Don Fernando, don José, don Paco y don Manuel. Los dones del pueblo en el que uno se raspó las rodillas con la grava eran médico, cura, profesor o boticario porque los demás teníamos apócope o alias. Esa es la España desdentada de la que venimos, un país que aprendió servilismo temiendo a los dementores que paseaban en pareja y con tricornio y capa por los caminos carreteros de todo el país y cuyos arbitrarios podían cambiar vidas y —de esto iba todo— haciendas. Fuimos un país reverente a palos y algunos de esos viejos avíos de menesterosos obedientes afloran de nuevo al tratar a los oligarcas que quieren matar animales y a los que los guardeses —siempre hay un tío Tom entre los plebeyos esperando una palmadita en la cabeza— quieren pagar una alfombra roja de asfalto para que posen sus avioncitos y no tengan que mezclarse por el populacho en las autovías. Otros atavismos no vuelven porque nunca se fueron y el que atañe a este oficio indigente se explicita en su diferente trato con los poderes.
Sabemos que, convencionalmente, la democracia liberal se compone de tres poderes, un ejecutivo que gobierna, un legislativo que fija leyes y un judicial que las aplica. De los tres, atendiendo al diseño constitucional español, el segundo es el único que es encarnación directa de la única soberanía reconocida, la de los lugareños, y por tanto el dotado de las mayores dignidades. Con los tres poderes se las tiene cada día el cuarto, el nuestro, potente y desregulado, como ha de ser la acción civil en las sociedades liberales, pues estas se basan en el principio de la libertad por defecto. Ese dogma se expresa en el aforismo que señala que “todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido”.
Y sin embargo, los oficiantes no nos dirigimos en los mismos términos a los distintos poderes. Tuteamos a los integrantes de la cúspide de la soberanía, los diputados y senadores, y bajamos la cerviz y tratamos con gasa y reverencia a la casta togada. El “respeto” al poder judicial es expresión institucional que obliga a los otros dos poderes, pero no está claro por qué demonios el cuarto hace suya la salmodia reverente desde una posición garbancera de tiralevitas.
“Yo no soy usted”. Un juez de la Audiencia Provincial de Oviedo reprendía así a un abogado que protestaba por las continuas interrupciones de la presidencia de la sala a su interrogatorio. “Perdón, su señoría”, se corrigió el letrado bajando la cabeza. El joven cronista que uno fue levantó la suya y escrutó los tres segundos de silencio que siguieron, en los que casi pudo oírse al defensor tragar saliva. Algunos plumillas nos miramos con la picardía con la que se cruzan muecas los niños cuando alguien menciona el pompis en el aula de primaria y la seño se enfada. En la comprensión aún juvenil del sistema democrático, que uno consideraba ya indiscutible en los 90, los goznes de aquel ceremonial timorato chirriaban con quejido extremo.
El protocolo señala que los diputados y senadores son también “señorías”, y así se dirige a ellos la presidencia de cada cámara, pero dudo que hayan oído a ustedes decir a un parlamentario “yo no soy usted” ante la pregunta de un periodista. Pero quede claro que, atendiendo al protocolo democrático, tan o más señoría es Oskar Matute que Manuel Marchena. El diablo, ya lo ven, está en los detalles.
En el desempeño cotidiano, los periodistas tratamos al ejecutivo y al legislativo con familiaridad correspondida y con inmisericordes epítetos cuando los creemos merecidos. En cambio, en las salas y pasillos del tercer poder, lo convenido es comportarse como pudibundos seminaristas en el palacio episcopal. Nunca una señoría se ha dejado tutear y los plebeyos periodistas jamás se han atrevido a darle al magistrado el trato que le dan al parlamentario o al ministro. Ni en vivo ni en tinta. Hay distancia y reverencia, que el cuerpo de jueces, con sus vetustas sotanas volanderas y sus cursis puños de encaje, cultivan con soberbia calculada y no poco gozo endógamo.
Hay un motivo histórico detrás de esta bochornosa anomalía. Jueces ha habido siempre. España es un Estado complejo desde hace muchos siglos, con cuerpos administrativos y altos funcionarios, pero es una democracia desde anteayer. Diputados electos no ha habido tantas veces y apenas unos pocos ministros de los cientos que ha tenido el país han estado legitimados por el apoyo popular. Para mayor desgracia, el liberalismo político no ha tenido por estos lares capitanes ni tripulación desde aquella desgraciada captura en la playa de Málaga, habiendo presidido el debate del país la disputa entre las dos ramas del cristianismo, la pía de los reaccionarios y la igualitaria de los marxistas. A esa tradición estatalista, de castas oligárquicas y predemocráticas, obedece ese lenguaje retorcido que hoy trata de “politizado” todo lo que proceda de la expresión de la soberanía y en cambio exige “respeto” a todo cuerpo cuya raigambre histórica sea predemocrática y dinástica o tan sangrienta como la honda huella dejada por los tricornios en los pueblos de todo el país.
El ordenancismo latente en ese beato “respeto” a las fuerzas y cuerpos de seguridad o a las togas y sus mazas puede ser una expresión de modales, pero se trata, sin duda, de modales predemocráticos, un acatamiento de los humildes de su condición, pues el liberalismo democrático solo puede ser irreverente —en el sentido literal del término—, y repelente al fórceps del “orden”, antítesis del “ascensor social”. Porque uno se basa en la perpetuación apolillada de los talcos y el otro en la permeabilidad y el dinamismo de las sociedades modernas. El invocado “orden” con el que tanta gente de bien se llena la boca no es “ausencia de delito” —bien lo saben los lomos amoratados de esta atribulada península, cuyas calles y senderos jamás han sido más seguros y tranquilos que hoy— sino un exhorto de obediencia y devoción.
