El desbloqueo de los órganos constitucionales
Documentos oficiales desmienten a Enrique Arnaldo en la defensa de su currículum ante el Congreso
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Enrique Arnaldo, uno de los dos juristas propuestos por el PP como magistrado del Tribunal Constitucional, recibió este martes el aval del Congreso tras un examen en el que tanto su currículum oficial como su relato sobre las actividades privadas desarrolladas en los últimos años chocan de plano con documentos oficiales que le desmienten. Esos documentos –entre ellos dos actas de un expediente administrativo municipal– prueban que lejos de desligarse en 2017 de Estudios Jurídicos y Procesales SL, empresa que llegó a hacerse con múltiples contratos públicos, Arnaldo se mantuvo activo en ella hasta hace un año. De hecho, su firma consta en las cuentas anuales de 2019, depositadas en el Registro Mercantil en octubre de 2020. Y no fue hasta un mes más tarde –el 26 de noviembre de 2020– cuando el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó su cese como administrador solidario de la compañía.
Letrado del Congreso con rango de alto funcionario, durante su comparecencia en la sede de la soberanía popular Arnaldo enfatizó que no había tenido "ninguna relación" con un contrato público otorgado en noviembre de 2019 a la empresa de la que dice haberse desligado "en mayo de 2017" –así consta en su currículum oficial– de Estudios Jurídicos y Procesales SL. Pero el expediente del concurso, convocado por el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) para externalizar la "defensa jurídica ante juzgados y tribunales" y uno de cuyos lotes ganó la sociedad donde operaba Arnaldo, demuestra lo contrario: que lejos de haber roto amarras con la firma donde llevaba casi dos décadas ocupando el cargo de administrador solidario, el funcionario aparecía primero como letrado adscrito a los servicios ofertados; y luego, como "coordinador". Puedes consultar ambas actas, una de agosto de 2019 y la segunda, de noviembre de ese año, pinchando aquí y aquí. La convocatoria del concurso se había publicado en abril de ese año.
La segunda acta indica además que, entre otros papeles, la empresa había enviado al Ayuntamiento de Las Rozas (PP) una "declaración responsable de los medios para la ejecución del contrato", valorado en 144.000 euros IVA excluido. La declaración responsable posee carácter oficial. Y según los expertos consultados, indica con nombres y apellidos qué personas ligadas a la empresa adjudicataria se ocuparán de las tareas sujetas a contrato. Pero lo que Arnaldo contó a los miembros de la Comisión de Nombramientos del Congreso fue esto: "Puede que efectivamente se haya incorporado mi currículum ahí pero no he tenido ninguna intervención de ninguna clase en relación con ese ayuntamiento [el de las Rozas] en los últimos años".
Al igual que hizo la semana pasada en respuesta a las preguntas de este periódico, Arnaldo remarcó que desde 2002 tiene concedida por el Congreso compatibilidad para ejercer la abogacía con carácter privado. El jurista esgrimió los mismos argumentos –que los contratos públicos adjudicados a Estudios Jurídicos y Procesales SL no son de "servicios" sino de "asistencia jurídica"– para repetir que la normativa sobre incompatibilidades nunca le ha afectado.
Fue en respuesta a las preguntas del durísimo interrogatorio al que le sometió el diputado socialista Odón Elorza en la Comisión de Nombramientos cuando Arnaldo se expresó en los términos enunciados. Y cuando lanzó su versión sobre cuándo se había desligado de Estudios Jurídicos: "Terminé la relación con esta sociedad en 2017 pero la venta de las participaciones y por tanto la desaparición [de su nombre] en el Registro [Mercantil] se produce en fechas posteriores". ¿Por qué? Pues según el jurista, porque "una de las personas que estaba allí falleció, hubo una serie de condicionantes para retrasar la salida formal aunque se había producido la salida de hecho". Al término de la sesión, y al igual que Unidas Podemos así como el patrocinador de su candidatura, el PP, los socialistas votaron a favor de que Arnaldo se incorpore al Constitucional.
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Al hablar de un fallecimiento que habría demorado su "desaparición" del Registro Mercantil, el futuro magistrado del TC se refería al de otro de los tres juristas que hasta 2019 habían formado el trípode sobre el que se sustentaba Estudios Jurídicos y Procesales SL. Pero, tal como este martes refrendaron el catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Julio González y otros expertos consultados por infoLibre, vender las participaciones que alguien posee en una sociedad puede ser un proceso lento. En cambio, cesar como miembro de su órgano social, máxime en una SL, constituye un trámite que se finiquita con rapidez. "Los ceses como administrador son automáticos, se tiene solucionado en cuatro o cinco días una vez lo decide la asamblea de socios,", explica González. Y son los administradores, confirma el profesor, quienes "tienen la responsabilidad de presentar las cuentas" anuales de la sociedad. Las de 2019, depositadas en el Registro Mercantil en octubre de 2020, llevan la firma de Enrique Arnaldo. ¿Resulta lógico que alguien que ya no mantiene vínculos con una empresa estampe su rúbrica en unas cuentas que no conoce y se arriesgue así a asumir culpas si encierran desfases o mentiras a efectos mercantiles o tributarios? Todos los expertos consultados coincidieron en su respuesta: no.
Como adelantó la cadena Ser, solo entre 2003 y 2008 Estudios Jurídicos y Procesales SL logró casi un millón mediante contratos públicos, en su mayoría concedidos por administraciones bajo control del PP. La cifra se conoce por los papeles incorporados al caso Matas, donde Arnaldo permaneció imputado un año justamente por tres contratos concedidos a dedo a la empresa de la que era socio. En julio de 2011 quedó por completo exonerado y así lo remarcó el futuro juez del tribunal de garantías español. En el Congreso, Arnaldo subrayó que no tiene "amigos" en política.
Este periódico le envió dos preguntas tras su comparecencia. Son estas: ¿Por qué ha negado toda relación con el contrato de Las Rozas si los documentos oficiales le sitúan en el centro del escenario en cuanto a su tramitación? ¿Por qué no cesó de inmediato como administrador solidario de la compañía con la que asegura haber roto amarras en mayo de 2017? El futuro magistrado del TC no respondió.
