo que es de todos. Por eso, pide que no se deje toda la carga sobre sus espaldas. "La gente joven también tiene que movilizarse. Porque hoy es por ellos, pero mañana será por ti", dice.

La lucha no ha terminado. De hecho, todavía queda mucho camino que recorrer. Por eso, más de noventa colectivos están preparando un otoño caliente cargado de movilizaciones. El pistoletazo de salida se dará este sábado, con una marcha que partirá a mediodía de Atocha y discurrirá por el Paseo del Prado hasta terminar alcanzando el Congreso de los Diputados. El objetivo general de la manifestación, que contará con delegaciones enviadas desde varios territorios, es reclamar una "defensa de los servicios públicos". Sin embargo, los protagonistas serán ellos, los mayores. Sobre todo, después de un año y medio de pandemia que ha dejado al descubierto el abandono al que se ven sometidos. "Recuerdo el caso de una vecina del barrio que vive sola y que se vio en pleno confinamiento sin dinero para hacer la compra. No sabía usar el cajero, y a la sucursal no podía pasar sin cita previa. ¡Que le pidiese ayuda a algún amigo, le decían!", ejemplifica Gómez.

Más residencias públicas y con más personal

Pero lo más dramático, recuerda el pensionista, es lo sucedido en los geriátricos, donde han fallecido en lo que va de crisis sanitaria más de 30.600 ancianos con covid confirmado o síntomas compatibles con la enfermedad, según los últimos datos del Imserso. "Lo que ha pasado ahí ha sido inhumano. ¡La mayoría han sido tanatorios!", dice. Por eso, estos centros ocuparán un papel primordial en la marcha. Y lo harán con un lema claro: "Residencias de personas mayores y dependientes, cien por cien públicas y de calidad". "Queremos que se lleve a cabo una fuerte inversión en plazas públicas y que no sean de gestión indirecta", apunta Nieto. El sector en España está totalmente dominado por la empresa privada. Según datos recopilados por el director de investigación de infoLibre, Manuel Rico, en su libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, nada más y nada menos que el 87% de las plazas en las residencias de mayores están en manos del sector privado.

La primera ola de la pandemia ha puesto de manifiesto que los centros públicos soportaron mejor el azote del virus. O que varias administraciones no permitieron la derivación de residentes a hospitales en base a unos protocolos de exclusión, como desveló este diario. Pero también, las carencias en la atención a los mayores. "En definitiva, ha ido mostrando lo que nosotros ya sabíamos antes de que llegara el coronavirus", afirma Nieto. Desde Marea de Residencias son conscientes de que son las comunidades quienes tienen las competencias en materia de servicios sociales. Sin embargo, exigen un "marco" a nivel nacional que fije unos "mínimos" a cumplir. Por ejemplo, que los nuevos centros públicos que se construyan, porque es necesario construir más, no tengan más de un centenar de plazas. O que se fijen unas ratios mínimas de personal obligatorio.

Una reforma de las pensiones a medio hacer

Junto a los geriátricos, las pensiones es otro de los grandes temas que vehicularan la marcha. Una manifestación que se desarrollará pocas horas después de que el Ejecutivo haya logrado esquivar el primer obstáculo para sacar adelante la primera fase de su reforma del sistema. Este jueves, el Congreso de los Diputados rechazó la enmienda a la totalidad del PP al texto que el Gobierno pactó con los agentes sociales, ese que suprime los aspectos más polémicos de la reforma de Rajoy: el índice de revalorización, que limitaba la subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit y el llamado factor de sostenibilidad. Con este primer paquete en tramitación, ahora el Gobierno debe atar el segundo. Tiene hasta el próximo 15 de noviembre para alcanzar un acuerdo con los agentes sociales relativo al "mecanismo de equidad intergeneracional" que sustituya al factor de sostenibilidad. Si no lo logra, tendrá que definirlo en solitario.

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Los pensionistas están vigilantes. Sobre todo, después de escuchar las últimas declaraciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, esas en las que reflexionaba, en respuesta a una pregunta sobre las prejubilaciones en la banca, sobre la necesidad de un "cambio cultural" para que "se trabaje cada vez más" entre los 55 y 75 años, si bien luego quiso dejar claro que el Gobierno no se plantea en ningún caso elevar la edad legal de jubilación, que llegará a los 67 años en 2027. Pero, además, exigen más cambios. "De las movilizaciones de hace un par de años solo conseguimos que se revalorizarán con el IPC real. Pero teníamos muchas más reivindicaciones que todavía no se han atendido", recuerda Gómez, que se enciende al hablar de este asunto.

El manifiesto de la manifestación de este sábado exige que no se retrase la jubilación, que no se incrementen los años de cotización, que se establezca una pensión mínima del 60% del salario medio y que no se penalicen las jubilaciones anticipadas. "Queremos, por lo menos, una mínima de 1.084 euros", señala el pensionista vasco, que también pide una "auditoría de la Seguridad Social" o que se garantice que la pensión de viudedad sea del cien por ciento de lo que percibía el cónyuge fallecido.

La marcha de este fin de semana es solo el principio. El próximo 16 de octubre se espera otra gran movilización en la capital con gente llegada desde todos los rincones del país, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Y, entre medias, el 8 de octubre, una nueva plataforma estatal de pensionistas que aglutine a grandes organizaciones de ámbito nacional. Formarán parte de ella la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la ONCE. Todo para continuar la lucha. "Me duele cuando veo a gente joven diciendo que al menos nosotros tenemos una pensión y que ellos no van a llegar a eso. ¡Os han ganado la guerra cuando ni siquiera habéis librado la primera batalla!", sentencia Gómez.