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El TS condena a Alberto Rodríguez (Unidas Podemos) a un mes y 15 días de prisión por atentado a la autoridad

  • La pena de prisión se sustituye por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros)
  • La condena conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena: no puede ser elegido para cargo público y podría perder el escaño
  • Rodríguez es absuelto de un delito leve de lesiones, como consecuencia de la despenalización de las faltas en 2015, aunque tendrá que pagar 50 euros como indemnización de responsabilidad civil al agente
  • La Junta Electoral y el Congreso examinarán la próxima semana el caso para decidir si le cesan o le suspenden del ejercicio de sus funciones como diputado

     

Publicada el 07/10/2021 a las 09:11 Actualizada el 07/10/2021 a las 15:19
El diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, en el juicio en el Tribunal Supremo por atentado contra agente de la autoridad

El diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, en el juicio en el Tribunal Supremo.

EFE

La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha condenado al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La condena conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, es decir, no puede ser elegido para cargo público durante la condena, y, según fuentes jurídicas a Europa Press, podría conllevar la pérdida del escaño en el Congreso de los Diputados.

En la sentencia, el Supremo apunta que la pena de prisión se sustituye por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros) y da traslado de la resolución a la Junta Electoral Central (JEC) a los efectos oportunos. Por otro lado, en la resolución, ponencia del magistrado Miguel Colmenero, Rodríguez es absuelto de un delito leve de lesiones, como consecuencia de la despenalización de las faltas en 2015, aunque tendrá que pagar 50 euros como indemnización de responsabilidad civil al agente del Cuerpo Nacional de Policía al que, según los hechos probados, propinó una patada en una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife).

La condena a un mes y quince días de prisión difiere de lo que pedía la Fiscalía en la vista, cuando ya rebajó su solicitud de pena a tres meses y 10 días de prisión. El Ministerio Público pedía para él inicialmente la pena de seis meses de prisión.

En los hechos probados de la resolución, se relata que el 25 de enero de 2014, en la localidad de La Laguna se organizaron distintos actos a los que estaba previsto que asistiera el entonces ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert. La Policía organizó un dispositivo en las inmediaciones al tener conocimiento de que se había convocado una manifestación bajo el lema "Rechazo a la Lomce".

La patada de Rodríguez

Añade que, sobre las 11.00 horas de la mañana, tras el vallado trenzado colocado como protección en las proximidades de la catedral se fue congregando un grupo de unas 500 personas que "comenzaron a proferir gritos e insultos contra los agentes y contra el citado ministro".

"En un momento determinado, los congregados comenzaron a arremeter contra el vallado, lanzando las vallas contra los agentes, así como objetos diversos como piedras, botellas de agua y otros", señala la sentencia, que indica que ello "motivó que una unidad policial que estaba preparada como reacción, se situara entre el vallado y los congregados, tratando de mantener la línea de protección, y auxiliando a los agentes que procedían a la detención de aquellos a los que habían visto desarrollar una actitud más agresiva".

El relato añade que "en el curso de los enfrentamientos físicos que tuvieron lugar entre éstos y agentes policiales, el acusado Alberto Rodríguez (...) que en ese momento se encontraba entre los primeros, propinó una patada en la rodilla a un agente de Policía que debidamente uniformado estaba cumpliendo las funciones propias de su cargo como integrante de la referida unidad policial, el cual, a consecuencia de aquella, sufrió una contusión de la que curó en un día sin impedimento para sus actividades habituales".

El Supremo argumenta que, para determinar la agresión al agente y la autoría de la misma, la prueba que ha tenido en cuenta es, fundamentalmente, la declaración del policía afectado, quien "en sus declaraciones no expresó duda alguna respecto a que el acusado fue quien le propinó, voluntariamente, una patada en su rodilla izquierda, en el curso de los incidentes que tuvieron lugar".

No hay animadversión por parte del agente

Añade que "tal declaración aparece corroborada por el hecho de haber acudido inmediatamente después de los sucesos a recibir asistencia médica y por la temprana identificación policial del acusado como autor de los hechos. La credibilidad del testigo viene avalada además por la persistencia en la versión mantenida desde el principio y por la inexistencia de cualquier clase de animadversión contra el acusado".

En cuanto a la manifestación del acusado que atribuía las declaraciones del agente a lo que considera una práctica habitual de la policía consistente en afirmar falsamente que una persona, que se ha caracterizado por su actividad en otras manifestaciones, está presente en aquella sobre la que informan y ha desarrollado en ella actitudes violentas, la sentencia señala que no está avalada por ninguna prueba, y recuerda que el agente declaró que conocía al acusado de otras manifestaciones anteriores en las que había mantenido un comportamiento normal.

"De manera que, en la fecha de los hechos, en opinión del testigo, el acusado no era una persona significada por su actitud especialmente activa o violenta en las manifestaciones; y, además, entonces carecía de relevancia política", dicen los magistrados.

