La política de ciencia tras las elecciones: una propuesta marco

La investigación y la ciencia han estado ausentes del debate político; antes del 20 D, durante el interregno y en la campaña del 26 J; en el debate televisado entre los cuatro candidatos casi no se hizo alusión.

Mientras, la situación del sistema de I+D español es preocupante porque los efectos de la prolongada crisis presupuestaria han agravado los problemas que venía acumulando: el envejecimiento de las plantillas de universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIS), la emigración y frustración de una generación de jóvenes talentos, la burocratización de la gestión de la I+D, la falta de incentivos de una carrera investigadora funcionarial, la pérdida de credibilidad internacional de la política científica española, la dependencia política de los OPIS y del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) cuyos responsables son designados por su lealtad al gobierno y que carecen de la autonomía, flexibilidad e independencia para hacer que las instituciones funcionen adecuadamente, o la imitación en las universidades del juego político, donde ganar las elecciones significa para el rector comportarse como un político profesional, obtener los votos y proteger los intereses de los que le han apoyado, sin que su actuación necesariamente desemboque en mejorar la calidad, el nivel o la contribución de la propia universidad al país.

Los programas electorales han planteado promesas o compromisos que hablan del futuro; sin embargo, la ciencia no ha ocupado un lugar relevante en la oferta de los partidos, pese a su importancia crucial tanto en el sistema económico como en el conocimiento. En los programas del PSOE y Ciudadanos, la sociedad del conocimiento y la inversión en educación e investigación tenían un papel vertebrador. En el programa de Unidos Podemos el papel que se atribuye a la sociedad del conocimiento era menos destacado y las medidas parecían tan “realistas” que carecían de novedad. En cuanto al Partido Popular, de las 26 medidas que presentó en su programa electoral, ninguna tiene realmente que ver con la ciencia o la investigación.

Los resultados electorales anuncian, de nuevo, un escenario donde habrá que pactar (por activa o por pasiva) un gobierno de coalición o minoritario con acuerdos de gobierno o, en el peor de los casos, simplemente un acuerdo de investidura. Los partidos que no gobiernen podrán plantear propuestas al partido, o a los partidos, que puedan obtener los votos o las abstenciones para gobernar. Para esta tarea compleja se pueden plantear algunas propuestas, inspiradas en los programas de los diferentes partidos, tratando de encontrar un común denominador que permita que la investigación y la ciencia salgan reforzadas en el futuro Gobierno. La propuesta integradora que planteo está basada también en un análisis de la experiencia pasada. La idea se resume en la convergencia, bajo el mismo ámbito ministerial, de las políticas universitaria y de investigación (I+D); esto es, si se eleva el rango a nivel ministerial la creación de un Ministerio de Ciencia y Universidades, modelo utilizado países próximos como Francia, Alemania, Portugal o Italia.

Un Ministerio no es un elixir mágico que resuelve todos los problemas, pero sirve para señalar la agenda y marcar el terreno de juego. Desde el año 2000 los Gobiernos del PP, y algunos del PSOE, han insistido en separar estos ámbitos de gestión ministeriales, pero las universidades representan el 60% de la I+D española; no hay investigación sin las universidades, ni universidades sin investigación. Esta separación no ha resultado buena: fondos que financiaban la ciencia pública han acabado financiando las empresas; las responsabilidades ministeriales han acabado en manos de funcionarios de industria y comercio; los OPIS (el CSIC) no han tenido incentivos para fortalecer su colaboración con las universidades, etcetera. Hace falta un diseño adecuado de la política universitaria y de investigación para contribuir mejor a afrontar los desafíos económicos y sociales de España, entre ellos mejorar la excelencia y la calidad de nuestras instituciones, y ello no se consigue simplemente subordinando aquellas a la política de innovación.

Los gobiernos del PSOE y del PP ya ha probado todos los diseños administrativos para la I+D, pero desde hace dos décadas han olvidado el modelo que se usa en la mayoría de los países de nuestro entorno: la ciencia y la universidad bajo el mismo Ministerio (como ocurrió durante la segunda legislatura del Gobierno de Adolfo Suarez -Ministerio de Universidades e Investigación- y en todos los Gobiernos de Felipe González). La regulación universitaria, la Agencia Estatal de Investigación, la política de I+D y la supervisión de los Centros Públicos de Investigación, son tarea más que suficiente para llevar adelante un mandato de cambio, un programa de transformación y de fortalecimiento (sin costes presupuestarios desmesurados), que garantice la mejora del conjunto del sistema y la coordinación con las CC.AA y la estabilidad en tiempos de incertidumbre como los que se avecinan.

Los políticos pueden ver esta opción como un riesgo: poner juntos a todos lo que “piden más y más” en una coyuntura donde es poco probable que los presupuestos crezcan mucho. Aún así la apuesta sería beneficiosa para el sistema en su conjunto y para el país, si los investigadores aceptamos el reto. La comunidad investigadora tiene que asumir su responsabilidad en la situación de sus instituciones y colaborar con el programa de cambio. Los rectores deben de dejar de actuar pensado en proteger los privilegios de los colegas y negociar y promover cambios y mejoras; uno esencial es vincular la financiación y los recursos a los resultados. Los Gobiernos regionales (que pagan las universidades públicas) deben implicarse en las futuras reformas. Los programas de financiación competitiva de la I+D del Estado y las plantillas de los OPIS deben servir para vertebrar las capacidades de investigación; los OPIS (especialmente el CSIC), deben ganar autonomía y flexibilidad y deben articular y fortalecer la capacidad de investigación (y transferencia) de las universidades, que es donde está la mayor capacidad científica del país.

La comunidad académica debe ganarse la confianza de los políticos; no debe jugar de nuevo a culpar al Gobierno; los académicos han madurado ya para saber qué hay que hacer para mejorar el sistema (las reformas, los cambios promovidos desde dentro y no la consabida demanda de más y más recursos para seguir haciendo lo mismo). La universidad, el CSIC y los OPIs necesitan más autonomía, pero también deben rendir cuentas de los recursos que el Parlamento les asigna.

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Necesitamos un Ministerio, o al menos volver a integrar esas dos áreas de las políticas públicas, pero también necesitamos un ministro independiente de los partidos políticos que se haga cargo de la tarea con visión de las reformas, con legitimidad y reconocimiento internacional, con contención en las demandas presupuestarias, pero con una clara voluntad de buscar la flexibilidad y la mejora de la calidad del sistema. Un Ministro (o Secretario de Estado) que promueva, de la mano de las fuerzas progresistas en la universidad y las instituciones académicas, las necesarias reformas en el sector, para cumplir sus tareas al servicio de los ciudadanos, porque el sector de la I+D está al servicio de la sociedad y no de los empleados de estas instituciones; la colaboración de éstos es esencial en la tarea de servir a España, pero no sólo para quedarse a salvo de las golpes de la crisis, sino para cumplir las funciones que la sociedad nos atribuye a los investigadores.

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Luis Sanz Menéndez es Profesor de investigación en el CSIC y ha sido presidente del Comité de Política Científica y Tecnológica de la OCDE (2008-2015).