El respeto no es una condición a priori sino una gracia que se amerita. Y es potestad del pueblo soberano concederlo o no
Viene esto a cuento del menudeo, en esta semana tremenda para la socialdemocracia española —que se ha atrevido a desafiar al unísono a la internacional reaccionaria y a la internacional sionista—, del apotegma “hay que respetar a la Justicia”. Hay un profundo amaneramiento mendicante en esta expresión que ustedes jamás habrán leído aplicada a cualesquiera de los otros dos poderes del Estado. Como los encomios que se hacen de “la profesionalidad de las fuerzas del orden” —que son profesionales tras siglos metiendo en vereda a los humildes es tan obvio como que en los últimos 15 años han sido ocupadas por sindicatos de raigambre fascista—, se expresa en esa pacatería el temor a que se vayan a enfadar y se cansen de la democracia, ya que preexisten a ella y aspiran en secreto a domesticarla o sobrevivirla, como alguna vez hemos dicho por aquí.
Es sintomático del estado de la cuestión que el periodismo de tribunales, ese al que no le está permitido tutear a sus señorías, ha dedicado la semana a subrayar que el juez Calama, que ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por lobista —se supone que a los multimillonarios Felipe González y José María Aznar, que llegaron a la política con una mano delante y otra detrás, no les llegará la camisa al cuerpo pensando en la jurisprudencia que pueda sentar el caso—, es “diferente”. Un juez “diferente”. Es decir, lo que nos han dicho los corresponsales en la plaza de la Villa de París —sin querer pronunciarlo en voz alta— es que el juez que va a instruir la causa contra el único expresidente cuyos ministros no acabaron perseguidos por corrupción no es como el juez Peinado, el juez Hurtado, el juez Escalonilla, el juez Marchena o el juez García-Castellón. Como ven, se puede decir muchísimo con muy poco.
Nuestro Jaime Miquel —lúcido frecuentador de estas páginas— bautizó, en su fundacional La perestroika de Felipe VI (2015, RBA Libros), este estado de cosas como “posfranquismo”, etapa intermedia en la que estábamos sumidos mientras tratábamos de convertirnos en una democracia plena. Miquel, militante de “el mandato de los paisanos”, detestaba “la España de los castillos”, la del “porque lo digo yo”, la del “usted no sabe con quién está hablando”, la del “se acabó la broma”, que es la que metió en la cárcel a los procesistas y saboteó el surgimiento de nuevas formaciones de izquierdas. Jaime Miquel no llegó a ver cómo la sala segunda del Supremo rompía el precinto de la desfachatez con la condena al fiscal general del Estado, aunque sí vivió con idéntica incredulidad que el arriba firmante el momento en que esa misma sala segunda hostigaba a la presidenta del Congreso de los Diputados para que retirase el acta al diputado canario Alberto Rodríguez, violentando la voluntad democrática de decenas de miles de ciudadanos del archipiélago. Decía Quique San Francisco, en la obra La vida según San Francisco, que “la guardia civil te puede parar por muchas cosas; por ejemplo, porque sí”, que es exactamente el motivo de la condena del parlamentario insular.
No, no existe ningún motivo para que se presuponga “el respeto a la Justicia” como no lo existía para tratar de “don” al boticario, que no es más que un dependiente de comercio especializado; un ferretero con estudios. Existe la obligación de acatar las sentencias —en tanto se recurren, si es el caso—, como uno ha de detener el coche cuando la Guardia Civil le da el alto, pero ninguna otra gabela nos alcanza. El respeto no es una condición a priori sino una gracia que se amerita. Y es potestad del pueblo soberano concederlo o no.
El periodismo, seguramente el único oficio que vive bajo la obligación de la irreverencia y el escrutinio, no es un oficio de correveidiles consagrado a trasladar al respetable el contenido de una sentencia o un auto ni tiene por qué dispensar trato de “señorías” a ningún cuerpo de funcionarios sino que está obligado a leer con atención lo que produzcan las salas y pasarlo por el cedazo de los hechos ciertos y acreditados por sus mañas. Nosotros, pese al empeño genuflexo de algunos, no estamos para decir “don Manuel”, pues no somos el chófer del patrón que, ante la infamia y la sangre —bien lo sabemos en Asturias—, “con su gorra de plato, se siente desplazado; es un hombre prudente, bien domado”.
Don Fernando, don José, don Paco y don Manuel. Los dones del pueblo en el que uno se raspó las rodillas con la grava eran médico, cura, profesor o boticario porque los demás teníamos apócope o alias. Esa es la España desdentada de la que venimos, un país que aprendió servilismo temiendo a los dementores que paseaban en pareja y con tricornio y capa por los caminos carreteros de todo el país y cuyos arbitrarios podían cambiar vidas y —de esto iba todo— haciendas. Fuimos un país reverente a palos y algunos de esos viejos avíos de menesterosos obedientes afloran de nuevo al tratar a los oligarcas que quieren matar animales y a los que los guardeses —siempre hay un tío Tom entre los plebeyos esperando una palmadita en la cabeza— quieren pagar una alfombra roja de asfalto para que posen sus avioncitos y no tengan que mezclarse por el populacho en las autovías. Otros atavismos no vuelven porque nunca se fueron y el que atañe a este oficio indigente se explicita en su diferente trato con los poderes.