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¿Verdad o mentira?

Casado afirma que los homicidios con armas de fuego cayeron en Australia "un 60%" tras las leyes restrictivas de 1996

El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, volvió monopolizar el debate público con sus polémicas palabras en torno a las armas. Lo hizo tras defender que la ley debería permitir a los españoles "disponer de un arma en su casa" para utilizarla "en situaciones de amenaza real para su vida". Una medida que parece imitar modelos como el estadounidense y que ha sido rechazada frontalmente por lo demás partidos políticos, no sólo en la izquierda. Pablo Casado, presidente del PP, recordó como argumento para justificar su oposición el ejemplo de Australia, donde los homicidios "bajaron un 60%" cuando caminó hacia una legislación restrictiva respecto a la tenencia y el tráfico de armas.

¿Es Australia el ejemplo que afirma Casado? Lo cierto es que el país se convirtió a finales de los noventa en paradigma en lo que a regulación de tenencia de armas se refiere. Lo hizo después de un tiroteo que marcó un antes y un después para el país. Ocurrió en Tasmania, en 1996. La masacre se produjo en Port Arthur a manos de un pistolero, Martin Bryant,que abrió fuego contra un grupo de turistas, causando la muerte de 35 personas y dejando a otras 23 heridas. Lo sucedido forzó la apertura de un debate público en torno a la posesión de armas y obligó a una posición firme por parte de los líderes políticos.

La jurisdicción hasta entonces se dividía en función del criterio y la sensibilidad de cada territorio, de modo que no existía una legislación global para todo el país. Las diferencias entre una región y otra eran abismales. Tras lo sucedido en Port Arthur, el entonces líder del Partido Liberal y primer ministro australiano, John Howard, tomó las riendas del asunto. Nació entonces la propuesta del Programa Nacional de Armas de Fuego de 1996, aprobado por el Parlamento de Australia en septiembre del mismo año. En base a aquel acuerdo, el Gobierno Federal confiscó y destruyó 643.726 armas de fuego ilegales. Fue el inicio de toda una carrera hacia una sociedad menos permisiva en relación a la posesión de armas. Aquel marco normativo, de hecho, rechazaba la protección personal como motivo para justificar la posesión de armas.

De nuevo en 2002 se endurecieron las condiciones para acceder a algunas armas de fuego, a través del Acuerdo sobre Tráfico de Armas de Fuego, un precepto que llevó a modificar también la legislación de 1996 e introducir disposiciones más rígidas en lo relativo a la fabricación, compra, distribución y tenencia. Desde entonces, el panorama es radicalmente distinto al previo a la matanza de Port Arthus.

Según las estadísticas oficiales, las muertes como consecuencia del uso de armas de fuego han disminuido significativamente en el país. De acuerdo con los datos del Instituto Australiano de Criminología y de la Oficina Estadística de Australia, el número de asesinatos relacionados con armas en el país rondaba el centenar en 1996, mientras que diez años después se redujo más de la mitad. Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de Australia y la Universidad Wilfrid Laurier confirma una tendencia que se mantendría con los años. Tal y como relata el análisis citando a los organismos previamente mencionados, la tasa de homicidios con armas de fuego pasó de ser un 0,37 por cada 100.000 personas en 1995 a 0,15 por cada 100.000 personas en 2006: una caída del 59,5%.

La política iniciada a finales de los noventa en Australia se mantiene a día de hoy. En marzo de 2018, y tras una amnistía de tres meses anunciada en 2017, el Gobierno recontó un total de 57.324 armas de fuego recibidas. Este segundo episodio de recepción de armas lo precipitó el secuestro de una cafetería en Sidney que terminó con la vida de tres personas, incluida la del autor de los hechos. Un acontecimiento que de nuevo obligó a las autoridades a recuperar estrategias que se habían demostrado efectivas en el pasado y que, de hecho, desde 1996 han servido para esquivar episodios de tiroteos masivos como el de Port Arthur. El fin del indulto ejecutado por las autoridades hace ahora dos años se resolvió con una vuelta al marco normativo actual, donde la posesión ilegal de armas constituye un delito penal.

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