Esa reforma constitucional de la que nadie habla

En Madrid se han dado cita este largo puente dos asuntos que, aunque hoy parezca extraño, están obligados a encontrarse: el epicentro de las celebraciones por la aprobación de la Constitución y la COP25 sobre Cambio Climático.

De todas las reformas que se le piden a la Constitución, muchas de las cuales han recogido desde Agenda Pública en este dossier, hay una a la que apenas se le presta atención. Es la incorporación del principio de sostenibilidad al conjunto del ordenamiento jurídico, dotándole de un valor inspirador de las políticas públicas.

El artículo 45 de la Constitución española de 1978 reconoce "el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona", algo claramente insuficiente hoy a la luz del desafío que supone el cambio climático y de la necesidad de tomar medidas proactivas para acelerar la transición a la sostenibilidad, en coherencia con el lema de la COP 25, #TiempoDeActuar.

Si se entiende y se asume el desafío que supone la sostenibilidad, se comprenderá fácilmente que la biosfera es el espacio que determina las condiciones en las que se produce y desarrolla la vida humana. Es éste, por tanto, el marco en el que deben desarrollarse las políticas públicas, y el que limita el margen de actuación de los seres humanos.

Que los constitucionalistas me perdonen el atrevimiento y elaboren esta idea con el rigor jurídico oportuno, pero si de verdad se asume que el cambio climático todo lo cambia y que el cuidado de la biosfera es el bien público a proteger para que la vida pueda desarrollarse, sería oportuno darle a la sostenibilidad, al menos, el mismo tratamiento que se le dio a la deuda pública y a los bancos en la desgraciada reforma del artículo 135, en la que se consagró en la Constitución que "Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria." El principio de sostenibilidad podría ser recogido en nuestra Constitución proclamando algo así como que "Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de sostenibilidad económica, social y ambiental y al cuidado de la biosfera".

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De forma coherente con lo anterior, el derecho a un medioambiente sano y equilibrado debería contemplarse como uno de los derechos fundamentales -dándole así un valor de forma que ninguna ley pudiera ignorarlo, y dotándole de las máximas garantías constitucionales-, e incorporar un régimen de deberes de la ciudadanía, entendiendo que esta debe ser parte activa en la transición ecológica. Ya hace cuatro años que desde Ecodes un grupo de juristas elaboró de forma más concreta una propuesta de reforma constitucional en este sentido.

Asumir la sostenibilidad y el cuidado ambiental en el corazón de la Constitución supone reconocer su carácter transversal y la importancia que ha adquirido para el conjunto de la sociedad, como están poniendo de manifiesto ya diferentes estudios. El más reciente lo conocíamos ayer, elaborado por 40Db y publicado en El País, en el que se comprueba que tanto votantes de izquierdas como de derechas comparten mayoritariamente esta preocupación.

Cosa distinta será el debate sobre cómo abordar la transición ecológica, donde la ideología tendrá un papel fundamental a la hora de determinar el papel de lo público, del mercado, las políticas fiscales con o sin progresividad, o el apoyo y acompañamiento que van a necesitar muchos sectores para no ser los perdedores de dicha transición. En definitiva, la discusión hoy ya no es si el cambio climático existe o no, o si tenemos un desafío que encarar con urgencia. Las evidencias científicas no dejan lugar a dudas. El auténtico debate es cómo abordar esa transición, y de momento hay dos modelos: con justicia y democracia, o sálvese quien pueda.