Respecto a lo que también sostuvo el acusado sobre que la acusación formalizada en esta causa pretendía cuestionar el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación, la Sala tampoco comparte el argumento y subraya que "numerosas personas hicieron uso de ese derecho en aquella ocasión y solo se practicó la detención de aquellos a quienes se imputaban actos violentos".

"La violencia no es inherente al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. La acusación sostenida en esta causa nada tiene que ver con el ejercicio de esos derechos fundamentales, sino con el empleo de violencia, en el curso de su ejercicio, contra los agentes de la autoridad que se encuentran en el cumplimiento de sus funciones", recuerda.

La Sala afea que, en el uso del derecho a la última palabra, Rodríguez señalara que de producirse la condena acudiría al Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. "Se trata de una alegación que resulta inapropiada en una sede judicial. Es de toda evidencia que las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas a través de los mecanismos previstos en las leyes", le recuerdan.

Tras esto, el tribunal considera que en este caso concurren todos los elementos exigidos por el tipo penal de atentado a agentes de la autoridad dado que "ninguna duda existe respecto a que el agente lesionado se encontraba uniformado y en el ejercicio de las funciones propias de su cargo".

Voto particular favorable a la absolución

La sentencia incluye un voto particular discrepante de los magistrados Susana Polo y Leopoldo Puente, dos de los siete que han formado el tribunal, en el que sostienen que la sentencia debió ser absolutoria, ya que la prueba practicada en el juicio está "muy lejos" de ser suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia.

Indican que la condena se sustenta como prueba única en el testimonio prestado por el policía, que a su juicio no ilustró al tribunal sobre las circunstancias en las que se produjo la agresión. "Esta extrema parquedad del relato, resulta, a nuestro parecer, muy relevante, en la medida en que mal puede valorarse la fiabilidad en la identificación del agresor, cuando ni siquiera conocemos si el agente dispuso de algún tiempo para reparar en su aspecto (al verle, por ejemplo, llegar de frente) o si los hechos discurrieron de forma súbita y en condiciones inadecuadas para dicho reconocimiento", sostienen.

Afirman que en este caso se trata de determinar si puede considerarse probado que Alberto Rodríguez fue la persona que propinó a dicho agente una patada en la rodilla izquierda. "Así lo afirma el agente. Y el acusado lo niega", añaden.

La Junta Electoral y el Congreso examinarán el caso para decidir si le cesan o le suspenden

La Junta Electoral Central (JEC) y la Mesa del Congreso tienen previsto examinar la próxima semana las consecuencias de la condena impuesta a Alberto Rodríguez para determinar si conlleva la pérdida del escaño o si bastaría con una suspensión temporal de sus funciones y derechos.

En los casos anteriores, como con el expresidente catalán Quim Torra en el Parlament o el diputado republicano Joan Josep Nuet en el Congreso, la JEC dio por perdido el escaño por inelegibilidad sobrevenida, ya que el apartado b) del artículo 6.2 de la Ley Electoral (LOREG) indica que son inelegibles los condenados por sentencia que conlleve "inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo" o para ejercer un cargo público.

Pero en el caso de Alberto Rodríguez apuntan que habría que aplicar el apartado a) de ese mismo artículo que considera inelegibles a "los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el periodo que dure la pena", y la duda salta porque el Supremo ha sustituido la cárcel por multa.

A eso se aferran en Unidas Podemos, que subrayan que la sentencia del Tribunal Supremo, al sustituir la prisión por multa, no permite aplicar la inhabilitación absoluta que conllevaría la pérdida inmediata del escaño como ocurrió con Nuet o Francesc Homs, los últimos diputados del Congreso desposeídos de su acta por condena firme. Según esta interpretación, bastaría con que la Mesa del Congreso aplicase la suspensión que establece el Reglamento de la Cámara en su articulo 21.2: "El diputado quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte".

Resolver este embrollo jurídico exige que, antes que nada, el Supremo haga llegar su sentencia a la Junta Electoral Central (JEC), que es el órgano que expide los credenciales de los diputados y a la Cámara. La JEC tiene intención de analizar este caso en su reunión de la próxima semana y en la Mesa del Congreso prefieren no adelantar ninguna posición hasta conocer el enunciado del Supremo y la decisión de la Junta.

Además, y dadas las distintas interpretaciones jurídicas, no es descartable que el órgano de gobierno de la Cámara pida aclaraciones al Supremo.

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30 Comentarios
  • Julián Moreno Julián Moreno 08/10/21 10:23













    Sala SEGUNDA del TS , la que segun el PP dominarian por detras , MARCHENA, LAMELA, COLMENERO, son las estrellas de esta SALA, no hay que decir mas, El Emeri es un Santo y cualquier que identifiquen como luchador por el bien social PODEMOS , sera condenado AUN SIN PRUEBAS, que el policia ha dicho que habia mucho alboroto, que el supuesto golpe nunca le dolio, que no falto atrabajar ningundia por esa causa que los JUECES electos de esta SALA , castigan. Menos mal que aunque no sirve de nada pero hay constancia de que DOS jueces han emitido un voto partucular en contra de la resolucion aportada. Con esta JUSTICiA endiosada tenemos que reaccionar.



