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2002: Garzón cerca a Batasuna entre fuertes protestas 'abertzales'

  • El 24 de agosto de 2002, la prensa informaba sobre la inminente ilegalización del brazo político de ETA en aplicación de la recién aprobada Ley de Partidos
  • infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los diarios, un espejo de los temas candentes en las vacaciones de entre 1978 y 2002

Publicada el 24/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 27/08/2018 a las 10:22
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El 24 de agosto de 2002, la ilegalización de Batasuna estaba en todas las portadas nacionales, y el juez Garzón era el protagonista por su contundencia con lo que algunos medios llamaban "Batasuna-ETA". A la suspensión de actividades del partido abertzale y al cierre de sus sedes, le seguía la intervención de las herriko tabernas y los centros culturales vinculados a la formación. Toda una "ofensiva legal" apoyada en dos demandas penales, por parte del Gobierno y de la Fiscalía, que iba dirigida a terminar con el brazo político de ETA. Mientras tanto, la dictadura de Pinochet reconocía el daño ejercido contra un funcionario español de la ONU y compensaba económicamente a su familia 26 años después de su asesinato. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

  Los titulares de ese sábado tenían tipografías dimensionadas y ocupaban lo alto de las cabeceras. "Ofensiva total contra Batasuna-ETA" (ABC), "Garzón interviene hasta las tabernas que tiene Batasuna" (La Vanguardia), "Batasuna pide a las bases que 'planten cara con contundencia' " (El País) o "El Estado estrecha el cerco mientras Batasuna incita a la violencia callejera" (El Mundo). Las noticias eran cascadas de información sobre los últimos incidentes con la izquierda abertzale, y el recorrido legal que el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía General del Estado tenían previsto para Batasuna. El primer paso era la suspensión de actividades, que Garzón avanzaba que se produciría al lunes siguiente, y a continuación el cierre de sus sedes "por su vinculación con la organización terrorista ETA" (El País). La "ofensiva legal", como la calificaba el periódico El Mundo −el medio que hizo un tratamiento más agresivo de la información−, estaba articulada en tres sentidos: el auto que Garzón firmaría ese lunes y sendas demandas penales del Gobierno −a través de la Abogacía General del Estado− y de la Fiscalía, que fueron presentadas al Tribunal Supremo con el resultado esperado. Unos meses más tarde, el 27 de marzo de 2003, Batasuna era ilegal en España por unanimidad del órgano judicial. Y otras formaciones políticas como Herri Batasuna o Euskal Herritarrok pasaban a considerarse órganos instrumentales de ETA.

Los periódicos también se hacían eco de los últimos sucesos de la izquierda abertzale y del entorno de Batasuna en País Vasco. La Fiscalía entendía que, en la milenaria manifestación que había tenido lugar unos días antes en Bilbao, las declaraciones de Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, constituían amenazas al Gobierno y al juez Garzón. "Las amenazas de Permach se unen a las que el miércoles profirió también en Bilbao Arnaldo Otegi, otro de los dirigentes de la formación. Otegi advirtió al Gobierno vasco que "no se le pase por la cabeza" utilizar la Ertzaintza para dar cumplimiento al auto de suspensión de actividades de Garzón", relataba el diario El País. Joseba Permach, coordinador de Batasuna, había definido al juez de la Audiencia Nacional como "un mercenario de la justicia" y había animado a toda la gente allí reunida a "plantar cara, salir a la calle y responder con contundencia". En la pancarta de cabecera de la manifestación, se leía: "Stop fascismo".

  Las fotografías que utilizaron ABC y El Mundo para ilustrar la noticia eran especialmente significativas. En el caso del periódico monárquico, la imagen mostraba a dos jóvenes escalando la fachada del Ayuntamiento de Bilbao para retirar la bandera de España del consistorio, mientras desde el propio balcón unos agentes de seguridad observaban la hazaña con incredulidad. En el caso del diario dirigido por Pedro J. Ramírez, la fotografía recogía al diputado de Batasuna Josu Ternera con una esvástica a sus espaldas, en la manifestación de Bilbao. "El cerco de los tres poderes del Estado contra Batasuna se estrecha, mientras la formación abertzale sigue incitando a la violencia callejera", arrancaba la información, para precisar que el auto del magistrado Garzón iba a "poner bajo administración judicial todas las sedes de Batasuna o herriko tabernas y las asociaciones culturales vinculadas a la formación abertzale".

Batasuna dejó de existir a nivel legal el 27 de marzo de 2003, aunque no se disolvió hasta diez años después, en enero de 2013. El juez Garzón había levantado su auto en aplicación de la Ley de Partidos, aprobada expresamente para acabar con el brazo político de ETA, y en el marco del "sumario 35/02" contra las herriko tabernas. Batasuna interpuso recurso al Tribunal Constitucional, que confirmó la sentencia del Supremo por unanimidad en enero de 2004. La última bala para salir de la ilegalidad era apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que admitió el recurso a trámite en 2007 y lo desestimó en 2009. Así, se abrió una nueva etapa donde fueron ilegalizados partidos políticos considerados sucesores de Batasuna (Abertzale Sozialisten Batasuna, y D3M y Askatasuna fueron los casos más sonados) y otros relacionados con grupos terroristas (el PCE(r), por su vinculación con los GRAPO, según sentenció la Audiencia Nacional en 2006). El final de ETA era una incertidumbre.

Indemnización 26 años después

  En un breve informativo arrinconado, El País y El Mundo recogían la decisión del Gobierno de Chile de "reparar" el daño de la familia de Carmelo Soria, el funcionario español de la ONU que fue torturado y asesinado en 1976 por agentes de la DINA, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet. "La viuda y la hija del funcionario español de la ONU recibirán una reparación de dos millones de dólares", precisaba El País.

Sin embargo, no ha sido hasta fechas relativamente recientes cuando la Justicia se ha dirigido hacia siete de los agentes secretos que torturaron y mataron a Soria. Según el auto de procesamiento, los acusados le rompieron casi todas las costillas al diplomático y le forzaron a beber aguardiente de uva para acabar con su vida, si bien finalmente fue estrangulado. "Soria fue metido en el coche y tirado a un canal. En el bolsillo le metieron una nota para que pareciese que se había suicidado al enterarse de que su mujer le era infiel", contaba El País en una noticia de 2012.

La Audiencia Nacional pidió a la Justicia chilena la extradición a España de los asesinos de Carmelo Soria, pero el país andino se negó argumentando que ya había una investigación abierta en Chile por los acusados de violación de derechos humanos. Sin embargo, el tribunal español, tras analizar el contenido de la investigación, concluyó en 2015 que había una "falta de voluntad" para perseguir los hechos y administrar justicia en el país americano, y que España abriría su propia investigación.
 
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