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A raíz del descabezamiento de la oficina de grandes contribuyentes, en la Agencia Tributaria se ha producido un gran revuelo. Siempre dentro de la ley, se ejecutó el cese fulminante de una funcionaria que estaba llevando a cabo una inspección a una multinacional del cemento. Este cese provocó la protesta de su jefe, que presentó la dimisión, y se esperan nuevas reacciones dentro de un colectivo que ha puesto el grito en el cielo. Pero con sordina, que no están los tiempos como para tomar decisiones en caliente ni para llamar al pan, pan, y al vino, vino. Teniendo en cuenta que va aumentando la edad de jubilación y la expectativa de una vida larga es cada vez mayor, lo inteligente es nadar y guardar la ropa. Y así nos va.

Digo esto porque, a raíz de este suceso, salen otras noticias, informaciones colaterales, como de tapadillo, que deberían ser titulares, en las que nos enteramos de que en los últimos dos años ha habido más de trescientos ceses (destituciones) en la Agencia Tributaria. Más de trescientos ceses significa, y esta es la noticia, más de trescientos nombramientos de libre designación. ¿Cómo se van a llevar a cabo? ¿A quién van a poner? ¿Qué instrucciones van a recibir para que no les ocurra lo mismo que a sus antecesores? ¿Es el cese de esta señora que se enfrentó a la multinacional un aviso a navegantes?

Parece que nos debemos ir acostumbrando a la manera en la que los señores del Partido Popular copan las instituciones que administran la vida y los bienes de los ciudadanos poniéndolos al servicio de sus intereses; bien para cumplir objetivos políticos o patrimoniales, bien para lograr la tan ansiada impunidad jurídica.

Sus mayorías absolutas sirven para copar, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación vetan cuando pierden esa mayoría. El CGPJ permanece con los magistrados que propone el PP hasta que vuelve a recuperar el poder con las urnas y sólo entonces se prestan al diálogo para llevar a cabo otra renovación. La maniobra se repite con el mismo guión en la composición del Tribunal Constitucional, llegando al despropósito de colocar en su Presidencia a un señor que ocultó su militancia en ese partido, condición que implica la obligación de respaldar las decisiones que se toman en Génova sin que esto, según sus propios compañeros de tribunal, suponga el más mínimo atisbo de parcialidad. Recuerdan a los ciudadanos estupefactos que ese tribunal, que por sus atribuciones tiene la capacidad de anular las leyes que salen del Parlamento, puede estar compuesto por magistrados que militan en partidos políticos.

La pregunta obligada, si este tipo de maniobras entra dentro de la legalidad, es: ¿Por qué uno? ¿Por qué no todos? Si puede estar uno, ¿qué impide que la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional sean militantes de partidos? El hecho de ganar o perder las elecciones será una anécdota intrascendente si copan las instituciones del Estado con personas, como se decía antes, “adictas”.

En esta vorágine de convertir instituciones en agencias a su servicio volvemos a la Agencia Tributaria, y de ahí pasamos a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, donde se han cargado de un plumazo a todos los técnicos que han llevado a cabo las investigaciones del caso Gürtel o el caso Urdangarin, precisamente en mitad de la tormenta, cuando más falta hacían.

Para colmo, saliendo al ruedo con total desparpajo, el señor Montoro nombra de número dos de esa oficina nada más y nada menos que a Pilar Valiente, que tiene una espectacular trayectoria en esta forma de trabajar al servicio de su partido de toda la vida. Se empleó a fondo en el informe de Filesa contra el PSOE. Más tarde, fue sancionada como funcionaria por recabar datos secretos de ciudadanos con fines ajenos a su cometido. Alcanzó la cima del éxito al denunciar en el Congreso un escándalo según el cual Felipe González habría favorecido a sus amigos con medidas que habían causado un gran perjuicio a las arcas públicas, una presunta amnistía fiscal. Todo resultó ser falso.

Lejos de suponer una mancha en su currículum, el pago en servicios lo abonó Rodrigo Rato cuando la nombró –ante la sorpresa y estupor del distinguido público– presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Muchos pusieron el grito en el cielo: ¿para qué? Estos señores van “por derecho”. El resultado fue mucho peor de lo previsto: enseguida la lió parda con el caso Gescartera. Siempre con ese estilo característico en su forma de actuar, detuvo la intervención de ese chiringuito para delinquir, que estaba en marcha, se pasó por el arco del triunfo los informes que recibió y, de paso, se cargó a los inspectores que denunciaron el fraude mientras pasaba información de cómo iba la investigación a la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, hermana del entonces secretario de Estado Enrique Giménez Reyna, quien acabo dimitiendo tras mentir sobre el caso en reiteradas ocasiones.

La implacable inspectora de Filesa se había convertido en inhibidora de las investigaciones de los fraudes de los compañeros de partido. El escándalo se saldó con su salida de la CNMV pactada entre Rato y Pilar Valiente, que no llegó a estar ni un año en el cargo. Eso sí, cumplió su papel a la perfección. A raíz de ese escándalo salió a la luz un patrimonio que, con su sueldo de funcionaria, era de difícil justificación, consistente en dos pisos en Madrid, una finca en el campo, un chalet en una zona residencial, un par de coches, moto y no sé que más. Todo quedó zanjado porque, según dijeron, a nadie se le puede condenar por comprar muy barato.

Se da la paradoja de que, al hacer público ese patrimonio, esta señora pidió amparo por revelación de secretos, precisamente el delito por el que había sido acusada siendo funcionaria unos años antes, cuando fue sorprendida por la noche mirando cosas que no debía. Pues bien, de nuevo de la mano del señor Montoro, colaborador de Rato cuando ascendió a presidenta de la CNMV, llega a número dos de la Oficina Antifraude. Las malas lenguas aseguran que los relevos de los inspectores de los casos de corrupción de su partido son obra suya. Desde luego, cortarse, no se corta un pelo. Debe ser que el papelón que hizo en la estafa de Gescartera, donde sus colegas, dicho sea de paso, sacaron la pasta a tiempo, le ha parecido al señor Montoro un ejemplo de las condiciones que debe reunir alguien para ocupar un puesto tan delicado, de tanta responsabilidad. De momento, la gran artífice de la investigación de la financiación ilegal de partidos se ha encargado de que al suyo lo dejen tranquilo. Como dijo Pinochet cuando dejó el puesto: a los míos que no les toquen un pelo.

Desde luego, lo que se conoce como “propósito de la enmienda” no tienen. Van a más. Vamos, un descaro total.

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