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    2

  • JOLOVA JOLOVA 08/10/21 09:09

    ¡ Colmenero ... qué se te ve el PPlumero ! ... El caso no está suficientemente probado... pero da igual .. es un "podemita comunista anti-sistema y encima con "rastas" ... ¡ A por ellos, verdad juez imPParcial?
    Si fuera uno de VOX ... ¡ absuelto en 5 minutos ! ... ¡ Dais auténtico asco ! ... Alberto, ánimo y "a por ellos" en el TEDH ... No pierdas el tiempo en el incomPPetente TC ...

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    6

  • Androide paranoide Androide paranoide 07/10/21 23:01

    ¡¡Animo Alberto!!, yo si creo en tu inocencia, pero has sido juzgado por los herederos del antiguo Tribunal de Orden Público.

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  • deabajo deabajo 07/10/21 22:42

    ¡V E R G Ü E N Z A!

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    11

  • Tonimar Tonimar 07/10/21 21:36

    Porque el congreso no toma medidas contra los jueces del supremo., condenar sin pruebas creo que debe ser motivo de expulsión de la justicia

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    9

  • robes_pi_r robes_pi_r 07/10/21 20:27

    Ponente Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
    - Miembro de una saga de magistrados y fiscales que se remonta a la Guerra Civil.
    - Promocionado por el PP de Angel Acebes a Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 2002
    - Participante habitual en jornadas y cursos de formación de las FAES, en 6 cursos entre el 2005 y el 2007

    - Participante en 2 foros de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, denunciada por un grupo de juristas ante el CGPJ en Mayo del 2012 por las conexiones entre grandes empresas y despachos de abogados con cualificados miembros de la judicatura

    - Figuró como profesor de la universidad Rey Juan Carlos, la del máster de Casado (al igual que Marchena)

    - Ponente de la sentencia del Supremo que impidió abrir un proceso a Casado por prevaricación y cohecho impropio en la "obtención" de su famoso máster

    - Ponente en el caso que condenó al juez Baltasar Garzón por las grabaciones en el Caso Gürtel. Ya sabemos que opina el Comité de Derechos Humanos de la ONU de esto.

    - Firmó la desestimación de las querellas de los trabajadores de Tele Madrid contra Ignacio González y su ático en Estepona

    - Firmó la desestimación de la querella que presentó la Asociación para la recuperación de la memoria histórica contra el Diputado y Portavoz del Partido Popular Rafael Hernando.

    La justicia es independiente y todos somos iguales ante la ley (Juan Carlos I).

    Sólo queda un camino: que la vergüenza y el conocimiento público acabe con este continuo tráfico entre lo privado, la derecha y la extrema derecha y el poder judicial. La justicia está claro que jamás lo hará. Hay que apuntar al bolsillo y al nepotismo.

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    20

    • MIRMILON MIRMILON 08/10/21 07:04

      Vamos, un prenda.

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  • E+P E+P 07/10/21 18:45

    En la España actual, es la Judicatura la que ostenta el poder legislativo, habiendo sido sustituido el voto por la toga.

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  • Ayla* Ayla* 07/10/21 16:32

    Derogación de la ley mordaza ya!!!!

    Que en un juicio no se tengan en cuenta los vídeos que presenta la defensa y se base sólo en la endeble declaración de un policía que ha ido cambiando la gravedad demuestra la "democracia plena" e independencia de los jueces.

    La poca vergüenza de la presunta justicia en este país es demoledora.

    Cada día es más evidente el golpe de estado, sin armas, en el que estamos inmersos.

    Y el partido que ha creado una organización eficaz para la corrupción pretende que "sus" jueces se elijan entre ellos.

    País.

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  • Zurik Zurik 07/10/21 16:00

    Y todo con total impunidad, A Rodriguez condenado, emérito archivado, el rey sigue opaco, justicia con mandatos caducados y aliándose con la derecha, derechas y medios afines en bucle fake, las eléctricas con órdagos / chantajes al gobierno.... y sin complejos.

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  • Locomotoro Locomotoro 07/10/21 15:37

    Y esto es sin prueba alguna. M.Rajoy no se sabe quién es. Rodrigo Rato y la cúpula de Bankinter absuelta de la estafa por la salida a bolsa. Esperanza Aguirre caso archivado por huir de los agentes, huida en la que tira una moto. Zaplana en la calle igual que Urdangarín. Ignacio González, la Infanta el Emérito .... etc. 
    Y luego se colocan la toga, los birretes, los collares, se ponen muy serios, se mueven lentamente, todos muy aplicados como si de una procesión se tratara y, mirándonos por encima del hombro, los elegidos a los mortales, en un acto que llaman institucional, proclaman. ... LA JUSTICIA ES IGUAL PARA TODOS.  .....    Y UNA MIERDA, que no somos los elegidos por la providencia divina pero no somos ni tontos, ni ciegos ni sordos.

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