Espionaje y trama ultra, ¿quién decide lo que es de interés nacional?

Aunque el año 1985 parezca hoy lejano, cualquier persona que tenga memoria del mismo lo recordará con bastante normalidad como esa mitad de la década que la industria de la nostalgia nos ha vendido como despreocupada, colorida y alegre. Las imágenes que nos evoca aquella fecha podrían ser las de un Renault 11 llevando a una familia de vacaciones al apartamento de Torrevieja o una radio donde podrían sonar Madonna, Rosendo y Georgie Dann. España y Portugal firmaban en junio el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea, antecesora de la UE, y la primera legislatura socialista nos dejaba claro que aquel proyecto político iba a distar mucho de los cambios profundos del socialismo clásico siendo, paradójicamente, un gran cambio en sí mismo con respecto a la dictadura, que parecía, pese a llevar el dictador enterrado tan sólo diez años, algo lejanísimo y casi olvidado. Las cosas suceden como suceden y se recuerdan como se recuerdan. De ahí que, hecha esta postal, extrañe tanto señalar que España pudo haber vivido en 1985 un cruento golpe de Estado.

La trama ultraderechista presente en el ejército, la política y el empresariado buscó atentar contra el rey, Felipe González, varios ministros y otros mandos militares en un desfile que tuvo lugar en A Coruña. El plan era colocar cien kilos de explosivos bajo la tribuna de autoridades, mediante un túnel excavado desde un local cercano, culpar a ETA para, aprovechando el vacío de poder que se hubiera creado, tomar el mando del país sin oposición. El plan fue desbaratado por el CESID, el antecedente del CNI, al descubrir la operación y advertir a los cabecillas, todos altos mandos militares como Inestrillas, Pardo Zancada, Cuspinera y Milán que habían estados implicados en las intentonas golpistas de 1978 y 1982 así como en el golpe de 1981. No hubo detenciones, ni acusaciones, ni juicio. El propio Gobierno no quiso dar más relevancia a unos hechos que pasaron inadvertidos y que han quedado históricamente sepultados, como si se hubiera tratado de una travesura sin importancia. Eso era también España en 1985.

No es casualidad traer a colación hoy estos hechos ya que, en diversas informaciones relacionadas con el espionaje mediante Pegasus, se ha recordado el papel que los servicios de inteligencia tuvieron en su desbaratamiento. Se puede hacer una primera lectura histórica que nos devuelve la fragilidad de un proceso, el del paso de la dictadura a la democracia, que pudo haber sido desbaratado violentamente por la ultraderecha en múltiples ocasiones, desde el asesinato de los abogados de Atocha, en 1977, hasta este intento de magnicidio. También que en una fecha como 1985, por minoritarios que fueran los elementos subversivos ultras, aún tenían no sólo posiciones importantes en la sociedad y el aparato del Estado, sino que existía una enorme precaución al confrontarlos: sólo así se comprende que unos militares en activo, reincidentes en el golpismo, fueran descubiertos urdiendo tal barbaridad y no tuvieran que enfrentar la justicia. ¿Hay alguna conexión con nuestro presente o es una etapa totalmente superada?

Si el CNI espió a los independentistas para mantener la seguridad del Estado, ¿ha hecho lo mismo con las tramas ultraderechistas? De no ser así, estaríamos asistiendo a un sesgo ideológico que nos pondría en peligro a todos.

Los casos de espionaje descubiertos por Citizen Lab se destaparon primero con independentistas catalanes incluyendo a los últimos presidentes de la Generalitat. Que el CNI, previa orden del Gobierno y bajo autorización judicial, llevara a cabo esta operación no puede sorprendernos, ya que después del intento secesionista de 2017, que se extendió de una u otra forma hasta las acciones de Tsunami Democràtic en 2019, incluyendo las protestas violentas de aquel otoño, la integridad territorial del país estaba en peligro. El problema es averiguar cómo se separaron en las investigaciones aquellos hechos que pudieron ser constitutivos de delito de los que eran parte de la mera actividad política. Sin hacer esta precisión, sin recibir esta explicación, se estaría realizando una peligrosa y antidemocrática aseveración: que tal ideología o que tal pertenencia o militancia te hacen susceptible de ser espiado. 

El juicio contra el procés valió para aclarar las responsabilidades de aquel episodio, hasta el punto que sus líderes no huidos acabaron en la cárcel. Asumir que todo lo que tenga que ver con el independentismo tiene sus derechos natural y permanentemente reducidos es no respetar aquella sentencia. También sentar un precedente para que el caso se vuelva a repetir con otros protagonistas: dentro del concepto de interés de Estado se han producido hechos de toda consideración, que sólo con el transcurrir del tiempo acaban calificados como delictivos. El Gobierno debería haber admitido el espionaje y debería haber probado que se produjo para evitar delitos o al menos bajo la sospecha de que se iban a cometer. Cualquier otro circunloquio es enormemente peligroso y la votación del PSOE junto a la derecha para evitar la comisión de investigación en el Congreso no ayuda a esclarecer el asunto.

Este pasado lunes hemos conocido además el espionaje entre mayo y junio de 2021 al móvil del presidente Sánchez, al de la ministra de Defensa, Robles, y al de la titular de entonces en Exteriores, González Laya, algo que ha abierto un nuevo escenario: el CNI ya no parece el único protagonista en estos sucesos. Que estos accesos a los terminales se produjeran en plena crisis con Marruecos nos puede aportar una pista de los intereses en juego. Otra que Emmanuel Macron fue espiado de la misma manera y todos los indicios apuntan al país alauita. Lo que parece probable es que en los próximos días y semanas iremos conociendo más casos tanto en España como en otros países de mandatarios espiados. También que, además de Gobiernos, el programa ya esté en posesión de manos privadas. Dejar tal herramienta al arbitrio del código de NSO Group, la empresa israelí fabricante, es inoperante y, de momento, lo único que se puede afirmar es que en estos momentos no hay un terminal móvil que sea cien por cien seguro. También que los controles del CNI fallaron en proteger la seguridad comunicativa del presidente.

Algo como el intento de golpe de Estado de 1985 hoy parece altamente improbable pero el fantasma de que una parte del Estado haya actuado por su cuenta no lo es tanto. No parece que haya sido así en el espionaje a los políticos catalanes, ni tampoco al del actual Gobierno: el problema es que desde hace unos años se suceden hechos de difícil explicación dentro de las coordenadas democráticas. Las cloacas de Fernández Díaz y Villarejo, determinadas actuaciones policiales contra el referéndum del 1 de octubre o los movimientos que se dieron en los primeros meses de la pandemia para lograr un Gobierno de concentración, en chats de militares, en despachos del poder económico y dentro de algunos medios de comunicación, son prueba de ello. Si el CNI espió a los independentistas para mantener la seguridad del Estado, ¿ha hecho lo mismo con la trama ultraderechista detrás de estos acontecimientos? Porque, precisamente, de no ser así, estaríamos asistiendo no sólo a una dejación de funciones, sino también a un sesgo ideológico que nos pondría en peligro a todos.

Esta es precisamente la pregunta que hay que contestar, a mi juicio, una de mayor importancia que lo que ya conocemos, que es de gravedad, pero que nunca ha apuntado tan alto como hacer caer a un Gobierno democráticamente elegido, aprovechando el desconcierto de una pandemia inédita, por el odio cerval a que cualquier político a la izquierda del PSOE pise la Moncloa. ¿Es eso también parte de lo que algunos entienden como interés nacional? Me temo, que algunos políticos y algunos tertulianos están muy cerca de afirmarlo sin sonrojarse.

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