Nacido en los 50

El miedo del fiscal ante el penalti

Luis Bárcenas, tras su declaración en la Audiencia Nacional.

El Gran Wyoming

El caso Bárcenas se asemeja a un partido de fútbol onírico donde el figura de un equipo se dedica a parar balones de sus compañeros en la misma línea de la portería contraria para evitar que metan goles. Así se comporta la Fiscalía cuando sus presuntos colaboradores llevan a la sala donde se juzga el caso el resultado de sus investigaciones. Los testigos le parecen irrelevantes y las pruebas desdeñables. 

La Fiscalía Anticorrupción considera que con la destrucción de los famosos discos duros no se ha producido delito alguno de “daños o encubrimiento”. Debemos suponer que para emitir tal aseveración la Fiscalía debe conocer con detalle el contenido de esos discos porque podría darse el caso de que contuvieran información sobre actividades delictivas, fechorías monetarias, entregas ilegales de dinero, movimientos turbios de cuentas, blanqueo de pasta y demás actividades, que al ser realizadas por personas con estudios, gente de bien, en lugar de chorizadas reciben nombres más bonitos como ingeniería financiera o financiación ilegal aunque el dinero vaya al bolsillo y no a la sede.

Decía que podría darse el caso de que esos discos contuvieran ese tipo de información porque no paramos de escuchar la mala opinión que sobre el señor Bárcenas tienen los que mejor le conocen, sus propios compañeros del Partido Popular, compañeros que no dudan en calificarle de delincuente, ladrón y difamador a la menor ocasión, opinión que les llevó, incluso, a personarse en la causa como acusación particular en tanto se sentían los principales perjudicados de todo este tinglado. Sin embargo, se da la curiosa circunstancia de que los ordenadores de este señor que tanto daño les hace con los documentos que agita acusando a su partido de cobrar comisiones ilegales y de colaborar con tramas corruptas no despiertan la menor curiosidad ni de los perjudicados ni de la Justicia. En principio se oponía el fiscal alegando que era una investigación accesoria y que sólo serviría para dilatar el proceso. Una vez que se deriva a otra sala, con lo que no entorpecería nada, también se opone alegando que no ve delito en esa destrucción de presuntas pruebas y manifiesta un singular empeño en evitar que pueda verlo algún otro miembro de la justicia. Eso sí, los cargos del PP que son citados como testigos se muestran encantados, según dicen, de acudir al encuentro del juez para esclarecer la verdad. Como yo estoy en el lado de los tontos, no comprendo cómo han podido borrar esos archivos que, a lo mejor, contenían la prueba irrefutable de su inocencia y, desde luego, algo contribuirían a aclarar si lo que dice el encarcelado tiene que ver con la realidad o va de farol.

No explica la Fiscalía por qué desde el Partido Popular

, puesto que esos hechos no son constitutivos de delito, se negaron a aclarar quién fue el que destruyó esas presuntas pruebas y cuándo lo hizo. Lo primero ha quedado en el pozo del misterio, lo segundo lo descubrió la policía y, para colmo de los marrones, dice que la destrucción se produjo cuando el señor Bárcenas ya estaba en prisión. Vaya, vaya, vaya. Y eso que se habían comprometido a custodiar los ordenadores. A estos les dejas a tus niños un fin de semana y te los encuentras en el microondas. El señor fiscal parece estar completamente seguro del intrascendente contenido de esos discos duros: cree en la inocencia de Bárcenas, pero no en su palabra. Los tontos no entendemos bien ese razonamiento.

Llevada por este criterio, la jueza a la que le ha caído el caso de los discos duros tampoco ve delito alguno porque, dice, eran propiedad del PP y, por tanto, podrían hacer con ellos lo que les diera la gana. A muchos nos sorprende que cuando se realizan registros rutinarios podamos ver a los agentes encargados de entrar en empresas, casas de presuntos delincuentes, sedes de partidos políticos del País Vasco o presuntos implicados en redes de pederastia llevándose cajas de documentación y ordenadores sin permitir a los propietarios de los aparatos ejercer su derecho, legítimo por lo visto, a borrar lo que consideren oportuno.

De todos modos la jueza al archivar la cuestión no deja la puerta del todo cerrada, dice que volvería a considerar el caso si se probaran los delitos que investiga la Audiencia Nacional. Aquí entramos en la pescadilla que se muerde la cola, resulta que para probar esos delitos hubieran venido muy bien, según dicen, esos discos duros que han destruido los principales interesados en que todo se aclare, los señores del PP y la Justicia.

Tampoco ha pesado en el ánimo de sospecha de la Fiscalía Anticorrupción ni en el de la jueza que esta destrucción no es un hecho aislado. También han desaparecido cuadernos y agendas de visitas cuya propiedad no es del PP y cuyos agentes destructores, encargados de comerse el marrón son: las secretarias de los extesoreros en sede judicial, y otros según la versión de esas mismas secretarias cuando están fuera del juzgado, si hacemos caso a las conversaciones telefónicas que la secretaria de Bárcenas tuvo con la mujer de éste en la que le confesaba que no le podía devolver esos documentos porque estaban en manos del partido. En unos casos porque eran suyos y, en otros porque no, las pruebas se van destruyendo. Si alguna se salva todo puede ser reconsiderado pero, de momento, los presuntos “no encubridores” van ganando por goleada. La memoria se pierde en la destrucción de discos duros o con la edad, como en el caso de Lapuerta, que no es capaz de recordar nada, pero sus facultades le alcanzan para afirmar, en contra de la declaración de otros testigos, que no se cometió ninguna ilegalidad. En eso coincide con la Fiscalía que, en muchos casos, ni pregunta, tal es su fe en la presunta inocencia.

Mientras, los tontos concluyen: si ésta es la Fiscalía Anticorrupción, no me extraña que las cosas estén como están y seamos líderes en la materia.

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