El Gobierno seguirá con su plan de repatriaciones de los menores marroquíes pese a los reveses judiciales

El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez repatriará a los cerca de 800 menores procedentes de Marruecos que el pasado mes de mayo llegaron a Ceuta tras la crisis migratoria que desembocó en un conflicto diplomático entre ambos países. Sánchez se ha comprometido este miércoles a hacerlo en "el menor tiempo posible" siguiendo "la vía que marca el reglamento de la Ley de Extranjería" tras una reunión con el presidente de Ceuta, el conservador Juan Jesús Vivas.

"El presidente me ha prometido activar todos los recursos que están en manos del Estado para poder retornar a los menores a Marruecos", ha afirmado el jefe del Ejecutivo de Ceuta en rueda de prensa. Según Vivas, ninguna de las dos administraciones se plantea otras opciones –como podría ser su traslado a la Península– para solventar la crisis. "La única solución es la del retorno a Marruecos", ha señalado.

La reunión, de hora y media de duración, se ha producido después de que el juzgado ceutí haya prolongado la suspensión cautelar de la devolución a Marruecos de nueve de esos migrantes. El auto, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Ceuta, apunta a un posible incumplimiento de la ley por parte del Gobierno. Concretamente pone el foco sobre la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que actuó tras recibir una comunicación del departamento que dirige el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Su departamento es el más señalado por el auto al afirmar que los menores quedaron en situación de "indefensión" y posiblemente vieron vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Los procesos que afectan a la protección jurídica de los menores tienen una regulación muy precisa y rigurosa, que requiere de asistencia letrada, contacto entre ambas administraciones, informes sociales y familiares y la posición la postura individualizada de la Fiscalía sobre cada menor, entre otras cuestiones.

En ese sentido Amnistía Internacional ha reclamado tras la reunión entre Sánchez y Vivas que cualquier medida que se tome sobre estos menores, garantice "sus derechos humanos", así como "la legalidad nacional e internacional". La asociación ha recordado que el examen individualizado de la situación de cada niño no debe ser percibido como un trámite burocrático destinado a retornar los menores a Marruecos.

Pero para el Gobierno no hay más opción que devolver a los menores a su país de origen, "especialmente con ocasión del comienzo del curso escolar, ya que su permanencia en Ceuta puede perjudicar enormemente su desarrollo educativo y aumentar su desarraigo familiar", reza el comunicado enviado por la Presidencia del Gobierno, puesto que Sánchez ha evitado comparecer como sí lo ha hecho Vivas.

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Frente a las críticas de la dirección de su partido a las devoluciones, Vivas ha defendido su plena legalidad al mismo tiempo que su partido, el PP, pedía el cese del ministro. El conservador ha asegurado que las devoluciones se retomarán de acuerdo a lo que ha dicho la ley. Para el presidente de Ceuta, la decisión judicial "da pistas sobre cómo se tienen que producir los retornos para que tengan el amparo legal necesario".

Asimismo, el presidente ceutí ha aplaudido la "implicación personal" y la "rapidez en la respuesta” del presidente del Gobierno, lo que ha "evitado el desastre", en sus palabras. "Los ceutíes no están solos, tenemos al Gobierno de la nación con nosotros", ha celebrado. En el sentido opuesto se ha manifestado la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, que esta mañana, en una entrevista en Radio Nacional, ha criticado que Marlaska no puede seguir al frente del Ministerio "ni un minuto más".

Gamarra ha indicado que el PP pedirá "en los próximos días" la comparecencia en la Cámara Baja del ministro del Interior, pero tras la intervención de Vivas en la Moncloa, el grupo parlamentario no ha exigido su intervención en el Congreso, lo que ha sorprendido a Vox y Ciudadanos. Sí ha solicitado que comparezcan la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la de Sanidad, Carolina Darias. Los tres deberán rendir cuentas ante la Cámara Baja la próxima semana.